Narcisismo público

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Bien dice el mito que hace tiempo hubo un joven llamado Narciso, que, cegado por su arrogancia y egolatría, terminó con su vida. Algo así podría decirse que ocurre cuando el gobierno gasta en intereses particulares para engrandecerse, pero en lugar de provocarse una propia muerte, las personas que resultan afectadas son los mexicanos. 

Con la noticia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 2,700% más de lo aprobado en su presupuesto para la Dirección de Comunicación Social el año pasado, me di la tarea de investigar un poco más sobre los gastos de esta Secretaría. El monto aproximado del gasto en Comunicación Social fue de 1,963 millones de pesos (mdp), mientras que al Programa de Cultura Física y Deporte se le dieron 1,382 mdp, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente se le invirtieron 961 mdp, el Programa Nacional de Inglés obtuvo 646 mdp y al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se le dedicaron sólo 211 mdp. También cabe mencionar que estos programas tuvieron subejercicios del 10%, 42%, 20% y 45% respectivamente. En otras palabras, se gastó un 2,700% más en comunicación mientras que en deporte y cultura física se invirtió 10% menos, en capacitación de docentes 42% menos, en cursos de inglés 20% y en minimizar la desigualdad social y de género en el ámbito educacional 45% menos. 

Por otro lado, el presupuesto para otras Direcciones también fue menor a lo que recibió la Dirección de Comunicación Social. Algunas por mencionar son la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Evaluación de Políticas y la Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Además, con la promulgación de la Ley General de Comunicación Social o #LeyChayote se reafirma esta necesidad que tiene el gobierno de promoverse a sí mismo. Esta ley pone en peligro la libertad de expresión y abre camino a que las entidades gubernamentales puedan publicitarse sin un tope de gastos o vigilancia clara. 

No veo el sentido en gastar en tanta comunicación y publicidad si no tienen algo bueno que promover. Me haría sentido si hubiera campañas educacionales efectivas y se demostrara que la calidad de las escuelas ha incrementado. Pero aún tomando esto en cuenta, es una exageración y burla que los programas que pueden hacer que la calidad educativa suba, reciban mucho menos que lo que se le destinó a la Dirección de Comunicación Social. 

Sin duda debe de haber una sanción a la SEP por haber sobrepasado el tope de gasto aprobado y se debe de revisar igual de cuidadosamente los presupuestos de las demás secretarías; también la Ley Chayote debería de ser más específica para evitar que los medios sean tapizados con contenido gubernamental. Este narcisismo público es el que nos afecta diariamente; es un narcisismo que no favorece a nadie más que al gobierno y es el narcisismo que se termina convirtiendo en una ola de corrupción. 

*Todas las cifras fueron sacadas del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa de la Secretaría de Educación Pública y del Gasto por Categoría Programática en la Cuenta Pública de 2017.

Le dijeron que no, pero EPN promulga la “Ley Chayote”

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Hoy el Diario Oficial de la Federación dio a conocer que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó el pasado 8 de mayo la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, esto a pesar de que organizaciones civiles le solicitaron al mandatario no hacerlo.

La ley promulgada que contiene 45 artículos y ocho disposiciones, tiene el objetivo de regular la contratación de propaganda oficial, ademas responde a un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia en noviembre del año pasado, donde ordenó al Congreso expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional a más tardar el 30 de abril.

“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Público a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, indica el artículo segundo de la Ley Chayote.

De acuerdo a organizaciones civiles y organismos internacionales, la ley promulgada y aprobada por ambas cámaras, no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), advirtió en análisis que dicha ley define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de los programado. También asegura, que la “Ley Chayote”, abre la posibilidad de que haya programas gubernamentales que no necesariamente sean útiles para el público.

Por último, el informe del IBD, asegura que la ley no distingue entre los tipos de medios de comunicación.

Publicidad Oficial un problema en México, afirma Artículo 19

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“La publicidad gubernamental es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que desde la Secretaría de Gobernación controla campañas para crear perfiles aceptables para la ciudadanía votante”, afirma la organización Artículo 19 en su informe anual titulado, “Democracia simulada, nada que aplaudir”.

La organización no gubernamental también asegura, que la falta de criterios en la asignación de la publicidad, permite que los actores gubernamentales utilicen el dinero público para distorsionar las coberturas de medios y de esta manera, genera un desequilibrio en la contienda electoral.

En el informa, la organización informa que de manera preliminar hasta el 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado en los primer cinco años, 40 mil 597 millones 452 mil 99.51 pesos en publicidad oficial. De esta cantidad el 56% se destinado a solamente 20 medios de comunicación, mientras lo que resta se divide entre 3 mil 108 medios.

“Televisa concentra el 16.45% del gasto, Estudios Azteca, 9.70% y Starcom Worldwide 3.20%”, se lee en el reporte.

Artículo 19 también hace notar que la institución que gasta más en publicidad oficial es la Secretaría de Salud, quien ha destinado 6 mil 680 millones de pesos. Mientras que el Consejo de Promoción Turística de México, gasta 3 mil 939 millones de pesos, y la Secretaría de Educación Pública, gasta mil 298 millones de pesos en publicidad oficial.

“Si bien la publicidad oficial se da, precisamente, fuera de las campañas políticas, la asignación discrecional y arbitraria sí tiene un fin electoral y político”, aseguró en su informe la organización.

Articulo 19 ganó el año pasado un amparo que obliga al Congreso a crear leyes antes del mes de abril para regular la publicidad oficial.