En los últimos días se ha discutido la Ley de Movilidad en el Congreso del Estado con opiniones encontradas y con voces de activistas y urbanistas como una ley laxa y poco clara.
También los concesionarios transportistas ya empezaron con el tradicional y decembrino amago de subir las tarifas de los camiones. Como siempre, el oligopolio del transporte queriendo tomar de rehén al gobierno y a la ciudadanía en lo que respecta a las tarifas. Todo esto debido a que la Comisión de Costos del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (donde pesan fuertemente los camioneros) palomeó un alza de precios. Esto ha causado rechazo entre la ciudadanía, diputados de diversos partidos y de funcionarios estatales.
Sin embargo, esto es de siempre, los transportistas siempre buscan alzas y rara vez cumplen con los compromisos firmados, es decir, mejores unidades, seguridad, frecuencias de pasos, etc.
El cuento de siempre es “estamos al borde del colapso financiero”, en los últimos años, el número de rutas desaparecidas es menor al de rutas creadas, lo cual es no gratuito. No obstante, otro tema importante ya mencionado por numerosos analistas es la rivalidad de rutas. Es verdad que existen rutas que no son rentables, pero que existen con el único fin de impedir que otro consorcio llegue y explote la ruta. Usted puede ver los trayectos de las rutas denominadas “Periféricas” (Las que empiezan en el 200) y son distancias enormes y con recorridos cuestionables en algunos tramos. Otras rutas se han re-inventado con los “ramales” que son bifurcaciones de rutas establecidas.
Sin embargo, esto nos habla de una ausente regulación y ordenamiento del transporte público de pasajeros en el área metropolitana. Cada grupo “agandalla” una parte del territorio y gobierna las rutas a discreción. Esto se ve en García, en Juárez y se hará notorio en próximos años en Salinas Victoria y Cadereyta.
El problema no es quienes son los transportistas, no se trata de eliminar rivales, crear nuevos rivales o licitar por licitar, sino una verdadera planeación que incluya planes de expansión a nuevas zonas de la ciudad, que integre rutas, que integre trayectos y que sume a otros sistemas de transporte como Ecovía y el Metro.
Como el sistema de movilidad en Monterrey es tan limitado y el área por cubrir tan grande, los transportistas se vuelven los stakeholders más importantes. El Estado se ha preocupado poco en expandir su red propia y ha dejado a los privados a reinar.
Sistemas alternos como bicicletas, tranvías, trolebuses, cables han sido eliminados de toda fórmula o iniciativa por los poderosos consorcios transportistas y los taxistas. Desafortunadamente, esto se vincula con que la contaminación se agudice, con que la Ciudad tenga la mayor tasa de muertes prematuras en el país por emisión de partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5) y a 10 micras (PM 10) de acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y con que la concentración de automóviles por habitante sea de las más altas del país.
Monterrey no se cansa de invertir en el transporte privado con los freeways de Constitución y Morones Prieto, así como los numerosos puentes a desnivel sobre Eugenio Garza Sada. Lo malo del asunto es que la ley -aun en discusión- no habla de impulsar proyectos sustentables, simula y usa verbos de manera general que dicen poco o nada.
La movilidad se vincula a la calidad de vida de los habitantes, sin embargo, la narrativa pública no profundiza en el problema, ni el Congreso, ni los lobbies empresariales, salvo activistas y urbanistas que dan batalla.
Mientras la excusa del Bronco, de Samuel García y otros tantos sea: “Es que la Federación nos da menos de lo que damos”, vamos a seguir de brazos cruzados.
Lo dicho, dicho está.