La 3 de 3 para particulares en Nuevo León

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El 15 de mayo el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, finalmente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una obligación legislativa que deriva directamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). El legislativo estatal tardó ocho meses en cumplir su deber de adecuar o expedir la LRANL. No es este, sin embargo, lo que llama la atención; no, lo que en estos días ha ocupado el debate es la “innovación” que incorporaron los legisladores locales: La 3 de 3 para los particulares que tengan algún vínculo jurídico contractual con autoridades públicas.

Organizaciones integradas en la Coalición Anticorrupción han solicitado al Ejecutivo del Estado que utilice su facultad de formular observaciones al decreto del Congreso, es decir, que vete esta innovación. Lo hacen sustentándose en los argumentos que el Ejecutivo Federal formuló como observaciones al decreto de la LGRA en junio de 2016 y que eventualmente sirvieron para que no se incluyera en dicha ley una disposición semejante a la que aprobó el Congreso Local. 

Las  razones del Ejecutivo Federal en ese entonces fueron en síntesis las siguientes: a).- La reforma constitucional de 2015 sólo se refirió a los servidores públicos como obligados a presentar su 3 de 3; b).- El legislador ordinario no tiene permitido ampliar a el catálogo de los sujetos obligados a presentar la 3 de 3; c).- La disposición extensiva viola los derechos humanos de los particulares a la privacidad, a la intimidad, a la seguridad, etc. (https://consejocivico.org.mx/noticias/wp-content/uploads/2019/05/acuse-oficio-gobernador-coalicion-anticorrupcion-3de3-24-de-mayo-2019.pdf). 

Adicionalmente, la COPARMEX Nuevo León afirma que la 3 de 3 para particulares “ahuyentará a IP”. También se sostuvo que si el Gobernador no veta la LRANL, “se desalentará la proveeduría de empresas al Estado.” (El Norte, 30 de mayo de 2019).

Primero un aspecto sobre el alcance de las facultades de un legislador local frente a una ley general, como es la LGRA. El Congreso de Nuevo León, como cualquier otro legislativo estatal, tiene la libertad de configuración normativa dentro de los contornos que la ley general respectiva le permita. Por ejemplo, cuando se adecuó la Constitución Local y la Ley de Justicia Administrativa para incluir la Magistratura Anticorrupción, el Congreso Local estaba obligado a establecer una magistratura especializada en responsabilidades administrativas graves, pero podía hacerlo a través de una sala colegiada o una sala unitaria, como es el esquema de justicia administrativa en nuestro estado. Esto ha sido definido claramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque si no fuera así, “las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal…” (Jurisprudencia P./J. 5/2010).

Queda claro entonces que no cualquier supuesto diferente que se establezca en una ley local frente a una ley general es por sí mismo incorrecto, siempre que se respete el marco general delimitado por el legislador de la Unión. Y, además, igualmente importante, si se trata de alguna restricción a derechos, esa restricción debe ser razonable y acorde a las normas constitucionales. Por lo que el debate debe centrarse, más bien, como lo ha puesto en evidencia la Coalición Anticorrupción, en discutir si la obligación de los particulares de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, y de constancia de entrega de la declaración fiscal, es constitucional o restringe de manera injustificada derechos de los particulares.

También sería importante que debatiéramos si en la prevención, combate y sanción de la corrupción la medida es idónea para ello, o si, por el contrario, se cuenta con suficientes instrumentos dirigidos a servidores públicos y con procedimientos idóneos en las relaciones contractuales entre particulares y los entes públicos que nos permitan disminuir los niveles de corrupción en el estado. En esta parte del diálogo público deberíamos poner la visión en hacer posible que operen al cien por ciento los formatos de declaraciones de los servidores públicos, porque, como señalé en una colaboración anterior (http://altavz.com/2019/03/31/los-pendientes-del-sistema-nacional-anticorrupcion/), un gran pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción es la ejecución completa de los formatos y la interoperabilidad de todos los sistemas. 

En este sentido, debe remarcarse que si bien las manifestaciones de no conflictos de intereses son una buena práctica recomendada por organismos internacionales en las compras gubernamentales (https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf.), estos documentos se refieren a manifestaciones que en algunos casos son únicamente voluntarias y, en segundo lugar, las declaraciones sobre conflictos de intereses colocan el foco de atención no en  los particulares, sino en los servidores públicos que toman decisiones públicas, las cuales deben ser neutrales e imparciales en aras del interés público. Por lo que la “innovación” del legislador de Nuevo León más que una medida eficaz para combatir la corrupción, podría constituir una restricción injustificada para la actividad económica de las personas que deseen contratar o vincularse jurídicamente con entes gubernamentales en la entidad. 

Una forma de evidenciar el impacto regulatorio negativo de la norma es, por ejemplo, la causa motivadora de la declaración. Para los servidores públicos, es claro que la obligación de presentar sus declaraciones tiene como causa generadora el ingresar a la función pública, el que se llegue al mes de mayo por lo que hace a cambios en su patrimonio e intereses, y a la conclusión del encargo respectivo. Sin embargo, para los particulares, en el artículo 33 de la nueva ley aún no publicada se contempla como causa generadora por lo que hace a la inicial, la firma del contrato correspondiente; la de modificación también es el arribo del mes de mayo (asumiendo que el contrato aún esté vigente); y la de conclusión, aunque no se diga expresamente, se entendería que su causa es la terminación del contrato respectivo. Lo absurdo es que constitucionalmente los servidores públicos solo pueden tener un cargo, empleo o función, pero los particulares pueden tener contratos firmados simultáneamente con distintos entes: Con el Gobierno del Estado, con algún municipio y, por qué no, con un ente autónomo o Poder. ¿Significa esto que los particulares deberán presentar tantas declaraciones iniciales como contratos firmen con distintas autoridades públicas?

En resumen, en la expedición de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León el Congreso del Estado llega tarde (10 meses después) y con ocurrencias que lejos de combatir eficazmente la corrupción, en realidad constituyen barreras a la actividad económica. Aunque hasta ahora ha declarado que no ejercerá su veto en contra del decreto, esperemos que el Ejecutivo del Estado escuche a la sociedad, particularmente a todas las organizaciones y personas que se han destacado por su lucha en contra de la corrupción en el estado.

“El Bronco” rechaza vetar 3de3 para IP

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” se negó a vetar las reformas a la Ley de Responsabilidades que obligan a entes privados que provean un servicio oficial a presentar su 3de3.

“No la vetaré. Yo estoy de acuerdo en que todo aquel que tenga una relación con recursos públicos debe presentar su declaración 3de3. Porque la corrupción viene de dos partes, no solamente del funcionario, sino también de un empresario”, dijo Rodríguez Calderón en respuesta a la petición de la Coalición Anticorrupción integrada por organismos empresariales como Canaco, Coparmex, el Consejo Cívico y Caintra, quienes advierten que la nueva ley local contradice a la federal y es inconstitucional.

Cabe mencionar que la mayoría del gabinete del mandatario nuevoleónes, no ha presentado su 3de3, esto a pesar de que varios y varias han formado parte del gobierno desde el 2015.

De acuerdo a “el Bronco”, una ley debe aplicarse por igual a funcionarios y particulares que están involucrados en operación contractual.

“La Ley es para todos, no solamente para unos. Debe haber, en esa relación contractual transparencia… No tiene por qué no hacerse”, añadió el gobernador.

Por su parte, el Subsecretario Jurídico del Gobierno, Homero Cantú, consideró que existen “áreas de oportunidad” respecto a la Ley, y no negó la posibilidad de un veto.