¿Nuevos tiempos del Poder Judicial?

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La autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de sus aciertos o desaciertos, ha desencadenado una serie de debates o nuevas reflexiones sobre la concepción de diversos hechos, instituciones y posicionamientos. En el imaginario colectivo, así como la comentocracia y sujetos políticos, hemos entrado en una nueva dinámica de preguntarnos y cuestionarnos si verdaderamente nuestro Estado funciona como debería o como se establece en la constitución, leyes o conforme a las necesidades sociales. Una de esas interesantes nuevas reflexiones, tiene que ver con el Poder Judicial, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su papel en el Estado-Moderno. A lo anterior, me refiero a las nuevas dinámicas en cómo se relacionan y accionan las instituciones públicas, el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad moderna con sus nuevas exigencias. 

Este repensar respecto al papel de la Corte, tienen como origen la renuncia de Medina Mora como Ministro, y la serie de comentarios, injerencias, acusaciones y advertencias sobre la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal respecto con otros poderes públicos. En algo sin precedentes y ante el panorama crítico, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, utilizó las redes sociales para declarar que el Poder Judicial Mexicano no debe ser oposición sino contrapeso, y que dichos términos no pueden confundirse, ya que “la Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos”, y remató contundentemente: “los contrapesos deben estar en el Congreso”. 

La declaración del Ministro Presidente, generó una serie de controversias que podemos resumir en dos posiciones principales; para cierto grupo de personas, la Corte debe y es un contrapoder del Ejecutivo y Legislativo, y otro grupo que coincide con el Dr. Arturo Zaldívar. El declaración no coincide plenamente con los postulados básicos de los tres poder establecido por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”,  ya que desde la concepción del filósofo político, en todos los Estados se encuentran tres poderes (los antes mencionados) porque “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan en reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas al mismo modo”. En términos sencillos, debe de existir un poder dividido y no concentrado. En otro plano, Alexis de Tocqueville en “La Democracia en America” analizó la naciente y joven democracia estadounidense, en dicha obra dice que “la mayor dificultad no era saber cómo se iba a constituir el gobierno federal, sino como obedecerían las leyes”. Desde la perspectiva de Tocqueville la teoría debería llevarse a la práctica, por ello, necesitaron constituir un poder judicial independiente, ya que  “en los jueces descansa incesantemente la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión, sin ellos, la Constitución es letra muerta” y en ese sentido, hacen un ejercicio de defensa de la constitución y del poder público. 

A pesar de todo lo anterior, lo que expresa el Ministro Presidente es también cierto, la Corte no es oposición, ya que no debe estar en constante conflicto de los demás poderes, sino accionarse cuando dichos entes han vulnerado la constitución, y en cambio, si pensamos que el Poder Judicial es oposición, se traduce en una dinámica repetitiva de oponerse, lo cual no es así. Lo que no está en debate, es la necesidad de consolidar una Corte y Poder Judicial independiente y separado del poder político. Sin duda, son tiempos complejos en los cuales estaremos en un continuo análisis de hasta lo que creíamos que era y no es. Cómo alguna vez escribió John Adams: “el Ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial o uno de ambos, a fin de que sea un gobierno de leyes, y no de hombres”. 

¿Sigma o hecho anunciado?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 

Medina Mora renunció por investigaciones de la FGR: AMLO

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Esta mañana, en conferencia de prensa en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su consideración de que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debió a que quiere atender algunas denuncias que se presentaron en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de ciertas especulaciones sobre los motivos que tendría Mora para dimitir de su puesto como ministro en donde se pensó inclusive que era por motivo de salud o por el reciente fallecimiento de su esposa, se reveló que el motivo real era este. Siendo que de igual forma fue revelado que sus cuentas bancarias estaban siendo investigadas por la Agencia de Seguridad Nacional en el Reino Unido y el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos.

“Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la FGR, no podemos culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado, eso corresponde a instancias judiciales”, comentó López Obrador.

Así mismo, señaló que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, le informó que existían depósitos financieros sospechosos del ministro que no correspondían al patrimonio declarado, con base en ello pidió presentar las investigaciones correspondientes al Ministerio Público.

Respecto a la renuncia, también expuso que solamente continuó con el debido proceso, siendo que puede haber otras investigaciones abiertas, por lo que será la Fiscalía la que determine si hay delitos o no y dado sea el caso, si se tiene que juzgar.

¿Qué sigue?

El Artículo 98 de la Constitución Mexicana establece que las renuncias de los ministros de la Corte solamente procederán por causas graves, y serán sometidas al Ejecutivo, cuando este la acepte será enviada al Senado para su aprobación.

A pesar de que la renuncia ya ha sido aceptada por AMLO, esta fue enviada ahora a la cámara de senadores apenas el día de ayer, donde por lo menos dos tercios de la misma deben aceptarla. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que están a la espera del documento con el fin de analizarlo.

Medina Mora fue elegido ministro de la Suprema Corte en marzo del  2015 después de haber sido embajador de México en los Estados Unidos, siendo que este puesto (como ministro) tiene una duración de 15 años, por lo que su periodo aún tenía 11 años restantes.

Siendo que la probabilidad de que Medina Mora no continúe siendo ministro en la Suprema Corte es muy alta, el paso siguiente para el presidente es proponer una terna de candidatos para elegir al sustituto y enviarla al Senado.

Tras haber hecho una comparecencia, el Senado acordará al candidato idóneo tras una votación con mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes. Esto puede suceder hasta dos veces.

Si en 30 días, el Senado no llega a un acuerdo o decisión, el cargo lo ocupará la persona que, dentro de la terna, sea designada por el presidente.

Tras estos hechos, el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, comentó estar al pendiente de la decisión del Senado, esto a través de su cuenta de Twitter.

Con información de El Economista y El Financiero.

SCJN autoriza que Fiscalía de Chihuahua investigue a EPN

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete.

Los ministros determinaron que el mexiquense  podrá ser investigado por las autoridades estatales y, en su caso, proceder judicialmente en su contra, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal ni los que hubiera cometido en el desempeño de sus funciones.

Lo anterior, luego de un proceso en el que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusara a la Administración federal, a cargo de Peña Nieto, de permitir la liberación del exconsejero del PRI, Alejandro Gutiérrez, involucrado en desvío de recursos destinados por la Federación a esa entidad.

Razón por la cual, el entonces mandatario federal e integrantes de su gabinete presentaron una controversia constitucional ante la SCJN en contra de las acusaciones del gobierno de Corral Jurado.

El ministro Eduardo Medina Mora terminó otorgando a Peña y sus allegados una suspensión que congeló cualquier indagatoria contra ellos.

Hoy, sin embargo, por unanimidad, la Sala avaló el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek.

La controversia que promovió Peña es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia del país.

En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.

El ministro Medina Mora señaló en su resolución, que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y se debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

En 2018, el panista Javier Corral lanzó una advertencia respecto a que llevaría a Peña Nieto a la cárcel una vez que terminara su mandato, el titular del Ejecutivo federal presentó la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.

Cabe mencionar que el actual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, no ha desistido de esta controversia, lo que indicaría que el actual Gobierno está interesado en que la Corte se pronuncie sobre el tema.

La resolución de la controversia podría tomar aún varios meses, pues Chihuahua pidió hace unos días que se declare impedido a Medina Mora para seguir llevando el caso, luego de que fuera captado en pleno banquete de la boda de la hija de un abogado de Gutiérrez Gutiérrez.

(Fuente: El Mañanero Diario)