La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

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- "Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros."

 

 

Monterrey, 1984




La administración de Adrián de la Garza será marcada por el mayor programa en la historia del municipio (tal como lo anuncia); la inversión aprobada de $722’611,572 pesos para recarpetear 3’165,000 metros cuadrados de vialidad.

Vialidades Regias podría quedar opacado tan sólo por un proceso penal exitoso contra los protagonistas de la administración anterior (siendo el encarcelamiento lo más llamativo, la prisión domiciliaria lo mas plausible, y el embargo de bienes lo más necesario).

Sin embargo, existe un tercer proyecto axial en la agenda. A principios del mes de julio, el alcalde declaró que inundará la ciudad con cámaras de video-vigilancia. Sorpresivamente sus palabras no tuvieron ni hasta la fecha han tenido repercusiones mediáticas, siendo un tema proclive a polémica particularmente por dos motivos.

Primeramente, porque las finanzas municipales no se encuentran en condiciones para emprender tal idea, lo que forzara como únicas opciones a realizarla el contratar aún más deuda (improbable dado que el Congreso ya se la ha rechazado una ocasión), o el utilizar un esquema de financiamiento de Asociación Pública Privada (cuya licitación sería interesante).

Aquí seguramente aparecería el cuestionado José de Jesús Ortuño, experimentado empresario de la materia que en la pasada administración de Mauricio Fernández colaboró en el fallido proyecto de San Pedro Net.

En segundo lugar, porque los programas gubernamentales de video-vigilancia masiva suelen ser recibidos como golpes totalitarios a la población, al puro estilo de la novela 1984 de George Orwell.

Aquí es donde quiero concentrarme: en una muy breve exposición de las marcadas diferencias entre un programa gubernamental de seguridad pública (el cual creo necesario para reducir los índices delictivos) y una distopía totalitaria.

Un gobierno totalitario es aquel que pretende controlar cada aspecto de la vida de las personas: cómo pasan su tiempo (inclusive en privado), con quién se asocian, lo que pueden decir, e inclusive lo que piensan y sienten.




Partiendo de esta definición, se muestra erróneo sugerir que la sola implementación de cámaras de video-vigilancia convierten al gobierno en totalitario, puesto que en el caso de Monterrey, éstas se instalarían en lugares públicos (plazas, avenidas, etc.) y no privados (hogares, escuelas, oficinas) con el propósito de monitorear la posible actividad delictiva (robos, asaltos, asesinatos), tipificada en códigos que han sido promulgados de manera democrática.

Por lo tanto, no se invade la vida privada de los individuos ni se les persigue injustificadamente.

Hay quien alude a un derecho a la privacidad, el cual no se violenta debido a que, nuevamente, la video-vigilancia está instalada en los espacios públicos (y es en los privados donde se ejerce este derecho) así como tampoco se transgrede porque no tiene como propósito el exhibicionismo.

Resulta también imposible incidir en los pensamientos y sentimientos de la población a través de la video-vigilancia debido a que hace falta el factor propaganda, que sí está presente en 1984.

De igual forma se encuentran ausentes de la realidad en comparación con la novela, la presencia de guerra, desabasto, la prohibición de reunión y los campos de labores forzadas.

El contraste entre una realidad hipotética y la ficción terminan arrojando nulas similitudes, pero muestran quizá un miedo infundado ante una nueva estrategia para combatir a la delincuencia.

Estaré a la espera de que el tema cobre fuerza.

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La Seguridad Pública: ¿Una estratégica política?

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Y es que la cosa no da a menos. En 26 días del año 2016 (contados al día de hoy martes), ha habido un total de 37 personas sin vida, documentadas en fuentes abiertas, entre ejecuciones por parte de la delincuencia organizada así como en hechos delictivos del fuero común.

De estos hechos destaca la ejecución de 7 personas, en un mismo hecho, el día 9 de Enero en el municipio de Santa Catarina, atribuida según la Procuraduría de General de Justicia en el Estado (PGJE) a la disputa entre pandillas involucradas en actividades de narcomenudeo.

Pero, ¿cómo es esto tomado por las autoridades? Hemos visto que en lugar de hacer labores de coordinación e inteligencia, en materia de seguridad pública, se ha tomado como un estandarte político por parte del gobierno en turno.

