Giran orden de aprehensión contra Karime Macías

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Este domingo la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dio a conocer una orden de aprehensión en contra de la esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, Karime Macías, esto por el desvío de por lo menos 112 millones de pesos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El fiscal de veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que la orden en contra de Macías fue liberada el pasado viernes 25 de mayo.

Debido a que hasta donde se sabe, la ex primera dama de Veracruz, esta fuera del país, mañana mismo se solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) el establecimiento de una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para la búsqueda, localización y detención en el extranjero con fines de extradición de la acusada.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía veracruzanas, recursos del DIF estatal se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compraventa con por lo menos seis empresas fantasma, para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de capacitación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros. Sin embargo, no hay pruebas de que estos apoyos hayan sido dados a la población necesitaban y solamente hay una justificación para pagarle a las empresas fantasma.

Winckler aclaró que el daño al DIF puede ser mucho mayor, ya que la investigación sigue en proceso. El fiscal veracruzano aseguró que la dependencia que tiene a su cargo sigue trabajado para tratar de recuperar el dinero desviado y exhortó a que cualquiera que tenga evidencias las entregué a la Fiscalía de Veracruz.

Abogado de Elba Esther Gordillo presenta queja ante la CIDH

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Este lunes Marco Antonio del Toro, abogado defensor de Elba Esther Gordillo, presentó una queja ante la CIDH, en la que afirma que autoridades judiciales se confabularon con la PGR para convertir una “presa política” a la ex presidenta vitalicia del SNTE.

Del Toro justificó que está situación derivó de la oposición de la maestra a la reforma educativa.

Luego recordó que la averiguación previa que llevó a la cárcel a Gordillo fue integrada, con el apoyo de jueces a modo, en sólo siete días y con delitos “fabricados”.

El litigante también dijo que ya existen pruebas de que algunos “malos” funcionarios del Poder Judicial se confabularon con la PGR y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para convertirse en jueces a modo, dictando resoluciones abiertamente ilegales y con una sola finalidad: “Buscar la condena a toda costa”.

El defensor informó que el próximo miércoles a las 17:00 horas, tiempo de Washington, se reunirá con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, a quien entregará la información sobre el caso de la ex presidenta nacional del PRI.

También se conoció que, entre los funcionarios denunciados, se encuentran el recientemente fallecido juez sexto de distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, y su ex secretario de acuerdos, Jorge Bernal Reyes, actualmente candidato por Morena a edil de Chignahuapan, Puebla.

Además, los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México y Martha María Hernández, la consejera de la Judicatura Federal.

Belaunzarán presenta denuncia contra candidato de Morena al gobierno de Jalisco

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El candidato a diputado federal de la coalición Por México al FrenteFernando Belaunzarán, presentó una denuncia de hechos ante la PGR en contra del abanderado del frente Juntos Haremos Historia a la gubernatura de JaliscoCarlos Lomelí, por la adquisición de dos terrenos por un monto de 89 millones de pesos que omitió presentar en su declaración 3de3.

En conferencia de prensa en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la colonia Guerrero, dijo que por “salud democrática” las autoridades de procuración de justicia deben aclarar la adquisición de estos terrenos que el candidato a gobernador habría comprado a personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

El también vocero de la corriente Iniciativa Galileos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aclaró que de estos hechos están enterados los integrantes de la coalición Por México al Frente, al tiempo que recomendó: “Ojalá Andrés Manuel López Obrador tenga más cuidado con quienes se junta”.

Dijo que Lomelí debe “explicar porqué ocultó esta información. Son dos terrenos en Zapopan, por 89 millones de pesos, y llama la atención que se los haya comprado, porque esos terrenos han pertenecido a personas vinculadas con la delincuencia organizada“, acotó.

Belaunzarán afirmó que López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, debiera ser el primer interesado en aclarar estos hechos difundidos por un medio de circulación nacional, toda vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a las empresas que le vendieron el terreno a Lomelí Bolaños como posiblemente vinculadas al narcotrafico.

