Morena busca desaparecer Ramo 23

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, propuso al futuro Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, desaparecer Ramo 23, que es utilizado para el reparto de “moches” y el uso discrecional.

De acuerdo con la definición oficial, el llamado Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas es “un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno gederal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades.

“Este instrumento es conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para 2017, la Cámara de Diputados aprobó $35,805.19 millones de pesos (35 mil 805 millones de pesos)”, que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los estados y municipios firmando sólo un convenio para su transferencia.

En una conferencia de medios, acompañado por Urzúa Macías, Delgado Carrillo precisó: “El gran reto que tendremos para el paquete fiscal 2019 será sin duda demostrar que la responsabilidad fiscal y social no son incompatibles y que el Presupuesto de Egresos puede ser también un instrumento de transformación del modelo económico en el país”.

De acuerdo con el legislador, el cambio por el que votó la gente debe reflejarse en el Presupuesto 2019, por lo que es necesario poner un alto a los moches. “¡No más moches! ¡Vamos –dijo– a aprobar un presupuesto transparente y austero!”.

Corrupción, impunidad e inseguridad: el legado de Peña Nieto

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Ante la proximidad del relevo presidencial, resulta necesario dar un recuento general de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto a partir de tres ejes centrales: político, económico y social. 

En términos políticos, Peña Nieto apareció en un principio como un gran negociador; como un pragmático que para los primeros años de su sexenio ya tenía avalado un paquete de reformas estructurales en distintos rubros. 

En un sentido bonapartista, fue capaz de posicionarse por arriba de los conflictos partidistas de antaño y pactar con las fuerzas de ambos polos del espectro político. 

Las reformas representaban la continuación del proyecto de desarrollo económico emprendido en la década de los ochenta: la integración mexicana en el sistema económico mundial a partir de su apertura comercial y su liberación financiera. 

Si las reformas de primera generación se concentraron en reducir el manejo de los instrumentos de producción por parte del Estado, bajo el apotegma la iniciativa privada es más eficiente que el gobierno, las reformas de segunda generación buscaron crear las instituciones que permitieran el óptimo despliegue de las fuerzas del mercado -reformas laboral, en telecomunicaciones y en competencia económica- y el aumento de la productividad, lo que se traduce en un aumento en el salario real de los trabajadores -reforma educativa. 

Empero, si se puede aplaudir su capacidad negociadora, la implementación de dichas reformas es lamentable. Una modificación a la Constitución no se traduce mecánicamente a una transformación de la realidad social. Por el contrario, hace falta desplegar mecanismos políticos e institucionales para verlas materializadas. 

A ello, sumemos los casos de corrupción de la Casa Blanca, Malinalco, la estafa maestra, Odebrecht y el ramo 23. Estos sin duda son indignantes, pero más el intento de burlarse de la población mexicana al designar a un subordinado que investigara el posible conflicto de interés en los primeros dos casos. 

En el aspecto económico, el saldo no parece claro si matizamos. Por un lado, es cierto que aunque el crecimiento económico fue sostenido (2.5 por ciento anual en lo primeros cinco años de su administración), éste resulta insuficiente para comenzar a revertir los problemas de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, hasta marzo de este año la divisa mexicana se había depreciado 30.2 por ciento; cifra significativa, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo del peso se debió principalmente por factores externos -la elección presidencial de Trump, la renegociación del TLCAN, la caída del precio del petróleo, etc.- y no por distorsiones internas. 

En cuanto a la inflación, el promedio anual de este sexenio (4.1 por ciento en los primeros cinco años) ha sido la más baja desde los últimos ocho sexenios. Empero, como señala Jonathan Heath en su columna del miércoles en el periódico Reforma, ello es mérito del Banco de México más que del gobierno federal. 

Por último, en términos de cuenta corriente, entre 2013 y 2018 el país tuvo un déficit comercial de 2.21 por ciento, cifra significativa sobre todo si consideramos la estructura de dicho balance -superavitario frente a Estados Unidos y Canadá y deficitario frente países asiáticos. 

