Diputadas consultarán propuesta sobre delitos graves

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La Cámara de Diputados llevará a cabo una consulta con especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos, autoridades y representantes del Poder Judicial sobre la propuesta para tipificar como graves los delitos de corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se organizarán audiencias públicas los días 6, 7 y 8 de febrero, para analizar la propuesta de reforma al Artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.

“El propósito es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista. Se llevarán a cabo diversas mesas de trabajo integradas por legisladoras, legisladores e invitados quienes podrán participar y hacer uso de la voz”, explicó.

El coordinador de la bancada de Morena adelantó que, tal y como ocurrió en el caso de la Guardia Nacional, los legisladores buscan una revisión integral del tema, debido al impacto que tendrá en la vida de los ciudadanos.

“Se busca convocar para que expresen su opinión a representantes del Poder Judicial federal y de los estados, a funcionarios de los gobiernos federal y estatales, así como a organizaciones civiles, expertos constitucionalistas y organismos defensores de los derechos humanos“, detalló.

Delgado reconoció que la iniciativa debe ser estudiada junto con especialistas e instituciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia.

De acuerdo con el programa, las audiencias iniciarán el miércoles 6 de febrero con el análisis del fundamento constitucional de la prisión preventiva.

Los días 7 y 8 se discutirán temas como seguridad, justicia, el sistema de justicia penal, libertades e investigación.

El coordinador de Morena aseguró que tomarán en cuenta la petición realizada por el Senado para que la minuta sea aprobada tal y como les fue turnada.

El pasado 16 de enero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta envió un oficio a San Lázaro en el que pide tipificar como delitos graves el abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y los relacionados con el uso de armas de fuego y explosivos exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, ninguno de esos delitos, incluido el robo de combustible, ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que los acusados pueden llevar su proceso en libertad, lo que, de acuerdo con algunas autoridades, fomenta la reincidencia en ese tipo de crímenes.

En contraste, organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han advertido sobre la urgencia de profesionalizar a los agentes del Ministerio Público para garantizar que la prisión de esos delincuentes sea producto de la carga de pruebas que se entrega al juez.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.