Explicó que interpuso la denuncia mencionada para que la PGR investigue y, en todo caso, deslinde responsabilidades, y consideró que si hay algún otro candidato con este tipo de irregularidades que se actúe en consecuencia.

Respecto a si hay algún indicio que detrás de esta adquisición está el crimen organizado, Belaunzarán dijo que su denuncia de hechos se basa únicamente en las notas periodistas publicadas este miércoles.

“Más vale actuar que lamentar, que estos hechos se aclaren” para evitar sorpresas sobre posibles vínculos de un candidato a la gubernatura con personas del crimen organizado, subrayó al mencionar que de los resultados deberán dar cuenta las autoridades de la PGR.

Acompañado del representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Álvarez Maynes, Belaunzarán Méndez indicó que todos los partidos “debiéramos agradecer la petición de aclaración. Tendríamos que saber quienes son nuestros candidatos para luego no lamentarnos”.

PGR ha gastado 75 mdp en búsqueda de los 43 normalistas

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La Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 75 millones 272 mil pesos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo a la investigación de la PGR, los normalistas fueron atacados por el grupo criminal Guerreros Unidos y sus cuerpos fueron incinerados en un basurero de la población de Cocula.

El gasto reportado por la Procuraduría, es el más alto en lo que va en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y se debe en gran parte a gastos que se han hecho en traer grupos y personas expertas en investigaciones forenses, entre las que destaca la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), el equipo argentino de Antropología Forense (EAAF), y el apoyo de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria.

Entre los expertos contratados están John DeHaan, quien fue traído para que determinara si se podían incinerar a 40 personas, José Luis Torero, quien había en el pasado participado en casos como los atentados del 11 de septiembre y el caso de 81 muertos en un incendió en la cárcel de San Miguel en Chile.

Hasta el momento solamente la Universidad de Innsbruck a quien se le pago 16 mil euros, ha podido identificar a dos de los normalistas, siendo esto Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

la PGR también ha gastado un millón 307 mil 265 pesos en 2014 y un millón 905 mil 475 pesos en 2015, con motivos de hospedaje, alimentación y traslado para las diligencias ministeriales.

Aunque se subrayó en su momento que la versión ella PGR era la “verdad histórica”, poco se sabe sobre que paso en realidad en aquella noche de septiembre.

Investigan en Europa a Ricardo Anaya por red de lavado de dinero

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Autoridades judiciales europeas investigan el presunto blanqueo de capitales en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva.

Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México (PGR), por el presunto delito de blanqueo, adelantó el diario digital El Español, el día 23 de abril.

Las indagatorias tendrían que ver con la creación de una estructura financiera en terceros países y en paraísos fiscales a fin de, eventualmente, obtener fondos para el candidato a la presidencia de México, asegura el digital citando fuentes conocedoras de las indagatorias.

Dichos fondos, previamente circularon principalmente por Canadá y Gibraltar, que es un territorio británico en la península ibérica, conocido por su baja fiscalidad y como asiento de miles de sociedades para la evasión del pago de impuestos en los países de origen.

Según esta información, Anaya habría recibido estos fondos mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, en el estado de Querétaro, a la empresa Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos, como lo dio a conocer inicialmente el semanario Proceso.

La indagatoria señala al empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda como el ideólogo de esta estructura financiera para repartir los fondos y transferirlos a Anaya.

Uno de los colaboradores en esta operación es el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, que cuenta con intereses en Querétaro, entre otras, en la sociedad Advance Real Estate.

El 1 de marzo pasado, la PGR acordó medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y de Olea.

En España, las pesquisas se centran en la estructura empresarial de Juan Pablo Olea Villanueva, cuyo entramado societario es compatible con el ocultamiento de capitales mediante empresas en paraísos fiscales.

Solo en España el nombre de Olea está relacionado con, al menos, 14 compañías, algunas que datan desde el año 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van de restaurantes, comercio de flores y negocios inmobiliarios, entre ellos el restaurante La Lupita y gimnasios.

Hasta ahora, Anaya niega haber recibido fondos cuyo origen tienen relación con el blanqueo de capitales, no obstante, sus explicaciones no han convencido.

