#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

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Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

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En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.