Aumento al salario mínimo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores: STPS

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Durante la conferencia de prensa matutina, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseguró que el incremento de 22% al salario mínimo, el cual pasará de 141 pesos a 172 pesos, beneficiará a 6.3 millones de personas registradas en el Seguro Social con este nivel de ingresos.

Desde Palacio Nacional, la funcionaria federal explicó que en términos mensuales esto representa un incremento de 948 pesos al mes, con lo que se recupera el 71% del poder adquisitivo.

Lo relevante es que todos los trabajadores sepan que el salario mínimo incrementará 22 por ciento, aplicará a partir de 1 de enero del próximo año. Reconocer que haya acompañado el sector empresarial, tiene que ver que el propio liderazgo del Presidente ha ayudado a sensibilizar de la necesidad de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo«, expresó.

En tanto, Luisa María Alcalde aclaró que en la frontera el salario pasará de 213 a 260 pesos, lo que significa un alza de mil 428 pesos adicionales al mes.

«Incremento directo a 6.3 millones que ganan salario mínimo por supuesto a millones de familias adicionales porque incrementar ingresos se puede comprar más, se fortalece el poder de compra en negocios, servicios, eso ayuda a fortalecer la economía local. Esos 6.3 millones representan el 30 por ciento de trabajadores inscritos en el IMSS«, indicó.

Esta medida coloca a México 13 posiciones arriba del lugar 80 en el que se ubicaba en materia de salarios mínimos; el país ahora está en la posición 67, por encima de Colombia, Perú, Guinea y Ucrania.

Por su parte, el presidente López Obrador celebró el consenso entre empresarios, sector obrero y gobierno para lograr este aumento.

«A finales del 18 hubo consenso, a finales del 19 también, a finales del 20 no, no participó no estuvo de acuerdo el sector empresarial pero ahora sí, de modo que hubo esta unidad de criterio, esta voluntad de las partes y se logró el incremento que es consideramos muy importante«, subrayó.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Recuperan cuerpo de sexto minero en Múzquiz, Coahuila

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Tras seis días de labore ininterrumpidas rescatistas y brigadistas recuperaron el cuerpo del sexto minero atrapado en la mina Micarán de Múzquiz, Coahuila.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el cuerpo logro ser recuperado a las 18:30 horas del miércoles y aseguró que la operación para sacar el último cuerpo continuará.

La titular de la STPS, Luis María Alcalde, reconoció como “admirable” la labor de los rescatistas y sentenció que “aquí seguiremos” hasta recuperarse el cuerpo del séptimo minero.

Siete minero quedaron atrapados el 4 de junio por el colapso de una mina en el municipio de Múzquiz, hacia donde se desplazaron elementos de Protección Civil y del Ejército para las labores de rescate.

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y paredes de la mina, provocando el colapso del lugar.

Los cuerpos de dos mineros fueron recuperados el sábado 5 de junio, uno en la mañana y otro en la noche.

El tercer cuerpo fue recuperado a las 6:25 h del domingo y apenas tres horas después se rescató el cuerpo de un cuarto minero.

El quinto cuerpo fue sacado la mañana del miércoles, alrededor de las 9:50 h.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) dio a conocer que el año pasado presentó una queja ante las autoridades por las “terribles condiciones” de la mina en Múzquiz, donde quedaron atrapados siete trabajadores.

“Desde octubre del 2020 se denunciaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las terribles condiciones de esta mina, sin que las autoridades tomaran medidas acordes al riesgo”, expresó el Centro ProDH en redes sociales.

Concretamente, la denuncia fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, formada por familiares de las víctimas de un accidente minero ocurrido en la zona en 2006, las cuales cuentan con el asesoramiento del Centro ProDH.

Ambas organizaciones enviaron una carta el 23 de octubre de 2020 al director de la CFE, Manuel Bartlett, en la que pedían una reunión para abordar, entre otros asuntos, la “no repetición de siniestros y fallecimiento evitables en las minas de carbón”.

En la carta denunciaron que dos empresas que tienen contratos con la CFE “extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene”, y adjuntaron fotografías para demostrarlo.

“No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidos, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, criticaron.

En respuesta a la denuncia, CFE aseguró que la mina de Micarán no es su proveedora de carbón y expuso que, en consecuencia, era imposible que Manuel Bartlett estuviera enterado del estado en el que operaba.