Oposición respalda en Senado a Corral

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La oposición en el Senado de la República mostró su respaldo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y reprochó que el Partido Revolucionario Institucional haya frenado una discusión en el pleno sobre el Mandatario.

En el patio de la Cámara alta, legisladores del PAN, PRD y el bloque PTMorena recibieron a Corral, quien acusa al Gobierno federal de encubrir a su predecesor, el prófugo César Duarte.

El coordinador panista Fernando Herrera; Manuel Bartlett, del bloque PT-Morena; y Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, así como la independiente Martha Tagle, hablaron en favor del Gobernador.

Bartlett hizo el mismo llamado, pero al coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa, y acusó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de incumplir el acuerdo firmado con el Gobernador de Chihuahua.

En tanto, Corral informó que hoy presentó un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, por la resolución judicial que ordenó llevar al fuero federal el proceso que inició la Fiscalía de Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del PRI, por desvío de recursos.

En ese sentido acusó al Gobierno federal de encubrir a César Duarte, ex Gobernador prófugo que se presume que está en Estados Unidos.

“No sólo chicanean el proceso de extradición de César Duarte, lo protegen y, como ustedes saben, la propia PGR lo ha exonerado de varias de las acusaciones que se le presentaron hace más de tres años”, planteó.

El Gobernador agregó que el foro anticorrupción que anunció el domingo en una asamblea en la ciudad de Chihuahua se realizará en aquel estado el 18 y 19 de mayo.

Ahí, especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos e intelectuales discutirán casos como el de Chihuahua, pero también el caso de la Casa Blanca, el de Odebrecht, el de OHL, el tren México-Querétaro y el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

Aunque apoya abiertamente a Ricardo Anaya rumbo a la Presidencia, Corral rechazó que el movimiento que encabeza en exigencia de justicia tenga tintes electorales.

Le saca PGR a informar de caso Odebrecht

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Esta mañana el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) evitó dar a conocer el estatus de la investigación del caso Odebrecht, argumentando que es información reservado.

Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, informó que la PGR le notificó que solamente la víctima y el imputado pueden tener acceso al expediente, por lo que estaba impedido legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA, envió un exhorto a la PGR para que se diera a conocer el estado de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y informara si seguía abierta o cerrada y de ser la primera opción, se diera un estimado de cuanto tiempo más tomaría la investigación.

Salgado informo que la PGR remitió al Comité los boletines de prensa que ha emitido, para señalar que la investigación sigue abierta, y que en cuanto al tiempo que estuviera abierta la investigación, no había fecha definida, ya que aún faltaban actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público.

En diciembre de 2016 directivos de la empresa brasileña Odebrecht admitieron haber dado 10.5 millones de dólares al entonces Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a cambio de contratos con la paraestatal.

#Verificado2018: “Falso que el INE evalúa retirar la candidatura a gobernador de Cuauhtémoc Blanco”

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La información que indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa retirar la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, tras investigar si recibió un soborno de siete millones de pesos, es falsa.

Si bien es cierto que, en agosto de 2016, la periodista Denisse Maerker presentó una investigación que vincula al exfutbolista con la firma de un contrato por siete millones de pesos para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD), la investigación sigue en proceso en el INE desde entonces.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE abrir una investigación al respecto. Verificado 2018 solicitó al INE conocer el estatus de la investigación, sin embargo, declinó dar mayor información por ser un proceso abierto.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta también con una carpeta de investigación en contra de Blanco, en la que se investiga si tenía dos credenciales de elector con residencias distintas, dijo el titular de la fiscalía, Héctor Díaz Santana, durante una gira por Morelos.

Algunas notas periodísticas aseguran que existe una segunda carpeta vinculada al pago de los siete millones de pesos, sin embargo, Lizbeth Pérez, miembro de comunicación de la Fepade, dijo a Verificado 2018 que la institución no ha hecho pública ninguna información sobre dicha investigación.

