Sanchez Cordero señala dificultades en recorte a jueces

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La reducción salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un tema fácil, por lo que hay que dialogar con ellos, consideró Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

“Desde la Secretaría de Gobernación vemos el respeto irrestricto del Poder Judicial“, comentó la también ex Ministra de la Corte.

“¿Pero cree que deberían bajarse los sueldos?, se le preguntó.

“El tema es un poco complicado porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen”, admitió.

Recordó que en la Cámara de Diputados dos legisladores expresaron que la Ley de Remuneraciones tiene que ser acorde con la Constitución federal y reconocieron que el artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros mientras estén en funciones.

“Entonces no es un tema que podamos decidir rápidamente, sino que tiene todo un fundamento constitucional”, reiteró.

“Hay dialogar con ellos”, dijo.

Adelantó que el próximo miércoles se reunirá con representantes de los medios de comunicación en Bucareli, donde explicará más a fondo su postura.

La Secretaria fue entrevistada brevemente en Palacio Nacional, antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el Premio Nacional de Derechos Humanos a Héctor Fix Zamudio.

El evento se realiza en el salón Tesorería, donde el Mandatario ofrece sus conferencias de prensa matutinas y firmó el decreto para crear una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.