INE multa a Morena con 197 mdp por fraude en fideicomiso

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar con 197 millones de pesos a Morena por la constitución del Fideicomiso ‘Por los demás’, creado el 19 de septiembre de 2017, para obtener recursos con un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó este miércoles en sesión del Consejo General que de acuerdo con las investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Fideicomiso ‘Por los demás’ recaudó 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp).

Además, informó que, con base en las indagatorias, habían salido 64 millones y medio de pesos en efectivo del Fideicomiso a través de cheques de caja al 31 de mayo de este año que ya no pudieron ser rastreados.

El dinero fue cobrado por 56 personas relacionadas con Morena -legisladores y candidatos- lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas de un partido.

“Se trató de un grupo de personas organizadas alrededor del mismo partido político, toda una trama de financiamiento paralela, eso tiene un nombre: se llama fraude a la ley. La sanción es de 197 millones de pesos que representan el 250 por ciento de los ingresos recibidos”, señaló Murayama.

El consejero electoral explicó que esto constituye un fraude a la ley, pues la apertura de un fideicomiso, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo, fue creado y operado por la dirigencia del partido Morena.

“No se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad, además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”, sostuvo.

“Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo la competencia democrática”, agregó.

La consejera Pamela San Martín añadió que “estamos ante un esquema de creación, operación y manejo de un fideicomiso de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado”.

El consejero José Roberto Ruiz, quien votó en contra de la sanción, argumentó que, a su parecer, no hay elementos suficientes para responsabilizar al partido de la constitución y operación del fideicomiso.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, aseguró que su partido no violó la ley y denunció ante el pleno del Consejo General que el expediente de la investigación fue filtrado a los medios de comunicación aproximadamente dos semanas antes de que fuera discutido en la Sesión Ordinaria de este miércoles.

INE inicia proceso de liquidación de PES y PANAL

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El Instituto Nacional Electoral arrancó el proceso de liquidación de los partidos de Encuentro Social y Nueva Alianza, esto al designar a Israel Trejo Basua y Gerardo Maldonado García, respectivamente, como los encargados de realizar el proceso para liquidar a ambos instituto políticos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón, explicó que la tarea de los interventores será administrar los recursos de los partidos para evitar fuga de dinero de sus cuentas, realizar un inventario de pasivos y activos de cada partido, además de pagar la nómina de los empleados, y una vez que el Tribunal Electoral confirme la pérdida de registro, realizar la liquidación.

“El interventor designado en esta fase de prevención va a estar supervisando que las cuentas de los partidos políticos estén controlados, que no haya disposiciones unilaterales de esas cuentas de los partidos. Lo que se tiene que garantizar es que paguen su nómina, a los proveedores, impuestos y sus multas, en ese orden. La prioridad es el pago a trabajadores“, dijo Murayama Rendón.

La selección de los interventores inició con la entrega por parte del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de una lista con las personas capacitadas para realizar la liquidación de partidos. De ahí, tras filtrar a los profesionistas, quedaron 56 personas.

En un sorteo público, se dividieron en dos grupos de 28 (uno para cada partido) y se les dio un orden de prelación. Finalmente, se eligieron de cada una de las listas a una persona para que sean los liquidadores del PANAL y PES. El INE los notificará la tarde de este lunes.

Cabe aclarar que este cargo no es obligatorio, por lo que Trejo Basua y Maldonado García podrían rechazarlo. En caso de esto, se invitará al siguiente experto en concurso mercantil de acuerdo a la lista de prelación hasta encontrar a quien acepte el encargo.

Oficialmente, la liquidación podrá comenzar después de que ambos partidos reciban su constancia de pérdida de registro, lo cual sólo podrá ser hasta que el Tribunal valida los cómputos distritales, lo cual ocurrida la segunda quincena de agosto. Por lo mientras, los administradores comenzarán el proceso administrativo e impedirán que saqueen las cuentas partidistas.

El TEPJF confirma registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a la gubernatura de Morelos

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Luego de que el Instituto Nacional Electoral declaró infundada la queja contra Cuauhtémoc Blanco Bravo por haber firmado un contrato con el PSD para contender por la alcaldía de esta capital en 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro del ex futbolista como candidato a la gubernatura de la alianza MorenaPESPT.

En su resolución, el TEPJF recordó que el registro de Blanco fue impugnado por dos ciudadanos y los partidos PRI, PRD y PSM bajo el supuesto de que no contaba con la residencia efectiva exigida por la legislación, pero dichos argumentos fueron desechados en su momento por el tribunal local.

Según el TEPJF, la resolución del órgano local fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF por los mismos actores, que argumentaron, entre otras faltas, deficiente fundamentación y motivación de la resolución impugnada e indebida valoración de las pruebas presentadas, lo que llevó al TEEM a confirmar, erróneamente, el registro del candidato.

Al resolver el SUP-JRC-65/2018 y acumulados, el Pleno de la Sala Superior determinó confirmar la resolución impugnada, toda vez que el TEEM sí fundó y motivó su determinación.

Para la Sala, sus consideraciones fueron idóneas y, no obstante que se advirtió la omisión de pronunciarse en el sentido de que la licencia de Cuauhtémoc Blanco vencería el día de la jornada electoral, no resultó suficiente para revocar su registro.

Esto, añadió, pues la duración de la licencia de Blanco Bravo fue objeto de análisis de la Sala Superior en un asunto previo, en el que se señaló que una licencia temporal que cubría el periodo de la campaña era suficiente para garantizar la equidad de la contienda (SUP-JDC-129/2018 y acumulados).

Los magistrados consideraron también que Blanco Bravo había acreditado la residencia efectiva de 10 años cuando participó en el proceso electoral local 2014-2015, como candidato a presidente municipal de Cuernavaca.

En este sentido, indicaron que en el caso existen elementos probatorios para tener por cumplido el requisito de residencia, mientras que no hay evidencia que permita controvertir su veracidad y demostrar que el candidato ha tenido su residencia en un lugar distinto.

La resolución del TEPJF estuvo precedida del fallo emitido la noche de ayer por el INE en el que declaró infundada la queja promovida contra Cuauhtémoc Blanco Bravo por el supuesto cobro de 7 millones de pesos al PSD para contener por la alcaldía en las elecciones de 2015.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que la queja se declaró infundada porque no apareció el contrato de pago de la candidatura y tampoco hay pruebas de depósitos en cuentas bancarias ni transferencias o cheques por cantidades similares a nombre del ex futbolista.

Según Murayama, la denuncia fue presentada en tiempo y forma por los hermanos Yáñez, pero nunca presentaron el supuesto contrato. En los alegatos, los denunciantes aseguraron que “perdieron” el documento. No obstante, esto pues dejó sin evidencia y sin sustento la denuncia.