‘Gobers’ del PAN rechazan plan de seguridad y superdelegados de AMLO

Comparte este artículo:

12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como inaceptable que, en materia de seguridad, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretenda supeditar a las autoridades locales a través de coordinadores estatales.

En un desplegado, los gobernadores señalaron que la condición esencial del funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria.

Por otro lado, los mandatarios estatales se manifestaron a favor de “construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Sin embargo, aseguraron que colaboraran con el futuro gobierno, pero aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, se lee en la misiva.

Agregaron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales.

“Por eso nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobierno estatales”.

En su opinión, para combatir la inseguridad es necesarioatender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado, así como fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.

“Establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria”, abundó.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.

Aunque reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo con que continúen con esa labor, consideraron que sólo deben participar “en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir mas a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”, subrayaron.

El desplegado fue firmado por los siguientes mandatarios estatales:

C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes

Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California

Mtro. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango

Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato

Lic. Antonio Echevarría García
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Dr. José Antonio Gali Fayad
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla

MVZ. Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro

C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán

(Con información de Aristegui Noticias)

Fiscalía de Chihuahua asegura otro rancho de César Duarte

Comparte este artículo:

La Fiscalía General de Chihuahua aseguró el pasado fin de semana otro inmueble al ex gobernador César Duarte, como parte de las investigaciones que llevan en su contra.

Se trata del rancho “San Isidro”, que se localiza en el municipio de Hidalgo del Parral, con el que suman 21 propiedades aseguradas, como parte de la Operación Justicia Para Chihuahua.

En su visita hoy a Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, dijo que el inmueble se incautó el pasado sábado y con este, son 17 ranchos propiedad del ex mandatario, y que varios de ellos fueron adquiridos al término de su administración.

Reiteró que en algunos casos, como fue en la compra del rancho Santa Rita, que se ubica en el municipio de Camargo y tiene una extensión similar a la de la ciudad de Chihuahua, se utilizaron métodos coercitivos para obligar a los propietarios a vender, aunque la FGE no ha reportado la recepción de denuncias en ese sentido.

Reclamó que a pesar de los elementos que hay en contra de Duarte Jáquez, el Gobierno federal ha incumplido con el compromiso de solicitar al de Estados Unidos su detención con fines de extradición por las once órdenes de aprehensión giradas en su contra, como parte del acuerdo firmado con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida el pasado 4 de febrero.

El documento consideraba además la entrega de los 900 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno del Estado; el gobierno de Corral por su parte, se comprometió a no continuar más con la Marcha por la Dignidad que recorrió doce estados del país y a permitir el traslado a un penal federal, del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Lo anterior con la condición de que le fuera aplicado el protocolo de Estambul, para confirmar que no ha sido víctima de tortura, como el acusado de peculado lo denunció en su momento, situación que tampoco ha sido cumplida.