“No jodan”, dijo CCE a gobierno por desaparición del outsourcing

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Esta mañana, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que el gobierno no debe joder a la iniciativa privada y a las empresas con la desaparición del out e insourcing.

En vez de quitar las manzanas podridas, va a quitar el árbol y nos quedamos sin nada”, aseguró el empresario en conferencia de prensa, quien ha sostenido un diálogo con el presidente de la República y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). El exdirector de Femsa aseguró que: “Lo que está intentando la autoridad (con la desaparición del outsourcing) es tumbar los árboles y dices ‘no jodan’“.

Salazar Lomelín afirmó que los empresarios pueden hacer política pública y no dejarla a los políticos. Al final, según argumenta, los intereses de los políticos son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que tienen las actividades como el outsourcing e insourcing. Los cuales, dijo, son “un maravilloso ejemplo de cómo un esquema que puede ser muy positiva, pues tiene consecuencias desastrosas para la economía (si desaparecen) como hemos tratado e intentado hacerle ver a las autoridades“.

Diversos representantes de la iniciativa privada se declararon en sesión permanente para revisar la iniciativa para eliminar el outsourcing desde noviembre.

Con información de Forbes

Advierten que darán 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal

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El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, advirtió que quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado.

Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.

“El mensaje debe ser claro, las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados”, señaló el funcionario.

Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

“La iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este tipo de casos. Manda un mensaje claro a la población con el efecto de inhibir estas prácticas. quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año”, explicó Romero.

Agregó, que la intención del Gobierno es terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Este problema trastoca los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco”, indicó.

Citó cifras de la Secretaría de Trabajo (STPS), la cual ha señalado que en el papis existen cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos.

También, aseguró que se tienen detectadas mil 200 empresas con distinto esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales.

“Son subcontrataciones basadas en el engaño porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para eludir el pago del impuesto sobre la renta y acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera ilegal”.

“Gran Confinamiento” dejará 3 millones de desempleados en México: FMI

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En México, 3 millones de personas quedarán sin empleo tanto en el sector formal como en el informal, lo cual representará el mayor volumen de desocupados en la historia del país, según cálculos basados a partir de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional anticipa que la población que saldrá a buscar empleo y no tendrá éxito va a representar 5.3 por ciento de la fuerza laboral del país durante 2020.

Por lo que esa tasa equivale a más de 3 millones de personas desocupadas, considerando que la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 57 millones en 2019, la cual sube cada año a consecuencia del crecimiento demográfico y las expectativas que tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este escenario, significará un millón de personas desempleadas adicionales, respecto al 2019.

El récord anterior se registró en 2010, cuando se contabilizaron 2.6 millones de mexicanos sin empleo, ese año, la economía se recuperaba de una recesión de 5.3 por ciento en 2009, provocada por la crisis hipotecaria que se detonó en Estados Unidos.

El FMI calcula que la producción nacional se va a desplomar 6.6 por ciento, lo cual sería la peor contracción desde la Gran Depresión, hace 90 años.

Este confinamiento ya provocó la pérdida de 347 mil puestos de trabajo formales entre el 13 de marzo y el 06 de abril, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Hace unos días, el consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que entre 800 mil y un millón de personas se quedarán sin empleo este año si no hay medidas ambiciosas por parte del gobierno ante la contingencia económica.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó una pérdida de hasta 1.5 millones de empleos formales.

Sin embargo, seis de cada 10 mexicanos que están ocupados en el país laboran en negocios informales o sin un vínculo reconocido, los cuales sumaron 31.3 millones de personas el año pasado, de acuerdo al INEGI.

El Gran Confinamiento (como lo ha denominado el FMI), también va a dejar sin empleo a miles de personas en la informalidad, porque este sector depende del funcionamiento de la economía formal, advierte José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Anticipa que “entre 500 mil y 600 mil empleos se van a perder en la informalidad, dado que muchos micronegocios dependen de sus ventas al sector formal”.

De la Cruz recomienda que en este momento el gobierno debe actuar “es sus tres niveles, porque el confinamiento va a generar un daño al mercado laboral que involucrará a millones de personas”.

Y advierte que las miles de familias que caigan en la pobreza, buscarán en primera instancia subsistir con trabajos honestos pero mal pagados, pero esta condición será un incentivo para que muchas personas cometan actividades ilegales.

(Fuente: El Mañanero Diario)