Primer informe: ¿Y la (in)seguridad?

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El Primer Informe Presidencial (o tercero, como usted guste) fue igual a los de mandatarios anteriores. No hubo algo en particular que destacar. Precisamente esto es lo preocupante, al menos en lo que a seguridad respecta. Los temas sustantivos en esta materia estuvieron prácticamente ausentes. El Presidente se limitó (y volvió) a destacar el despliegue de 58,600 efectivos de la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales. Señaló que la meta no está cumplida, y que durante su administración espera lograr el despliegue de 140,000 elementos en 266 coordinaciones. Casi al final de su mensaje, se mostró humilde y aceptó que “no son buenos los resultados en incidencia delictiva”. Prometió que, ante este reto, logrará la pacificación del país. Sin embargo, no hubo algún comentario relevante sobre el avance en otros temas de seguridad y justicia. 

Valdría la pena rescatar que reconoció que la inseguridad “constituye el principal desafío” para su administración, aunque no abundó al respecto. Pudo haber dedicado algunos minutos más en comentar las estrategias de seguridad que se han implementado desde el inicio de su gobierno. Hubiera podido mencionar un par de ejemplos sobre las fallas que explican la insuficiencia de los resultados actuales. Me hubiera gustado que reconociera la necesidad de hacer ajustes a las estrategias de seguridad, que marcaran un rumbo para los próximos años de su gobierno. Esperaba esto y algo más, pero no sucedió. 

Ante dichas ausencias en el Informe, me sigue preocupando varios temas, pero en el corto plazo tres en particular. Primero, el crimen organizado sigue representando una seria amenaza a la seguridad nacional y la paz que el Presidente tanto anhela. Lo sucedido en Coatzacoalcos la semana pasada refleja la necesidad de emprender acciones distintas, pero efectivas. 

En ocasiones anteriores se habían comentado dos posibles alternativas: 1) la pacificación del país mediante la apertura oficial de negociaciones con grupos al margen de la ley, o 2) continuar con ataques frontales a las organizaciones criminales. Parece que la primera opción ha sido desechada por el Presidente. La orden a la Secretaria de Gobernación de suspender los acercamientos con grupos de autodefensas es un claro ejemplo. En cuanto a la segunda alternativa, el Presidente considera al crimen organizado como pueblo, y piensa que no se le debe reprimir. Si bien el golpe frontal al crimen ha probado ser un fracaso, valdría la pena destacar la convicción de la actual administración de emplear una estrategia disuasiva, con golpes focalizados a los cárteles más violentos. 

En segundo lugar, sigue estando ausente el gran debate sobre las policías estatales y municipales. Al ritmo actual no habrá manera de cubrir las necesidades policiales solamente echando mano de la Guardia Nacional. Creo que la actual administración debe comprometerse a una segunda reforma policial enfocada en policías locales, para avanzar hacia un sistema de 32 policías estatales. Solo así será posible contar con suficientes efectivos en todo el país con capacidades suficientes, bajo un sistema homologado. 

El tercer tema que debería preocuparle al Presidente aún más es la impunidad que impera en el país. De acuerdo con la asociación Impunidad Cero, este problema alcanza un 98,86 %, ya que de los delitos cometidos solo se denuncian e inicia una investigación en el 6.4% de los casos. Esto se traduce en que solo haya un 1.14 % de probabilidades de resolver un delito. Por eso es lamentable que en el Informe no se hiciera alguna mención especial a la Fiscalía General, o el estado que guarda el aparato judicial. 

Coincido con el Presidente en que el camino luce retador. Ojalá que pronto realice ajustes a las estrategias actuales. También sería bueno que dichos ajustes tomen en cuenta a los grupos más vulnerables del país. Me refiero a niños, mujeres e indígenas, cuya probabilidad de experimentar violencia es mayor. Por el bien de todos, le deseo éxito. 

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades.