Operaciones inexistente. Intimidación regulada.

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En sesión de 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó la iniciativa de proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

De la iniciativa en cuestión, destaco los aspectos que conciernen al tema de la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados.

Estableciéndose al respecto, que la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados cuando el importe causado sea mayor de $7´804,230.00, amerita prisión preventiva oficiosa; para lo cual será necesario querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma, que las conductas antes descritas, tendrán como sanción dos a nueve años de prisión.

Y demás, que cuando en el proceso de compra y venta de comprobantes fiscales que consignan operaciones inexistentes, sea participe un servidor público en el ejercicio de sus funciones, éste será destituido del empleo e inhabilitado por un periodo de uno a diez años para desempeñar cualquier cargo o comisión en la función pública.

Al respecto, considero que las reformas apuntadas constituyen un modelo inquisitivo que amedrenta a los contribuyentes.

Lo anterior es así, en la medida en que bajo el argumento de combatir actividades ilícitas que atentan contra el fisco federal, el Estado pretende sancionar penalmente, y de manera severa, actos que en ocasiones no derivan propiamente de conductas u omisiones ilegales a cargo de los contribuyentes, sino de una indebida valoración y análisis que las autoridades fiscales participes de los procedimientos de fiscalización, realizan a los elementos que aquellos le aportan.

Valoración que la autoridad tributaria, partiendo de un principio meramente recaudatorio, realiza en gran medida exigiendo mayores requisitos y elementos de los previstos en las disposiciones fiscales aplicables; y que en consecuencia, dan pauta a considerar de manera arbitraria que los comprobantes fiscales observados amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Con esto, la reforma en cuestión da lugar a que se intimide a los contribuyentes no sólo con ser sujetos de procedimientos administrativos, sino también de un proceso penal en el que previamente interviene la discrecionalidad del fisco federal.

Cuando puede darse el caso que el afectado acredite la materialidad de las operaciones en el ámbito fiscal, anulando en consecuencia la determinación de la autoridad tributaria en ese sentido; y sin embargo, sea condenado en el procedimiento penal que derivó, precisamente, de la querella presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Preocupando también, que lejos de que sea requisito la existencia un daño superior a los $7´804,230.00, se deja a la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer los parámetros para decidir en qué casos denunciará penalmente ese delito, pudiendo ser un mecanismo de persecución contra determinados contribuyentes.

Por lo tanto, considero excesivo, intimidante y arbitrario el contenido de las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin que lo anterior implique un desconocimiento de la existencia de la actividad de compra y venta de facturas con fines fiscales, ni mucho menos estoy en contra de modelos que buscan sancionar y neutralizar tales esquemas; sino discrepo en que el Estado pretenda, mediante la inclusión de un tipo penal, atemorizar y opresar a los contribuyentes con sanciones privativas de la libertad, cuando la calificación de ello depende, en principio, de un criterio interpretativo y valorativo por parte de las autoridades fiscales.

En fin, por el momento sólo queda esperar a la promulgación del proyecto de iniciativa de reforma y su publicación en el medio de difusión oficial.

Cannabis. Regulación Propuesta por Morena

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El 1° de octubre de 2019, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, presentó la Iniciativa de proyecto por la que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dicha iniciativa será sujeta al proceso legislativo federal, reabriendo con ello el debate entre la sociedad mexicana y la necesidad de aplicar un modelo de control legal en las actividades relativas al cannabis.

A través de la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis, se busca regular las actividades relativas al cultivo, producción, distribución y venta de cannabis y sus derivados para usos personales, terapéuticos, médicos y científicos, además de su control sanitario; lo anterior, mediante la apertura de un mercado lícito.

Con ello, grosso modo se establecen aspectos específicos como el autocultivo, el mercado de precios y ventas, las licencias de cultivo y producción, los usos medicinales que se darán al cannabis, sus fines terapéuticos, las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y verificaciones, así como las sanciones administrativas que pueden aplicarse por su incumplimiento, mismas que serán independientes de aquéllas constitutivas de delitos.

Asimismo, destaca la creación de la Cannsalud, como empresa del Estado, encargada de tener el monopolio en la compra al mayoreo del cannabis y sus productos, su análisis, su autorización exclusiva de venta a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y la venta a los franquiciatarios, quienes a su vez venderán a menudeo.

En virtud del modelo propuesto, considero atinados los fines que persigue la Ley General para el Control de Cannabis.

Esto, pues encuentra sustento en tres vertientes fundamentales, a saber: i) proteger el derecho a la salud como un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, evitando se restrinja el acceso a tratamientos y/o medicamentos derivados del cannabis que pueden implicar un cambio significativo en la salud y la persona; ii) salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante su autoconsumo; y iii) combatir la violencia propiciada por grupos delincuenciales que lucran con su tráfico y venta.

Tal regulación no solo puede dar pauta a la reglamentación constante y directa del mercado del cannabis, sino también a la creación de nuevas fuentes de empleo, sumándose los beneficios fiscales que pueden derivar, como es la previsión que el 25% de lo recaudado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades en los que se hubiere realizado la erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años.

Asimismo, estimo acertado que se adecuen las normas al entorno social y se atiendan los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en los que se ha determinado la responsabilidad del Poder Legislativo de crear políticas públicas que den pauta a garantizar el derecho fundamental de los mexicanos al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de la marihuana y sus derivados, lo cual incluye su adquisición, cultivo, preparación y consumo; tal y como fue señalado en el comunicado número 092/2018 de 4 de julio de 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, mediante su intervención, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acertadamente busca regular un mercado que ha sido manejado por criminales, atribuyendo potestades al Estado como órgano regulador directo en la producción y venta del cannabis.

Situación, que traería beneficios en materia de salud, derechos humanos y en los índices de violencia del país.