Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y multa de 58 mil pesos

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Después de 17 meses detenido, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió una condena de nueve años de prisión, menor a la originalmente prevista. También se le impuso una multa por 58,890 pesos (equivalentes a 990 días) y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe e Ixtapa.

Esto se debe a que Duarte ya no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la Procuraduría General de la República (PGR), y a que su decisión de aceptar culpabilidad permitió que recibiera una sentencia más baja.

Duarte, su defensa y la PGR sostuvieron la tarde de este miércoles una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal próximo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde las partes aceptaron que el ex gobernador se sometiera a un procedimiento abreviado.

“Sí, su señoría”, respondió cuando el juez Marco Antonio Forte Tapia le preguntó por la responsabilidad de los hechos que se le atribuyeron. Duarte acudió a la audiencia rapado y con la barba crecida.

La PGR presentó 47 pruebas, como testimonios y escrituras de propiedades.

Según la condena, Duarte saldría de prisión en 2026, pues se contemplan los más de 400 días que ha estado detenido desde que el 15 de abril se le detuvo en Guatemala.

Al final de la audiencia, los abogados de Duarte dijeron a medios que el equipo legal analizará si acepta o impugna la condena. “Está tranquilo”, señaló sobre su cliente el defensor Ricardo Sánchez Reyes Retana.

El ex mandatario veracruzano enfrenta señalamientos de corrupción al menos desde 2016. Ese año, un reportaje del portal Animal Político documentó cómo su administración usó una red de empresas fantasma para desviar recursos del estado. A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión.

Desde entonces, Duarte (quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y ya fue expulsado del PRI) negó haber encabezado un entramado para efectuar desvíos millonarios.

En octubre de 2016, a semanas de que terminara su mandato, solicitó licencia argumentando que con ello facilitaría las investigaciones en su contra. Sin embargo, salió del país y se instaló en Guatemala, donde permaneció prófugo hasta abril de 2017.

Ese mes fue detenido por autoridades guatemaltecas y mexicanas, y poco después fue extraditado a México para enfrentar procesos penales. Con la audiencia de este miércoles, el proceso del ámbito federal está cerca de concluir. En tanto, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha dicho que buscará que el proceso local contra el ex priista siga su marcha.

 

La ASF prepara nuevas denuncias contra Sedatu por supuesto desvío de 1,500 mdp.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara cinco denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío, solo en 2016, de mil 529 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del esquema de fraude documentado en La Estafa Maestra.

Un punto de acuerdo de Morena, presentado este jueves en el Senado, pide que la PGR informe sobre el estado de las denuncias por La Estafa Maestra, estas cinco nuevas denuncias contra la Sedatu se sumarán a otras 18 interpuestas por la ASF ante PGR contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2013 y 2015, por el presunto desvío de otros 2 mil 824 millones de pesos.

Por lo que, en total, entre ambas dependencias sumarán 21 denuncias penales por desvíos que ascienden a 4 mil 354 millones de pesos.

Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo de tiempo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.

Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.

Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

Morena declina apurar Comisión por Robles

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La bancada de Morena en el Senado mantuvo su decisión de pedir la creación de una Comisión Especial Investigadora para dar seguimiento a los presuntos desvíos en Sedatu y Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.

Sin embargo, declinó en su intención inicial de que la creación de esa nueva instancia fuera aprobada este mismo martes por el Pleno de la Cámara alta.

La propuesta fue llevada a la tribuna por la senadora de Morena, Guadalupe Covarrubias, con el respaldo del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.

Luego de su exposición, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, informó que los proponentes habían declinado su petición para que el tema fuera abordado de urgente y obvia resolución, por lo que fue turnado a la Comisión de Justicia, que ni siquiera ha sido instalada.

En su intervención, la legisladora condenó los presuntos desvíos de recursos detectados por la ASF.

“Que los recursos desviados hayan sido aquellos que habrían de ser destinados a la población más desfavorecida, como en el caso de la Cruzada contra el Hambre, dibuja de cuerpo entero la pequeñez, la mezquindad y el sórdido cinismo de los gobiernos que idearon este monumental fraude”, condenó.

“Sin ánimos de convertir al Senado en un órgano de persecución o de enjuiciamiento metaconstitucional, acudo a esta tribuna a proponer que esta Legislatura no contribuya a perpetuar la complicidad institucional que mantiene bajo un manto de protección a decenas de funcionarios corruptos“.

El planteamiento de los modernistas se presentó acompañado con solicitudes de comparecencia para Robles y los titulares de Sedesol, Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, PGR, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT y la CNBV.

UNAM asegura que sí presentó denuncia de actos porriles

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Luego de la Procuraduría de la Ciudad de México informara sobre la liberación de dos presuntos responsables de las agresiones contra alumnos el 3 de septiembre, en Ciudad Universitaria, argumentando que no se tuvo “acusación alguna en su contra”, la UNAM aseguró que sí presentó denuncias.

“La Universidad Nacional Autónoma de México reitera que desde el 3 de septiembre pasado, mismo día en que un grupo porril agredió a alumnos de nuestra Universidad, fue presentada una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable. La carpeta de investigación es CI-FAAE/CU/UI-1  C/D/00283/09-2018″, indicó la Universidad Nacional, en un comunicado.

