Cannabis. Regulación Propuesta por Morena

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El 1° de octubre de 2019, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, presentó la Iniciativa de proyecto por la que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dicha iniciativa será sujeta al proceso legislativo federal, reabriendo con ello el debate entre la sociedad mexicana y la necesidad de aplicar un modelo de control legal en las actividades relativas al cannabis.

A través de la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis, se busca regular las actividades relativas al cultivo, producción, distribución y venta de cannabis y sus derivados para usos personales, terapéuticos, médicos y científicos, además de su control sanitario; lo anterior, mediante la apertura de un mercado lícito.

Con ello, grosso modo se establecen aspectos específicos como el autocultivo, el mercado de precios y ventas, las licencias de cultivo y producción, los usos medicinales que se darán al cannabis, sus fines terapéuticos, las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y verificaciones, así como las sanciones administrativas que pueden aplicarse por su incumplimiento, mismas que serán independientes de aquéllas constitutivas de delitos.

Asimismo, destaca la creación de la Cannsalud, como empresa del Estado, encargada de tener el monopolio en la compra al mayoreo del cannabis y sus productos, su análisis, su autorización exclusiva de venta a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y la venta a los franquiciatarios, quienes a su vez venderán a menudeo.

En virtud del modelo propuesto, considero atinados los fines que persigue la Ley General para el Control de Cannabis.

Esto, pues encuentra sustento en tres vertientes fundamentales, a saber: i) proteger el derecho a la salud como un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, evitando se restrinja el acceso a tratamientos y/o medicamentos derivados del cannabis que pueden implicar un cambio significativo en la salud y la persona; ii) salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante su autoconsumo; y iii) combatir la violencia propiciada por grupos delincuenciales que lucran con su tráfico y venta.

Tal regulación no solo puede dar pauta a la reglamentación constante y directa del mercado del cannabis, sino también a la creación de nuevas fuentes de empleo, sumándose los beneficios fiscales que pueden derivar, como es la previsión que el 25% de lo recaudado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades en los que se hubiere realizado la erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años.

Asimismo, estimo acertado que se adecuen las normas al entorno social y se atiendan los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en los que se ha determinado la responsabilidad del Poder Legislativo de crear políticas públicas que den pauta a garantizar el derecho fundamental de los mexicanos al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de la marihuana y sus derivados, lo cual incluye su adquisición, cultivo, preparación y consumo; tal y como fue señalado en el comunicado número 092/2018 de 4 de julio de 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, mediante su intervención, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acertadamente busca regular un mercado que ha sido manejado por criminales, atribuyendo potestades al Estado como órgano regulador directo en la producción y venta del cannabis.

Situación, que traería beneficios en materia de salud, derechos humanos y en los índices de violencia del país.

Propone Mario Delgado empresa pública de marihuana

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Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, propuso la creación de una empresa estatal dedicada a la compra y venta de la marihuana. También sugirió reformas legales para permitir el auto-cultivo de la sustancia.

En la Gaceta Parlamentaria, Delgado estableció que las reformas se agregarían a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, así como a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También se emitiría la Ley General para el Control de Cannabis.

El proyecto permitiría a los mexicanos mayores de edad poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar hasta 6 plantas de cannabis para el consumo personal sin la necesidad de una licencia o un permiso.

No obstante, estaría prohibido que el uso de la marihuana se haga en espacios públicos y en espacios privados donde exista acceso al público.

Delgado prevé la creación de la empresa pública llamada Cannsalud para regular la producción y consumo del cannabis y sus derivados. La empresa será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno federal, con una autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin primordial.

La empresa realizará la adquisición de las sustancias de aquellos particulares con los permisos correspondientes. Después, ofrecería los productos a franquiciatarios que lo venderían en menudeo y a la industria farmacéutica para la constitución de medicamentos.

Los propósitos fundamentales de la creación de Cannsalud son disminuir el precio y facilitar la verificación sanitaria de los productos de cannabis. Asimismo, la empresa registrará y sistematizará la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad y destino del producto.

“Se trata de un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas.

“Con esto no se deja el mercado del cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares, sino que se involucra al Estado como un supervisor constante y controlador de la actividad de esta sustancia dentro de un margen de legalidad que permite garantizar un beneficio para todas y todos”, explica Delgado. 

 

Con información de El Norte.