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PGR reconoce mala integración del caso Duarte

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La Procuraduría General de la República  (PGR) reconoció que la investigación del caso Javier Duarte, originalmente planteada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada tuvo errores importantes de inicio, pero sostuvo que la sentencia de 9 años dictada al ex gobernador evitó que el caso quedara en la impunidad, riesgo que además existía por la posibilidad de que el juez invalidara los datos bancarios.

En una reunión con medios de comunicación el subprocurador de Delitos Federales de PGR, Felipe Muñoz Vazquez, dijo que este caso contra Duarte iniciado en 2016 (aún en la gestión de la procuradora Arely Gomez) y relacionado con la compra de parcelas a sobreprecio con dinero proveniente de empresas fantasma y prestanombres, tuvo que ser corregido en el camino.

“Cuando nosotros llegamos en esta administración (con el procurador Raúl Cervantes) nos encontramos una carpeta de investigación mal integrada. Lo digo así: mal integrada y en la que ya había una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuando digo mal integrada es porque me sorprende que el juez incluso librara las órdenes de aprehensión eh, pero bueno la perfeccionamos” señaló.

El pasado lunes la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, argumentando que hubo “discrepancias entre las acusaciones de la investigación” y calificando la pena de 9 años como “desproporcional” para los delitos que se le imputan.

“La negociación realizada por el Ministerio Público de la Federación resulta desproporcional a los hechos que eran investigados, por lo que se advierte la existencia de una posible colusión con el imputado a cambio de una cantidad de dinero, bienes o beneficios que dieran lugar a la solicitud de una pena totalmente inadecuada”, se lee en la denuncia penal.

Aunado a la sentencia de 9 años, Javier Duarte de Ochoa aun enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, promovidos por la Fiscalía de Veracruz por el uso ilegal de un helicóptero y el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas. Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar por delitos electorales y desaparición forzada.