“También se hizo lo propio ante la Procuraduría General de la República, donde se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0011998/2018“, agregó.

El sábado pasado, la UNAM manifestó “su asombro y desconcierto”, por la información de que los dos presuntos responsables, Joel ‘N’ y Erick ‘N’, habían sido liberados.

“Esta casa de estudios espera una explicación a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades correspondientes sobre tal determinación.

La Universidad de la Nación pide que los procesos ministeriales y judiciales relacionados con la agresión a estudiantes por parte de grupos porriles se lleven a cabo con responsabilidad, en estricto apego a Derecho y con la celeridad que la gravedad del caso amerita”, expresó la UNAM.

En su boletín, la Procuraduría de la Ciudad de México también indicó que los dos jóvenes, detenidos por elementos de la Policía Federal, habían sido liberados toda vez que en su detención no hubo flagrancia.

“Uno de los presentados, incluso, afirmó no haber estado en el lugar de los sucesos y en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación”, indicó la Procuraduría capitalina.

“Adicionalmente, en el mismo análisis del material videográfico presentado como indicio, no se observa agresión alguna por parte de los presentados hacia los manifestantes“, agregó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que no se trata de fabricar culpables sobre el caso, y que la investigación tenía que ser amplia y responsable.

Cuando se informó sobre las detenciones, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que los dos presuntos responsables habían sido identificados gracias a que uno de ellos aparece en imágenes que circularon en redes sociales, agrediendo a estudiantes, mientras que el otro fue reconocido por distintas personas como participante de los hechos violentos del pasado 3 de septiembre.

Sin embargo, después la Procuraduría de la Ciudad de México aseguró que ninguno de ellos aparecía en videos que forman parte de la investigación, cometiendo agresiones.

La Procuraduría de la Ciudad de México y la Procuraduría General de la República también entraron en un intercambio de declaraciones, sobre quién tenía el mando de la investigación.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Amieva, dijo que la PGR había declinado investigar el caso, porque al parecer la UNAM no había presentado alguna denuncia.

Este domingo, la Universidad confirmó que sí denunció ante PGR. Además, la Procuraduría General aclaró que seguía investigando una parte de lo ocurrido.

Delitos de lesiones y tentativa de homicidio en las agresiones de CU, los investigará la Procuraduría capitalina, mientras la PGR investigará delitos que afecten a la Universidad, explicó en entrevista con Radio Fórmula el subprocurador Roberto Andrés Ochoa.

Convocan a asamblea el viernes en la UNAM

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Tras un mitin frente a Rectoría, estudiantes de la UNAM acordaron celebrar una asamblea el viernes a las 12:30 horas en el Auditorio de la Facultad de Economía.

En el encuentro, cada plantel compartirá su pliego petitorio.

Los alumnos de las escuelas en paro y de otras instituciones, como el IPN, marcharon en CU en demanda de seguridad luego de la agresión de porros el lunes.

En un comunicado, la máxima casa de estudios difundió los nombres de los estudiantes que participaron en el ataque.

Asimismo, la PGR investiga las pruebas aportadas por la Procuraduría capitalina, la cual declinó el caso, para determinar si se trata de delitos federales.

Mientras los alumnos se retiran poco a poco de CU, en Avenida Insurgente un grupo de encapuchados bloquea la vialidad presuntamente en apoyo al movimiento.

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

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La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.

#Kleroterion: “El Precio de la Verdad…”

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Durante mi trayectoria como diputado federal defendí y postulé una infinidad de temas, pero sin duda, uno de los que respaldé a cabalidad durante dos años, fue el estar a favor de las fuerzas armadas.

Dentro de mi trinchera como legislador y como presidente de la Comisión Bicamaral, afirmé que no había voluntad política para trabajar por un marco legal que diera certeza sobre el actuar de las fuerzas armadas, por lo que hubiera considerado un fracaso rotundo para la legislatura y para mí en lo personal, ya que esta tema pasó por un trastorno de bipolaridad debido al doble discurso, por lo que no se podía avanzar en ella y darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico que requerían, por un lado muchos gobernadores del país aplaudían a las Fuerzas Armadas y pedían abiertamente que se realizara, pero en los hechos en la Cámara de Diputados no pasaba nada.

En mi análisis postulé que tendría que pactarse un plazo para que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles y así dejar a un lado tareas que no les corresponden, necesitábamos parámetros para el uso de la fuerza, ya que a once años prácticamente de estar las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, ya traían un desgaste normal y natural, asimismo, era necesario dotar de un marco legal que diera certeza jurídica no sólo a ellos, sino a la sociedad; también defendí, que era vital el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ya que no existía una política profesional que supliera las labores que realizaban, además era indispensable que los gobiernos estatales y municipales apremiaran la capacitación y profesionalización de sus policías.

