Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.