Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

Gobierno responde a informe de ONU sobre Ayotzinapa

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En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura “la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul“, con “tan solo dos dictámenes positivos” confirmando la existencia de este delito.

No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en el país, empleado “como instrumento único”.

Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de “otras pruebas y fuentes”, por lo que “un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura”.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.

Fiscalía de Chihuahua asegura otro rancho de César Duarte

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La Fiscalía General de Chihuahua aseguró el pasado fin de semana otro inmueble al ex gobernador César Duarte, como parte de las investigaciones que llevan en su contra.

Se trata del rancho “San Isidro”, que se localiza en el municipio de Hidalgo del Parral, con el que suman 21 propiedades aseguradas, como parte de la Operación Justicia Para Chihuahua.

En su visita hoy a Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, dijo que el inmueble se incautó el pasado sábado y con este, son 17 ranchos propiedad del ex mandatario, y que varios de ellos fueron adquiridos al término de su administración.

Reiteró que en algunos casos, como fue en la compra del rancho Santa Rita, que se ubica en el municipio de Camargo y tiene una extensión similar a la de la ciudad de Chihuahua, se utilizaron métodos coercitivos para obligar a los propietarios a vender, aunque la FGE no ha reportado la recepción de denuncias en ese sentido.

Reclamó que a pesar de los elementos que hay en contra de Duarte Jáquez, el Gobierno federal ha incumplido con el compromiso de solicitar al de Estados Unidos su detención con fines de extradición por las once órdenes de aprehensión giradas en su contra, como parte del acuerdo firmado con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida el pasado 4 de febrero.

El documento consideraba además la entrega de los 900 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno del Estado; el gobierno de Corral por su parte, se comprometió a no continuar más con la Marcha por la Dignidad que recorrió doce estados del país y a permitir el traslado a un penal federal, del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Lo anterior con la condición de que le fuera aplicado el protocolo de Estambul, para confirmar que no ha sido víctima de tortura, como el acusado de peculado lo denunció en su momento, situación que tampoco ha sido cumplida.