Revelan pacto entre gobierno de México y Odebrecht

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El Gobierno mexicano pactó desde 2017 “no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por sobornos a funcionarios de Pemex.

En una tarjeta informativa emitida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), se da cuenta de que Raúl Cervantes quien entonces era procurador de la Procuraduría General de la República (PGR), suscribió un convenio con la justicia brasileña, en el que esta se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que México no procediera penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de la firma.

Se precisó también que tales convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno con fecha de 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Tras el acuerdo, la PGR tomó declaración a los cariocas Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes hicieron señalamientos que al parecer nunca se sabrán, pues descansan bajo la cobija del eterno debido proceso.

En mayo de 2017, también se entrevistó a tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actual coordinador de licitaciones de la empresa en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la compañía.

Los tres últimos aportaron diversos datos de prueba en la relación Pemex-Odebrecht donde se imputa a Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos.

Según la Fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Lozoya, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa, ni de Brasil ni de México ha sido citado a comparecer.

La FGR agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la PGR recibió información financiera procedente de Suiza, así que pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada que determinara cuál era la red de vínculos respecto a transferencias, depósitos y personas involucradas, se supone que estará listo en una semana.

Precisamente este jueves, la FGR informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso en el que su vincula a Lozoya de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al parecer, el pacto benefició a funcionarios de la constructora, y de paso a los funcionarios del Estado mexicano pues gozan de total impunidad.

En otros países, donde Odebrecht realizó acuerdos, tras descubrirse su cauda corruptora, los funcionarios de gobierno han caído como fichas de dominó.

Por ejemplo, en Brasil provocó que Luis Inácio Lula da Silva terminara en la cárcel, y se han visto involucrados los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en 2018, al descubrirse la trama corruptora, pero también se investiga a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala.

Panamá investiga a los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual, Juan Carlos Varela, y hay 76 imputados de los cuales hay cinco encarcelados.

En Venezuela, Nicolás Maduro envió a prisión a cuatro directivos, acusados de recibir sobornos, aunque el escándalo salpicó al mismo Maduro y a Diosdado Cabello, por supuesto lo negaron, diciendo que eran “especulaciones”.

En Colombia, hay seis condenados y el detenido de mayor rango es el exviceministro de Transportes, Gabriel García.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión. Hay 24 causas abiertas y el excontralor está prófugo.

En Guatemala, existen siete condenas, cuatro solicitudes de captura y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi está prófugo.

Argentina llegó a un arreglo similar al de México, y solo hay sospechas sobre si dinero sucio  habría llegado la empresa de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Y en República Dominicana existen siete personas procesadas.

Aprobación de Mandatarios y Proceso Electoral

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El domingo pasado, como era de esperarse, Vladimir Putin se llevó la victoria en las elecciones presidenciales de Rusia con el 76% de los votos captados con lo cual amarró su 4to mandato que lo mantendrá en el poder mínimo hasta el 2024. Aún considerando las irregularidades en el proceso vale la pena mencionar que Putin es uno de los mandatarios mejor evaluados del mundo con más del 80% de la aprobación popular con cifras de finales del año pasado lo cual explica en gran medida porque su contrincante más cercano sacó un lejano 12% de los votos totales.

La aprobación de Putin contrasta con la del resto de los mandatarios que rondan en la mayoría de los casos entre 30 y 40%, siendo los mejor evaluados por su pueblo Angela Merkel de Alemania con 51% y Emmanuel Macron con 50%, muy lejano al 39% de Donald Trump, al 19% de Enrique Peña Nieto o al 5% de Michel Temer en Brasil. En los últimos años la mayoría de los presidentes latinoamericanos se han ubicado por debajo del 50% y por lo regular ha habido transiciones de gobierno y de sistema de izquierda a derecha como en Argentina de Cristina Fernández a Mauricio Macri, en Chile de Michelle Bachallet a Sebastián Piñeyra, en Perú de Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski o de derecha a izquierda como se pronostica pudiese ocurrir en Colombia y en México en las elecciones de este 2018.

Si hablamos de los niveles históricos de aprobación de los presidentes mexicanos vemos el gran contraste, Salinas tuvo un promedio sexenal de 73.1, Zedillo de  54.9, Fox de 57.9 y Calderón de 56.6 mientras que Peña Nieto pinta para ser el presidente peor evaluado en la historia moderna de México, aún y con los logros y reformas que se lograron sacar adelante gracias a la visión y capacidad de consenso de su gobierno. ¿Porqué ocurre esto?, ¿Es un error de comunicación o hay algo que opaca estos logros? Al final yo pienso que es una combinación de ambas. Por ejemplo, han habido varios gobiernos estatales que han dado buenos resultados en varios estados de la república pero que en 2015 y 2016 vivieron derrotas históricas como es el caso de Querétaro donde el gobernador saliente Pepe Calzada era el mejor evaluado a nivel nacional.

En este proceso electoral no cabe la menor duda que hay que considerar tendencias mundiales que existen en la política contra el establishment, que en este caso es representado por el PRI, y que hay gobiernos que por mejor estrategia de comunicación que tengan y logros que presuman la realidad es que unos cuantos o muchos escándalos de corrupción de ese gobierno o de ese mismo partido terminan por hacer impresentable mucha de la oferta electoral que pudiesen presentar.

El fenómeno no es exclusivo de un solo partido, pero termina por afectar sobre todo a las fuerzas políticas tradicionales, el problema es que independientemente del resultado nadie de los que gane triunfará con una amplia mayoría si consideramos que la mitad de las personas no vota, por lo cual habría un problema consiguiente de gobernabilidad y falta de representatividad en los gobiernos estatales, federales y en las propias cámaras del congreso. Si logramos dejar a lado algunas de nuestras diferencias políticas después del proceso electoral y los ciudadanos además de razonar su voto se involucran en las labores de los gobiernos entonces podremos ver avances en temas de gobernabilidad en nuestro país, si seguimos con la tendencia del hartazgo generalizado hacía la política sin generar aportaciones reales podríamos llegar a un escenario de inestabilidad que podría trasladarse de lo político a lo social y a lo económico.

Lula es condenado a 9 años y medio por caso de corrupción.

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El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas. El ex presidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles a nueve años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. Lula, que en los últimos meses  no ocultaba su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, podrá recurrir la sentencia, lo que evitará ahora un ingreso en prisión. Una confirmación del fallo de culpabilidad implicaría también la inhabilitación política.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien señaló que la razón para no ordenar el arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es “evitar ciertos traumas”.

En cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como “Lava Jato”, es histórica: por primera vez un ex presidente de Brasil es condenado por corrupción.

El caso, que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a políticos y poderosos empresarios de Brasil.

La sentencia de Moro, cuyas investigaciones por el operativo “Lava Jato” han llevado a que algunos lo consideren un posible candidato presidencial, llega en un contexto de profunda crisis política en Brasil.

Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y destituida en agosto de 2016 por normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Desde entonces gobierna quien fuera el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, que actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva.

Hace tan solo dos semanas, Moro sentenció a 12 años de prisión a Antonio Palocci, un influyente ministro durante los gobiernos de Lula y Rousseff, también por corrupción.