Responsabilidad Médica

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En días pasados un amigo médico modificó su foto de perfil, decidió agregar la leyenda: “yo no estudié para matar, yo estudié para ayudar”. Pregunté al respecto y conforme avanzó la charla mis inquietudes me llevaron a un mundo legal que supongo es prácticamente desconocido para la mayoría de los profesionales de la salud.

Dicho mensaje fue parte de la reacción solidaria que tuvo la comunidad médica ante la detención de un colega por presunto homicidio doloso de quien fuera su paciente. Si bien la resolución de este conflicto será competencia de las distintas partes involucradas, utilizo este espacio para hacer notar mi hallazgo: la falta de certeza jurídica con la que cuentan para su ejercicio profesional los prestadores de servicios de salud (y lo escribo así para incluir a profesionistas de disciplinas afines que pudieran resultar con implicaciones similares, psicología y nutrición, por ejemplo).

Hoy por hoy, nuestro código penal federal incluye una figura de responsabilidad profesional. Esta contempla a la Ley General de Salud y al abandono médico; sin embargo, su alcance resulta limitado, o incluso insuficiente, al no reflejar la naturaleza de lo que implica la prestación de un servicio de salud. De hecho, basta decir que no existe siquiera tipificación alguna para el concepto de negligencia médica. No obstante, me enfocaré en dos puntos que considero relevantes dado el detonante.

Primero, no exhibe que en salud la vinculación es de medios y no de resultados; la obligación es prestar los cuidados requeridos con la mejor calidad posible, pero no así la recuperación del usuario. Segundo, no considera la propia inevitabilidad del riesgo en este tipo de ejercicio profesional. De manera individual y colectiva cada que vez que optamos por recibir servicios en salud aceptamos dicho riesgo, el cual, hoy en día y en contraste con otros, carece de un marco normativo. Por ejemplo, todos asumimos un riesgo al utilizar el parque automotor (y su letalidad la conocemos bien), y ante eso, el Estado se ha ocupado de limitarlo de diversas maneras: reglamentos de vialidad y tránsito, semáforos, patrullas, oficiales, etc.

Ahora, de manera comparable y en pleno reconocimiento de la existencia de la mala práctica en salud, dicha falta de certeza jurídica también genera incertidumbre para los usuarios de estos servicios. A expensas de las motivaciones particulares, queda a discreción del presunto afectado si opta por un proceso penal (que atañe exclusivamente a la persona acusada), por uno civil (por quien puede responder alguna otra entidad en términos de daños y perjuicios) o por uno administrativo (correspondiente a la institución pública que respalda al profesional de la salud). Aunado a ello, incentivos como el financiero pudieran definir el camino a seguir. Mientras que de inicio un proceso penal no representa ningún costo para el demandante, uno civil sí lo hace (peritos, abogados, etc.). Asimismo, la gran diversidad de instituciones ante las cuales se puede acudir por una inconformidad (más de diez y que incluye comisiones de arbitraje médico, de derechos humanos, procuradurías, etc.) son también indicio de la falta de claridad y simplicidad a las que dan pie las condiciones actuales.

Así, y sin dejar al margen la responsabilidad moral que se espera y motiva el trabajo de todo prestador de servicios en salud, y que con justa razón el gremio médico exige se considere, me sumo a la causa de mi amigo y demás profesionales de la salud. No obstante, lo hago con un fin ulterior, que se genere el marco legal correspondiente para que se dé certeza jurídica a los procesos de resolución de conflictos originados en la prestación de servicios en salud. Recordemos, pues, que sin importar la trinchera, eventualmente todos hemos sido, somos o seremos usuarios de un servicio de salud.