Dan suspensión definitiva a Rosario Robles contra inhabilitación

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La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión definitiva contra la inhabilitación de 10 años que la Secretaría de la Función Pública (SFP) había impuesto a Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario.

El despacho de abogados que defiende a Robles indicó en un comunicado que con esta resolución, la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos en la Administración Pública Federal no tendrá efectos hasta que se resuelva el juicio.

“Lo anterior significa que Rosario Robles Berlanga no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados tras considerar que con la resolución de la Secretaría de la Función Pública ‘se perjudica el derecho de imagen de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación'”, explicó la defensa.

La ex funcionaria actualmente está presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla después de ser acusada por Fiscalía General de la República (FGR) de haber permitido un desvío de cuatro mil millones de pesos.

Su inhabilitación se produjo por no incluir en su declaración patrimonial la existencia de una cuenta bancaria que, según su defensa, fue abierta en 2008 y tenía un saldo de dos mil 888 pesos.

 

Con información de Grupo Reforma. 

UIF denuncia a exfuncionario por ayudar a Javier Duarte

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió a la la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia en contra del Mauricio Moreno Balbuena, ex director general de Procesos Legales de la UIF, por haber actuado a favor del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte para reducir su pena al reclasificar sus delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa.

La UIF mostró evidencia de cómo tres meses antes del cambio de gobierno, el funcionario solicitó al Ministerio Público la reclasificación de delitos, desdiciéndose de la investigación e incluso, de la denuncia que ellos mismos presentaron dos años antes en contra de Duarte y de nueve personas más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La carpeta de investigación se inició en octubre de 2016 y el 22 de julio de 2017 lograron que un juez emitiera el auto de vinculación a proceso en contra de Duarte por ambos delitos, el cual se ratificó en octubre de ese mismo año tras una apelación del ex priista.

No obstante, casi dos años después, el 21 de agosto de 2018, Moreno Balbuena presentó ante la entonces Procuraduría General de la República un escrito mediante el cual “formuló alegatos para exponer que se trató de asociación delictuosa en lugar de delincuencia organizada, con la finalidad de que el Ministerio Público reclasificara el delito en beneficio de Javier Duarte”.

El 26 de septiembre de ese año, el Ministerio Público imputó al ex gobernador por estos nuevos delitos y Moreno Balbuena también solicitó la apertura del procedimiento abreviado, lo que llevó a una sentencia menor de nueve años, el pago de multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles.

 

Con información de Grupo Milenio. 

 

 

Dice Odebrecht que impugnará sanciones impuestas por Función Pública

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La empresa constructora brasileña Odebrecht México rechazó las sanciones que le impuso La Secretaría de la Función Pública (SFP) y anunció que “impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”.

La compañía agregó que las sanciones “son totalmente infundadas e improcedentes”.

La semana pasada, la SFP inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses, así como sus funcionarios: Gleiber José de Faria, director de Finanzas de la empresa, y a Luis Alberto de Meneses, titular de la compañía en México.

Este último dijo a las autoridades brasileñas que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa.

Odebrecht dijo también que las autoridades mexicanas rechazaron la solicitud de cooperación en contraste con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Suiza.

En respuesta, la secretaría publicó: “Como lo han hecho en ocasiones anteriores, que han impugnado los actos de autoridad, la empresa Odebrecht tiene la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas la semana anterior, sobre las cuales, las autoridades jurisdiccionales serán las competentes para emitir un pronunciamiento sobre el particular”.

La constructora ha estado en el ojo del huracán en los últimos años acusada de haber sobornado varios gobiernos de América Latina para ganar concesiones de obras.