Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

César Duarte podría enfrentar proceso penal en libertad: Segob

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Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, “son delitos que por la propia ley no son graves; es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad”, dijo el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Se han entregado más de 12 solicitudes de extradición

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, al responder cuestionamientos de senadores sobre la detención de Duarte Jáquez, el funcionario dijo que de las 15 órdenes de aprehensión solicitadas para la extradición del ex mandatario estatal, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua“.

“Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición”, sostuvo.

“Delito por el que se le acusa no es grave”

¿Qué significa?, preguntó para luego responder: que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado Norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento.

“No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave”

¿Qué le corresponde al Departamento de Estado Norteamericano?, volvió a preguntar el funcionario, para luego aclarar: procesarlo.

“Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular”.

Auditoría de Chihuahua denuncia a César Duarte y otros 42 exfuncionarios por el desvío de 6 mil mdp

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La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua interpuso una serie de denuncias contra el exgobernador César Duarte Jáquez y otros 42 exfuncionarios públicos por el presunto desvío de más de 6 mil millones de pesos de las arcas públicas.

Jesús Raymundo Mata, auditor especial de Normatividad Interna del órgano fiscalizador, presentó las denuncias este jueves ante la Fiscalía General del Estado (FGE), después de una investigación técnica “extensa y exhaustiva” de la cuente pública de 2016.

Mata declaró a los medios de comunicación que las irregularidades encontradas en diferentes instancias de la administración duartista corresponden al periodo que va del 1 de enero al 9 de octubre de 2016.

En un comunicado, la ASE informó que presentaron ante la FGE un voluminoso paquete de denuncias una vez que el Congreso estatal ordenó iniciar los procesos civiles, penales y administrativos por las anomalías halladas en la cuenta pública del gobierno estatal, según el decreto FIS/94/2017.

El organismo explicó que, al dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de 2017 y conforme a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, emitió el Informe Técnico de Resultados, donde se encontraron elementos suficientes para determinar que diversos servidores públicos cometieron una serie de irregularidades e incumplieron con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales.

El exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, cuenta con al menos 15 órdenes de aprehensión derivadas de causa penales presentadas ente jueces locales y uno federal, anteriores a las que la ASE presentó este jueves.