En términos macroeconómicos, la economía mexicana parece encontrarse relativamente estable, más si la comparamos con otras economías emergentes como Turquía, Argentina y Brasil. 

Finalmente, en cuanto al aspecto social no existe la menor duda de que el sexenio de Peña Nieto fue infame. Principalmente por dos cuestiones: Ayotzinapa y la violencia. 

En el primer caso, el uso del Ejército y la Policía Federal y estatal para el levantamiento y el posible asesinato de estudiantes recuerda el viejo autoritarismo represor de los años sesenta y setenta.

En el segundo caso, Peña Nieto decidió continuar la guerra contra el crimen organizada que empezó Calderón. Sin ningún análisis previo y sin contemplar enfoques alternativos, el gobierno mantuvo a las fuerzas armadas en las calles, priorizando el combate frontal como única estrategia. Ante ello, se extiende uno de los periodos más sombríos de la historia reciente del país y se agrava la descomposición del tejido social. 

Aunque existan algunos aspectos que rescatar, el periodo de Enrique Peña Nieto será recordado como el sexenio de la corrupción, la impunidad y la inseguridad.   

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso

#Kleroterion: “Chihuahua y el Presupuesto como instrumento de Control Político”

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Durante los últimos 4 años el Gobierno Federal ha dispuesto de $232,812,200,000 como instrumento de control político mediante la asignación de esos recursos conocidos como Ramo 23. Compuesto por Fondos como el Pavimentación; Espacios Deportivos; Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios; Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo de Cultura; Infraestructura Deportiva; Fortalecimiento  Financiero etc… Estos recursos son operados de manera absolutamente discrecional y la mayoría de ellos se distribuyen al margen de principios objetivos de marginalidad, rezago, o equidad.

Chihuahua es el mejor ejemplo de que el Ramo 23 puede ser usado para castigar a quien se atreva a desafiar el poder del Gobierno Federal. El Gobernador Javier Corral denunció que producto de la investigación que su gobierno realiza en contra de miembros del PRI en ese estado que habrían desviado recursos a las campaña de ese partido la Secretaría de Hacienda los “castigó” y no les hizo una transferencia por recursos de 700 millones al cierre del año pasado. Ese hecho no sólo devela lo podrido de nuestro sistema político sino que atenta  contra una de nuestras bases como nación: El federalismo fiscal que establece el pacto de distribución de recursos públicos entre  los Estados y el gobierno central.

Durante semanas el tema acabó en una disputa pública  en donde la SHCP  le contestó a Corral que  Chihuahua recibió 43,056 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, lo que implicó 2,000 millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, lo cual es cierto como también lo es que Chihuahua tiene derecho a esos fondos tal como lo establece la  Ley de Coordinación Fiscal, por tanto  no son un obsequio de la SHCP. Corral fue acusado además de orquestar una ofensiva mediática para distraer la atención de la crisis de inseguridad que se vive en su estado y favorecer con ello al candidato presidencial de su partido.

Finalmente, el asunto se “ha resuelto” y todo indica que Corral y el Gobierno Federal han llegado a un acuerdo, la SHCP depositará al gobierno de Chihuahua la cantidad retenida por la cual inició el problema.

Sin embargo el escándalo debe servir para emitir una alerta.  El Ramo 23 debe de dejar de ser la caja fuerte que sólo se abre para los cómplices y los socios del Gobierno Federal. Chihuahua puede ser sólo la “punta del iceberg”, un modus operandi de financiar con dinero público la maquinaria electoral de todos los partidos.

Hay que buscar la forma de que la SHCP transparente los convenios que establece con los gobiernos locales y acabar con situaciones absurdas no sólo como la de Chihuahua sino como otras más surrealistas como la ocurrida en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, que en los últimos cuatro años con una población de apenas 4428 personas recibió 123 millones  de pesos mientras que Mina uno de los municipios más pobres del estado y con una población similar recibió cero. Lo dicho, este ecosistema es tierra fértil para la corrupción y la componenda y sometimiento político.