Prohíben a los alcaldes portar la banda presidencial

Monterrey (7 de septiembre de 2017).- Las fiestas patrias están próximas a realizare, y mediante un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalaron que únicamente el Presidente de la República sera el que porte la banda presidencial.

Los alcaldes mexicanos no podrán usar la banda presidencial como adorno durante la ceremonia del grito de independencia.

Así lo determino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo el presidente tiene autorización legal para portar esta banda.

José Román Bartolo Pérez, alcalde de San Salvador El Seco, en Puebla, llevó a la corte este tema para expresar que dicha acción representaba inconstitucionalidad para que solamente el presidente sea solo el único que pueda portarla.

Bartolo Perez, presentó un amparo en el que alega que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, vulnera el principio de la igualdad por limitar dicha banda presidencial solo la puede portar el Presidente.

El amparo fue negado, argumentando que: “Es una forma de presentación de la Bandera Nacional y es el emblema del Presidente de la República, el cual, a su vez, encabeza la administración pública federal, tiene a cargo la jefatura de Estado y comanda la totalidad de las fuerzas armadas”, mencionó el Juez.

 

 

 

 

La novela de la Reforma Electoral en Nuevo León sigue… Pero ya se le ve final…

Dado que el Partido Acción Nacional había impuesto un recurso para la resolución de la Comisión Estatal Electoral en materia de la Ley Electoral y con ello dar respuesta a la orden impuesta por el TEE, el día de ayer se dio a conocer la respuesta por parte de la OPLE Nuevo León, donde se tomó la decisión puntual que el inicio formal del año electoral iniciará con la primera sesión del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el próximo 6 de octubre.

Por su parte Mario Garza Castillo, consejero presidente de la CEE explicó que lo establecido en la resolución está marcado en el acuerdo CG11 construido desde abril, en donde se dejaba en claro el proceso a seguir para el año electoral, el cual se había construido en tiempo y forma.

Esta resolución pertinente surge tras la virtud del transitorio quinto de la reforma a la Ley Electoral, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 29 de junio, y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de julio de este año, en el cual se “validaba” la Reforma a la Ley Electoral del Estado.

Hay que resaltar que el poder legislativo se había blindado ante una posible resolución de esta magnitud tras “aprobar” los dos transitorios que advertían que la reforma entraría en vigor al momento de su aprobación, la cual fue el pasado 29 de junio.

Tras esto, la CEE realizó un análisis exhaustivo y determinó que la legislación electoral aplicable para establecer el día del inicio del proceso electoral es la contenida en el decreto número 180 expedido por la LXXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, por el cual se expidió la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León en 2014.

Parte de la discusión surge tras la imposición del TEE a la CEE, por lo cual esta última estimó que es necesario determinar si el contenido del decreto 286 el cual fue aprobado el pasado 29 de junio del 2017 es aplicable para el proceso electoral 2017-2018, puesto que tal decreto se encuentra en una controversia constitucional con el expediente 83/2017, 88/2017 y 89/2017.

Considerando estrictamente los criterios señalados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la publicación del decreto 286 en el Periódico Oficial el 10 de julio de 2017, sin la anticipación de los 90 días previos al inicio del proceso electoral; y estar controvertido mediante diversas acciones de inconstitucionalidad, la CEE concluyó que la norma aplicable para dicho asunto, es la establecida en los artículos 91 y 92 de la Ley Electoral para el Estado, que señala que dicha sesión deberá tener verificativo en la primera semana del mes de octubre del año anterior al de las elecciones ordinarias.

La aprobación se dio tras la sesión de la Comisión Estatal Electoral, donde se acordó el resultado con cuatro votos a favor y tres en contra. Los votos otorgados por los Consejeros a favor fueron de: Sara Lozano, Claudia de la Garza, Miriam Hinojosa y Mario Alberto Garza mientras que los tres en contra fueron de: Gilberto de Hoyos, Javier Garza y Luigui Villegas.

Los Diputados reaccionan… bien y mal

Héctor García García, diputado del PRI, señaló que la Comisión Estatal Electoral estaría violando la ley si decreta que el proceso electoral inicia a principios del mes de octubre.

“No sé cómo la Comisión Estatal Electoral definió que sería para principios del mes de octubre el proceso electoral, sería totalmente violatorio, porque hay una ley que ya está en vigor, que ya fue publicada, es la ley que nosotros aprobamos para la elección del 2018, es una ley que habla que el inicio del proceso inicia en el mes de noviembre”, expresó.

A el discurso se sumó Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN, el cual indicó que, si la CEE decide respetar el acuerdo administrativo apegándose a la ley de 2014, estarían incurriendo en inaplicación de la ley que entró en vigor el 2017.

De igual forma el diputado Salinas Wolberg expresó que resulta preocupante que la CEE se tome atribuciones que no le corresponden y pretenda ejercer un control constitucional sobre los actos del Congreso. No obstante, el legislador impactó su mensaje con la declaratoria que posiblemente el Gobernador Jaime Rodríguez sea quien estuviera influyendo en la CEE, dado que Garza Castillo había declarado antes de tiempo la posible resolución y acción puntual.

Para Samuel García Sepúlveda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano argumenta que la Ley de 2017 no entró en vigor en las fechas establecidas en los transitorios y por lo tanto no está vigente en el estado, en cambio la norma de 2014 sí.

* Sea cual sea el veredicto de la Comisión Estatal Electoral, el resolutivo final sobre el inicio del proceso electoral para el próximo año lo definirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *