#ElTalónDeAquiles: “El precio de la paz”

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El anuncio, en agosto de 2019, de “regreso a la guerra” de “Iván Márquez” (Luciano Marín Arango), “Jesús Santrich” (Seuxis Pausias Hernández Solarte) y de “El Paisa” (Hernán Darío Velásquez Saldarriaga), exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), es una piedra más en el camino de un proceso de paz que no deja de sortear obstáculos. Pero no es sorpresa. Estas deserciones se inscriben en el repetitivo libreto histórico de la violencia colectiva en Colombia.

Desde su llegada al poder, el presidente Duque (2018-22), para muchos un títere del expresidente Uribe (2002-10), uno de los más ilustres enemigos del proceso de paz, negó la existencia histórica de un conflicto sociopolítico en su país. Pocas cosas molestan más a cualquier oposición armada, colombiana o no, que la negación de su existencia. Todavía en agosto de 2019, declaraba Duque a medios internacionales que lo que ha habido en Colombia es “terrorismo contra el Estado”. Y a pesar de que Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y Reincorporación, señala que la implementación del acuerdo avanza, también es cierto que más de 500 líderes de movimientos sociales y 150 exguerrilleros han sido asesinados desde 2016, año de la firma de los acuerdos de paz. 

Sin embargo, nada de eso es novedad. Al contrario: ese siempre ha sido el precio de la paz en Colombia. Es el precio que tuvo que pagar la Unión Patriótica (izquierda) de 1984 a 2002, cuando más de 4000 líderes civiles, incluyendo dos candidatos presidenciales, alcaldes, concejales, y otros, fueron asesinados. Es el precio para el M-19 (centroizquierda), entre otras guerrillas “pequeñas”, que decidieron desmovilizarse en el periodo 1990-92, y que vieron cómo sus líderes cayeron muertos. Es también la dinámica de la reproducción de la violencia en Colombia, como sucedió con el surgimiento de “bandas emergentes” o “criminales” (BACRIM) luego de la desaparición de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2003. 

Para Márquez, negociador de las FARC en el proceso que condujo al acuerdo de 2016, somos testigos de la traición por parte de un Estado oligárquico, excluyente, y corrupto, incapaz de impedir los asesinatos políticos de sus ciudadanos. Para los enemigos del proceso, esta es la antesala de posibles alianzas de los disidentes con oscuros personajes como “Jhon 40”, quien se dice, desde 2012, intenta controlar las minas de oro y de coltán en el Amazonas colombiano, y que estaría traficando cocaína, armas, y lavando dinero. Realidades complejas admiten todo tipo interpretaciones, pero para efectos de este análisis, recuérdese que la teoría en resolución de conflictos identifica “saboteadores” de procesos de paz, es decir actores que deciden salirse de una pacificación, o no participar en ella, por diversas razones, entre ellas la incredulidad, el miedo a morir, o, en efecto, a perder las ganancias económicas provenientes del uso de la violencia. 

El máximo líder de las otras FARC, las Fuerzas Alternativas Revolucionaras del Común (nombre escogido por los exguerrilleros desmovilizados al momento de reintegrar la vida civil) “Timochenko” (Rodrigo Londoño), reafirma el “profundo compromiso” con la paz de la mayoría de los exguerrilleros, tesis confirmada por figuras como el expresidente Santos (2010-18) y Miguel Cevallos, Alto Comisionado para la Paz. Hoy, 84% de los 13,049 exguerrilleros registrados en la Oficina del Alto Comisionado para la paz reciben una “asignación mensual” equivalente al 90% del salario mínimo vigente, y aunque solo 18% está ligado a alguno de los 389 proyectos productivos aprobados por las agencias de reintegración, 98% de ellos sueña con tener su propio emprendimiento. Según Gallup, a pesar de que 67% de los colombianos cree que la implementación de los acuerdos es deficiente, el diálogo sigue siendo la mejor opción para el 64%. 

El estudio de los escenarios de postconflictos implica, como punto de partida, evitar meter en el mismo saco ideología, actividades criminales, e intereses económicos. Esto es cierto en cualquier parte del mundo, y lo es también en Colombia. Siendo las FARC un grupo fraccionado, es posible que diversos raciocinios expliquen la salida de unos y otros. El arte del analista está entonces en identificar la lógica detrás del acto de sabotaje, para elaborar políticas que no solo neutralicen el impacto de las deserciones, sino que eliminen sus causas. Se trata de ir más allá de “blindar” un proceso, y de trabajar para quebrar las lógicas estructurales e históricas de reproducción de la violencia, que hacen que el uso de las armas siga siendo una opción válida hoy. De lo contrario, más que testigos de intereses criminales o de traiciones estatales, presenciaremos como se repite, una y otra vez, la historia de desarme y rearme en Colombia. 

Fernando A. Chinchilla 

Luanda (Angola), 15 de septiembre de 2019