Padres de normalistas piden a AMLO ruta de trabajo sobre Iguala

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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resista las presiones del Ejecutivo al resolver los recursos interpuestos por éste, contra la orden de un Tribunal Colegiado de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso.

Padres y madres de los estudiantes llamaron a las y los ministros del Máximo Tribunal a estar del lado de la verdad y de las víctimas, ante la ofensiva legal del gobierno federal contra la sentencia del tribunal colegiado y previendo que será la Suprema Corte la que resuelva varios de los más de 100 recursos legales interpuestos por la administración de Enrique Peña Nieto.

“Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas“, informaron en un comunicado los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Además, lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí.

Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.