Esto lo podemos ejemplificar de manera sencilla: cuando suceden brotes de violencia, como los que están ocurriendo, lo más común por parte de las autoridades es referir que es debido a que en equis administración pasada “se bajó la guardia”; o bien, que estas acciones obedecen a un reacomodo por parte de los cárteles de la delincuencia o incluso que son hechos aislados que son reacción de lo bien que se está haciendo el trabajo en seguridad pública.

Es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Este discurso repetitivo, sin un sustento pero con gran aceptación por parte de la ciudadanía, ha sido la principal forma de justificación de los hechos que se registran en la entidad. Y es que es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Pero, y ¿cuál es la estrategia política en todo esto? Hemos podido observar que se trata de una estratagema donde se busca responsabilizar a las nuevas administraciones de los hechos violentos, señalándose que estos “nuevos” funcionarios no son capaces de controlar y solventar el problema de seguridad. Es mejor regresar a lo que ya teníamos y a lo que estamos acostumbrados, justificando que la problemática delictiva que se presente al momento, no es particular de la entidad y que es parte de un entramado de la mismas organizaciones delictivas, que se “pelean el control” del trasiego y venta de estupefacientes en el Estado. Es problemática general y no es un caso particular del Estado.

¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

¿Cuál ha sido la respuesta de las actuales administraciones? El minimizar los hechos delictivos, como ya se mencionó antes. Por otra parte, la creación, reestructuración, depuración, incremento, etc. de los cuerpos de seguridad pública. ¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

Y es que esto implica que la reestructuración o renovación de los cuerpos policiacos, buenos y malos elementos por igual, es debido a que estos arrastran viejos vicios, y con las modificaciones en curso, podrán resarcirse el daño que se ha tenido, y de no ser así, se podría justificar al señalar: “Es una nueva policía, que se afronta a nuevos retos. Sin embargo, hay que darles tiempo para dar resultados.”

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

El incrementar el número de policías (sin una estrategia definida, pensando que un mayor número de elementos pueden disuadir a los criminales) y el colocar mandos de extracción militar y la construcción de cuerpos policiales semi militarizados, si bien han dado resultados en un corto plazo, no son la estrategia que se debe de seguir para combatir este mal que está por resurgir de nuevo. No obstante, es una carta política que es bien aceptada por la población en general.

La descomposición de los cuerpos policiacos, debido a los controles laxos y a la infiltración del crimen organizado, así como al poco interés que se les ha brindado al considerárseles como uno de los últimos eslabones para generar simpatía, ha generado una desconfianza general hacia las policías.

El haber tenido congelado por tanto tiempo temas tan importantes que son base para las efectivas políticas públicas y sociales como lo son las reformas en materia de seguridad, la importancia de la prevención del delito, la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de las políticas, entre otros menesteres, solo sirvió para que la inseguridad se fuera desbordando hasta el punto de no poder contenerla efectivamente.

Si bien, los mandos militares han dado resultado en ciertos escenarios, está claro que la militarización de los cuerpos de seguridad no es el camino. La formación castrense no puede ser impuesta a los cuerpos policiales, cuya esencial es que son civiles.

Esta propuesta surge a razón que las fuerzas armadas son las que tienen una mejor percepción ante la ciudadanía, y es a través de su estructura y formación estricta, privilegiando el uso de la fuerza, como se reducirá la delincuencia.

Se debe de incidir más en el diseño de políticas de seguridad donde se privilegie la participación ciudadana desde un punto de vista multifactorial, donde se vea a la delincuencia desde un punto de vista multicausal, donde se hagan efectivas las reformas en materia seguridad y donde el trabajo policiaco se dignifique.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración. Hay que construir con base en lo que ha dado resultado, reestructurar lo que no ha funcionado como se esperaba, adaptarse a los cambios propios de la dinámica del Estado y crear una coordinación entre corporaciones, donde el protagonismo pase a segundo plano, y los resultados sean los que hablen por sí solos. La mejor manera para conocer la percepción de seguridad, es cuando no se comenta de la misma (incongruente, pero cierto).

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