Cuando fui nombrado presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, tenía como función principal el control y evaluación de las políticas públicas y las acciones vinculadas con la viabilidad del Estado, mi trabajo lo realicé sin una línea o compromiso político, sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que tenía muy claro que en esta Comisión debía construirse Patria, por lo que mi prioridad fue trabajar para favorecer un marco legal propicio para que las fuerzas armadas continuaran con su labor al frente de la seguridad nacional, así como promover la cultura de la seguridad identificando en primera instancia la diferencia entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, explicando sus alcances, pros y contras, que muchas veces se confundían por la ciudadanía y hasta por autoridades estatales y municipales, entendiendo a la seguridad pública como aquella que está enfocada a la protección del individuo, mientras que la seguridad nacional atañe a todos los riesgos que afecten o pongan en duda la viabilidad del Estado, reconociendo que hay una línea muy tenue en ambas que a veces se entrelaza, como el tema de la delincuencia organizada, es un tema de seguridad nacional, pero que tiene su origen en la seguridad pública.

Estuve convencido que se tenía que fortalecer la visión que existía sobre las fuerzas armadas y dentro de esta comisión pude generar ámbitos correctos para explicar como estas instituciones actuaban de la mano para el fortalecimiento de la viabilidad del Estado mexicano.

Trabajé de la mano con otras instituciones involucradas en la seguridad nacional, con el Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, PGR, la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, exponiendo que los temas de seguridad nacional trascienden cualquier interés personal y de partidos políticos, por lo que no se debía lucrar políticamente con ellos, lo cual protegió el diálogo.

Para este tema siempre navegué contra corriente, hasta de mi propia bancada, cuando ellos estaban en contra, me sostuve siempre a favor, anteponiendo el ejemplo de mi estado, Nuevo León, ya que no hubiéramos salido de la problemática en la que estábamos si no hubieran participado las fuerzas armadas, la sociedad civil y el gobierno; participé desde la sociedad civil atendiendo víctimas de secuestro y extorsión, y las historias de las personas que fueron vejadas por la delincuencia organizada son de verdadero terror, entonces tuve como responsabilidad primordial reconocer a las fuerzas armadas y sobre todo por rescatar a mi estado.  

Fue entonces que después de tanto trabajo, finalmente el dictamen fue votado a favor por la Comisión de Gobernación, para después pasar al pleno de la Cámara de Diputados donde también fue aprobado, recuerdo muy bien que el exhorto a todos los partidos políticos a trabajar juntos para sacar esta ley, lo hice público en un programa de televisión en octubre de 2016, era uno de mis objetivos prioritarios desde que tomé el cargo de diputado, en ese sentido con la Ley de Seguridad Interior cumplí mi deber patriótico como legislador, estoy seguro que con esta reforma fortalecimos las instituciones del país.

Es muy importante reiterar que durante estos dos años de activismo a favor de las fuerzas armadas basé siempre mi tesis justo en lo que hoy dice el presidente electo, recordando que incluso cuando voté a favor de la ley, fui agredido públicamente hasta por compañeros de la bancada y del frente, pero siempre sostuve esta tesis de que no podíamos estar sin las fuerzas armadas y hoy el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador me da la razón, ya que no hay más opción que dejar al Ejército y a la Marina en las calles haciendo labores de seguridad pública, mientras no se consolide a la Policía Federal, asegurando que sin ellos no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia que hoy vivimos, por lo anterior estoy convencido que hice muy bien “al casarme con mi congruencia, es el precio de la verdad y no sólo lo digo yo”.

 

PGR reclasifica delito a Javier Duarte por falta de pruebas

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Tras acabar el plazo de un año que un juez federal dio para investigar, la PGR acusó formalmente al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de lavado de dinero y asociación delictuosa y pidió que se abra juicio en su contra. Sin embargo, la Procuraduría retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado inicialmente, y que era el único que ameritaba su prisión preventiva automática.

La PGR informó este miércoles a través de un comunicado que al valorar las pruebas contra Duarte “determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación”.

Lo anterior abre la puerta a los abogados de Duarte para que  (en una futura audiencia) soliciten al juez que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo en prisión por su riesgo de fuga o no.

El delito de lavado de dinero es uno de los que PGR imputó al ex mandatario desde la audiencia inicial realizada en julio del año pasado, y por los cuales consiguió que se le vinculara a proceso. El otro delito inicial era el de delincuencia organizada, sin embargo, en la acusación formal presentada ayer este ilícito fue reclasificado al de asociación delictuosa.

Bajo las nuevas reglas del sistema penal acusatorio el Ministerio Público tiene la facultad de modificar o incluso retirar una imputación que haya hecho de forma inicial. Esto se debe a que los delitos que se señalan en las audiencias iniciales, como la que enfrentó Duarte el año pasado, se establecen a partir de datos preliminares.

Luego de la audiencia inicial viene el periodo de investigación complementaria, fijado dentro de un tiempo límite por el juez, en donde el Ministerio Público debe reunir pruebas con las cuales pretende sostener el caso ante un juez. De ahí que los fiscales tengan la posibilidad de modificar un caso a partir de la evidencia que logren reunir o no.

En el caso de Javier Duarte este periodo de investigación complementaria se extendió por un año debido a que la PGR pidió seis meses iniciales al juez para trabajar el caso, y luego fue la defensa la que pidió seis meses más.

De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.