Ineficiencia en el Sistema Anticorrupción

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La reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estableciendo una nueva regulación en el ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fiscalización y control de recursos públicos; lo que implicó la inclusión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al Comité Coordinador del SNA, otorgándole la responsabilidad de determinar las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas administrativas graves.

De manera particular, las atribuciones conferidas al TFJA consisten en: 

i) Sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares vinculados con estas.

ii) Fincar a los responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales.

Para los fines enunciados, se estableció que el TFJA funcionaría mediante una tercera sección de la Sala Superior integrada por cinco magistrados; y en cinco Salas Especializadas con quince magistrados; en ambos casos, la designación de los magistrados está reservada al Titular del Ejecutivo Federal, pero su ratificación debe realizarla el Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de la importancia que en el papel juega el contenido de la reforma en cuestión, el intento por combatir actos de corrupción ha resultado ineficaz, dado que a la fecha el TFJA no ha podido operar de forma total, pues no han sido aprobados los nombramientos de los magistrados encargados de desarrollar tales funciones.

Es decir, han transcurrido más de cuatro años sin que los Senadores ni el Presidente en turno, puedan coordinarse para designar y aprobar las Magistraturas correspondientes.

Al respecto, cabe señalar que si bien el 24 abril de 2017, el entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, envió al Senado las propuestas de Magistrados, no fue sino hasta el 31de julio de este año, que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resolvió no ratificar dicha designación.

Por lo que el 17 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó al TFJA le remitiera las nuevas propuestas para los cargos referidos, o en su caso se confirmaran las ya presentadas, a fin de que por su conducto fueran sometidas a consideración del Presidente de la República.

Razón por la cual, en sesión de fecha 22 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, emitió el Acuerdo G/JGA/70/2019 denominado “convocatoria al concurso interno de oposición para la selección de candidatos para ocupar cargos de magistrados de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y magistrados de la tercera sección de sala superior”; que implica el comienzo de un proceso de evaluación y selección de candidatos para hacerse del conocimiento del Presidente de la República.

Es por lo anterior, que considero indispensable no se postergue más el proceso de designación y ratificación para que el TFJA pueda cumplir con los fines que la reforma Constitucional persigue, consistente en la disuasión en los servidores de no cometer faltas administrativas ni actos de corrupción; garantizar que éstos desempeñen sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y acorde a los más altos estándares de integridad pública; así promover el mejoramiento permanente de la actividad administrativa en general. 

En tal virtud, debe materializarse de forma inmediata dicho mecanismo legal; o en su caso, definirse el que va prevalecer, en tanto en julio de este año el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que retoma los postulados enunciados, buscando se cree un Tribunal Federal Anticorrupción.

Cualquiera que sea la denominación de la institución, no hay tiempo para postergar su funcionamiento, dado que el combate a los actos de corrupción, es un tema de orden público e interés social.