Hacienda ordena correr a personal de delegaciones

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La Secretaría de Hacienda ordenó a todos los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno despedir a todo el personal que contrataron a partir del primero de diciembre de 2018 para laborar en las delegaciones u oficinas de representación.

A través de un oficio, la Oficial Mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, pidió a los funcionarios federales separar de su cargo a quienes hayan sido colocados en plazas eventuales, permanentes o de honorarios para esos puestos.

En el documento, la funcionaria sostiene que se trata de una instrucción de carácter presidencial, en el marco de la nueva política de contrataciones de la Administración federal.

“Hago de su conocimiento que, por instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre del 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios, en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

“Deberá ser separada de su encargo el día de la recepción del presente oficio, en el marco de las disposiciones legales aplicables”, refiere el oficio 0964, fechado el lunes 29 de abril.

En el documento se hace referencia a las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con las que desaparecieron o se eliminaron las llamadas delegaciones federales en los estados.

Sin embargo, tanto en el articulado como en el régimen transitorio, los legisladores dejaron abierta la puerta a que algunas dependencias conservaran las oficinas en los estados siempre y cuando justificaran su permanencia por los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía.

La Oficialía Mayor de Hacienda explica en el documento que para realizar una reestructuración integral de la Administración, a través de un proceso ordenado, se emitió el oficio 100-0094 el pasado 7 de diciembre, con los criterios de control presupuestario de los Servicios Personales.

En el numeral seis de ese documento se estableció que no se podría realizar la contratación de personal de plazas para las delegaciones en los estados.

Sin embargo, en el mismo oficio se refirió que,  en caso de que los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas justificaran la necesidad de mantener esas oficinas, la Oficialía podía realizar los trámites ante la Subsecretaría de Egresos para ello.

Posteriormente, el 28 de enero de este año, el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, emitió el oficio 100-032 en el que reiteró la prohibición para que las dependencias y entidades contrataran personal en plazas permanentes, eventuales y de honorarios adscritas a las delegaciones y oficinas de representación.

En otro oficio, el 100-053, del 15 de febrero, firmado también por el Secretario, se dejó sin efectos el documento emitido en diciembre, en relación a los controles para la contratación de plazas.

Pero se mantuvo la restricción para no realizar contrataciones que ahora lleva a la dependencia a pedir los despidos.

Sistema anticorrupción, a dos años continua incompleto

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A dos años de su aprobación en el Congreso de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía no ha logrado concretarse totalmente a nivel federal ni estatal.

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las leyes que creaban el SNA y, a nivel federal, falta completar dos órganos principales del Sistema: la Fiscalía Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completar ambos órganos es responsabilidad del Senado, donde no se llegó a un acuerdo para hacer estos nombramientos.

Pendientes quedan la elección del fiscal anticorrupción; y de los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en los estados también hay un retraso importante para que el SNA funcione al 100 por ciento.

Solo en 22 estados se han instalado los comités de Participación Ciudadana; y en 22 casos se cuenta con fiscal anticorrupción.

Aunque en las 32 entidades ya se hicieron los cambios a su Constitución Política, solo 25 ya tienen aprobadas las leyes secundarias que conforman el paquete legal que da forma al SNA.

Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (aprobada por 32 estados); cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública (ya en 29 entidades); y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (aprobada en 30 estados).

En ese paquete entran también la Ley Orgánica de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia (en 28 estados); la Ley de Responsabilidades Administrativas (ya en 27 entidades); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (en 26 estados); y cambios al Código Penal (en 25 entidades).

El IBD señala que como no se ha completado en su totalidad, la efectividad del SNA todavía no se puede apreciar, a pesar de que han pasado dos años de su creación.

“Esto tiene implicaciones importantes para que el Sistema funcione a cabalidad y, por consiguiente, para que sea posible contar con evidencia que permita valorar su pertinencia y efectividad”, expone el análisis.