El pasado miércoles 1 de enero entró en vigor el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establece un incremento del salario mínimo de 20% en términos reales – de 102.68 a 123.22 pesos diarios.
El gobierno federal ha señalado que el alza general en el salario mínimo no tendrá repercusiones inflacionarias. Si bien es cierto que la relación puntual entre los salarios y los precios no es directa, el aumento se da en un contexto de estancamiento económico. Las consecuencias en la economía no son fáciles de predecir, dada la multiplicidad de factores.
Por ello, conviene precisar algunos postulados teóricos que simplifican el análisis de los efectos que tiene un aumento en los salarios. De esa manera, podremos dar cuenta de efectos opuestos a los que señala la teoría económica ortodoxa.
La escuela neoclásica de economía establece que el salario real que reciben los trabajadores en una industria debe ser equivalente a la productividad marginal, es decir, a la aportación de la última unidad de trabajo utilizada en la producción.
El problema con esta teoría es que dicha equivalencia ocurre exclusivamente en equilibrio, un estado de la economía que tiene más relevancia teórica que una existencia fáctica. La economía se encuentra constantemente en movimiento, por ello el análisis debe ser a partir de un enfoque dinámico, no estático. Ante ello, esta escuela de pensamiento toma como simultáneo lo temporalmente heterogéneo.
Si se acepta este enfoque reduccionista y atemporal, un aumento en el salario real no implica un incremento en la productividad laboral; por el contrario, si se fija un salario mínimo por arriba del equilibrio – ahí donde las funciones de oferta y demanda se cruzan -, las empresas contratarán menos unidades de trabajo respecto al punto de equilibrio, lo que implicaría desempleo.
Bajo este enfoque existen dos cuestiones que la teoría no toma en cuenta y es consecuencia de la rigidez simultánea que impone entre la remuneración del trabajador y su productividad. En primer lugar, la teoría no prevé que el aumento en las remuneraciones salariales puede generar un mayor esfuerzo, lo que deriva en una mayor productividad. Los trabajadores perciben un estímulo por parte del empleador y lo traducen en un mayor compromiso laboral. Esto no solo se reduce al salario, sino también al acceso a seguridad social, prestaciones, mejor ambiente de trabajo, etc.
En segundo lugar, la escuela neoclásica define una función de oferta laboral estrictamente creciente, lo que genera un solo equilibrio de mercado. Sin embargo, si pensamos en un hogar con familia extensa que incluya a los abuelos, con salarios muy bajos, todos los integrantes del hogar buscarán trabajar, pero a medida que incrementa el salario y los padres de familia perciben una mayor remuneración, los abuelos pueden dejar de trabajar para cuidar a los nietos, lo que revierte la función de oferta y la vuelve decreciente. Por último, si el salario continúa creciendo, los abuelos tendrán nuevamente incentivos para ofrecer su fuerza laboral dada una mayor remuneración.
Con ello, se busca señalar que pueden existir más de un equilibrio de mercado, por lo cual, fijar un salario mínimo por arriba de un equilibrio puede conducir al mercado a otro equilibrio, superando el problema de desempleo que la escuela ortodoxa dogmáticamente profesaba.
A lo anterior, vale la pena agregar los problemas de información que existen en el mercado laboral y que conducen a equilibrios subóptimos. Si bien desde finales de la década de los setenta ya se hacía alusión a escenarios con asimetría de información –moral hazard y adverse selection-, podemos añadir otro de carácter sociológico: la asimetría de poder entre el oferente y el demandante de fuerza de trabajo.
El empleador, en muchos casos, conoce la situación de necesidad que tiene la persona de ser contratada, por lo cual éste está dispuesto a aceptar el trabajo por una remuneración posiblemente inferior a su productividad. El demandante obtiene una ventaja de la posición de precariedad que tiene el oferente. Por ello, la política pública del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de establecer un ingreso universal no era una locura; si bien financieramente poco viable, el ingreso le otorgaría al oferente un respaldo económico que evitaría vender su fuerza de trabajo a cualquier precio.
Con esto no buscamos argumentar que el aumento de los salarios debe ser por mandato gubernamental; por el contrario, estamos de acuerdo en que el aumento sostenido de los ingresos laborales solo es posible con un incremento sostenido de la productividad. Si bien no de forma puntual, el salario y la productividad poseen un relación estrecha y positiva, por lo cual más allá de un aumento por mandato del salario mínimo, el gobierno debe de solucionar el mayor problema para la economía mexicana y que ha provocado el estancamiento del salario y una caída de la productividad: la informalidad.