Por negligencia y corrupción cayeron edificios.- MCCI

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Los edificios que cayeron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 colapsaron por negligencia de autoridades, Directores Responsables de Obra, ingenieros y de los constructores o responsables de los edificios.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llegó a esta conclusión tras indagar los antecedentes de 28 edificios que cayeron o se dañaron durante el sismo, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes del proyecto ‘¿Por qué se cayó mi edificio?’.

“El terremoto del 19 de septiembre del 2017 es una tragedia sin explicación oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la república”, abundó Salvador Camarena, Director de la Unidad de Periodismo de MCCI.

“Por parte de las distintas autoridades no se conocen a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 personas y donde miles quedaron en desamparo”.

No se ha sancionado por la vía de tribunales y del juicio de la opinión pública a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía bien desde un puesto público, desde la gestión empresarial o también se dan casos desde la ciudadanía misma, señaló.

Por ejemplo, Emiliano Zapata 56 fue construido sin respetar materiales y técnicas; en Bolivar 158 las conclusiones apuntan a que había advertencias de Cenapred de que existía un riesgo por una antena colocada en la azotea.

Thelma Gómez, coordinadora de las 28 investigaciones periodísticas, expuso que las autoridades locales obstruyeron la investigación de los colapsos.

“La mayoría de esas solicitudes no fueron contestadas incluso se reservaron expedientes”, advirtió.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero negaron o entorpecieron el acceso a la información ante más de 800 solicitudes.

México he perdido su capacidad de indignación

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El próximo lunes 7 de mayo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se entregará el Premio Ortega y Gasset de periodismo a los periodistas Daniel Moreno, Salvador Camarena, Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste por “La estafa maestra“, una investigación sobre el desvío de fondos públicos en México publicada en Animal Político. Animal Político es un periódico electrónico mexicano. 

Al publicar la noticia, el gran periódico español El País titulaba:  “La investigación que debió sacudir a México (pero no lo hizo)”, y en sub título destacaba: La estafa maestra, ganadora del Ortega y Gasset, documenta una maquinaria de corrupción que mueve. Cientos de millones de dólares y por la que nadie ha pisado la cárcel. Sigue el comentarista de El País: “La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios. Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. 

Lo que asombra al periodista español es un ejemplo entre muchos otros de lo que es la impunidad en la república de Peña Nieto. “No te preocupes, Rosario, no pasa nada”. Es un ejemplo de lo que significa la corrupción cómo sistema de gobierno. Un ejemplo de las herramientas puestas a disposición de altos funcionarios y allegados para saquear a sus anchas el erario de México. Para robar a los mexicanos lo que es producto de sus impuestos, por lo tanto de su trabajo y de sus ahorros. 

En realidad el periodista asume que la noticia enciende las alarmas en México. Las encendieron un par de semanas y ya esto fue asimilado al igual que la casa blanca, que el fraude del tren rápido, que los 43 desaparecidos y ahora que los tres disueltos en ácido. Después de un sexenio de corrupción, de impunidad, de mentiras y de narco gobierno, los mexicanos nos hemos vueltos insensibles a esta categoría de noticias. Las tragamos sin manifestar mayor inconformidad. Las digerimos sin señales de rechazo. Es la población entera de un país que resulta anestesiada por seis años de fraudes, robos, mentiras y sinvergüenzas  perpetradas desde todas las instancias y todos los niveles del poder. 

México está intoxicado. Tal cómo el rey Mitrídates el Grande, en el primer siglo antes de Cristo, hemos absorbido tanto veneno a lo largo de este sexenio y de los anteriores que ninguna noticia nos indigna. Esto es muy preocupante: México está perdiendo su capacidad de indignación. Esto resulta bastante peligroso: cualquier estafador nos puede embaucar. Algo para reflexionar en tiempos electorales.

#MartesDeGrilla: “Pájaros en el alambre”

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Estimado lector, hoy hablaremos del famoso espionaje que ha sido noticia en México durante los últimos días.

Dicho espionaje que cuesta en promedio 77 mil dólares por cada ataque (según John Scott, investigador del CitizenLab) y que de acuerdo al periódico New York Times habría sido orquestado por el Gobierno Federal. Leyó bien, 77 mil dólares por cada ataque. Como si el gobierno no tuviera otras prioridades más urgentes que espiar a sus opositores.

El caso es sumamente grave, y es que por medio de peritajes independientes el periódico de talla internacional habría llegado a la conclusión de que el gobierno en turno estaría utilizando el software “Pegasus” para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Dicho software se utiliza internacionalmente para el espionaje en asuntos de terrorismo y crimen organizado. Por medio de Pegasus, el usuario tiene la capacidad de ver las llamadas, mensajes, correos, además de tener acceso al micrófono y las cámaras del celular. Pero aquí lo preocupante es que hoy en día se haya utilizado en personas particulares, que en este caso da la casualidad son quienes enfrentan constantemente al gobierno federal.

“Somos una sociedad que más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Procuro, en todo caso, ser cuidadoso de lo que hablo telefónicamente. No faltará que alguien exhiba alguna conversación mía, ya lo ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que culpar al gobierno.” dijo el presidente con complejo de inspector gadget, quien negó rotundamente que el espionaje sea un plan orquestado por gobierno que encabeza.

Entre que yo no fui, fue teté. El más perjudicado es el ciudadano activo quienes no solo tienen que remar contra corriente al denunciar y gritar “foul” cada vez que el gobierno se equivoca, sino que ahora lo hacen mientras les tiran piedras y los amenazan. Esto es un atentado directo contra la libertad en todas sus formas.

Fuerza Aristegui, Mario Patrón, Juan Pardinas, Carlos Loret, Salvador Camarena y todos aquellos que han sido víctimas de este terrible y cobarde acto. No nos dejaremos.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

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En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.