En caso de que alguna autoridad electoral determine que Cuauhtémoc Blanco incurrió en un delito, esto no afectaría su candidatura a gobernador, ya que los delitos por los que se le investiga ocurrieron durante la campaña para presidente municipal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, en septiembre de 2013, que los ciudadanos tienen garantizados sus derechos político-electorales siempre y cuando no estén privados de su libertad por un proceso criminal. Por esta razón, mientras Blanco se encuentre libre podrá continuar como candidato a la gubernatura de Morelos.

El 30 de marzo, el IMPEPAC avaló la candidatura a la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco por la coalición Morena-PES-PT.

(Fuente: Verificado 2018 y Yuriría Ávila)

Daños Colaterales

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Balazo: La guerra que empezó Felipe Calderón y continúa Enrique Peña Nieto ya se ha cobrado 250 mil muertes

Es la 1 de la mañana del domingo 25 de marzo, Efraín, su esposa Nellely y sus hijos viajaban por la carretera Nuevo Laredo – Piedras Negras. ¿Qué hacían viajando a esa hora? ¿Hacia dónde se dirigían? ¿De dónde venían? No se sabe y no importa, porque su viaje fue interrumpido por una ráfaga de balazos que acabó con las vidas de Nellely y dos de sus hijas de 6 y 4 años. 

Fueron alcanzados por balazos producto de un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado y elementos de la marina. En una primera instancia, la marina negó que hubiera civiles muertos en los enfrentamientos, después aceptó las muertes. Los rumores corrieron como reguero de pólvora y se acusaba a la marina de haber asesinado a la mujer y las dos niñas.

Rápidamente la Semar se deslindó de los hechos, argumentando que en un primer reporte, las balas de la camioneta no correspondían con las que utilizaban. Incluso llegaron a declarar que lo dicho por la familia correspondía más a un interés particular que a la verdad absoluta. “Se ha convertido en una especie de negocio el ser víctima… porque se les indemniza con cantidades millonarias, bueno víctimas entre comillas, patrocinadas por las ONG que se reparten esa indemnización” señaló Juan Velázquez, asesor legal de la marina.

Y mientras Efraín lloraba a su esposa y a sus dos hijas muertas, la PGR realizó peritajes que determinaron la responsabilidad de la marina. Anselmo Sánchez, titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, señaló que con base en los indicios de índole balístico, los civiles fueron alcanzados por las balas disparadas desde el helicóptero que emplearon las fuerzas navales contra el grupo delictivo. 

Matizando los hechos, la PGR acusa y excusa a la Secretaría de Marina. La acusa porque la responsabiliza de sus muertes, la excusa porque cataloga a las víctimas como bajas causales, “iban pasando por ahí”. Daños colaterales les dicen, víctimas de una guerra que no se justifica, de una estrategia que no existe. Este fuego con fuego que llevamos teniendo 12 años ya se cobró cerca de 250 mil muertes, muchas de ellas inocentes, como Nellely y sus dos pequeñas.

¿Hasta cuándo vamos a seguir con una guerra que solo cobra víctimas y no presenta resultados? ¿Hasta cuándo vamos a dedicarnos a verdaderamente atacar las raíces de la violencia? El abandono de los jóvenes, de los pobres, incluso de aquellos que no ven otro camino más que delinquir. La irresponsabilidad de gobiernos que prefieren contar balas y muertos.

Esos daños colaterales tenían familias, como tú, como yo, ahora fueron Nellely y sus dos niñas, hace 8 años fueron Jorge y Javier, mañana puede ser alguno de nosotros. Las víctimas seguirán en la medida en la que dejemos todo a una estrategia de sangre y de plomo, de ojo por ojo y bala por bala.

Anaya revela documentos sobre nave industrial en Querétaro

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El candidato de la alianza “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, hizo públicos los supuestos documentos sobre el negocio de la nave industrial en Querétaro que se presume vendió en 54 millones de pesos a  Manuel Barreiro Castañeda, quien es investigado por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con una carta dirigida a la opinión pública, Anaya explicó que se le acusa de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y venderlo en 54 millones de pesos,  con una presunta ganancia de 44 millones de pesos.

Para argumentar la compra-venta, el panista decidió compartir los documentos que presumiblemente comprueban que todo los trámites fueron legales, aunque a uno de los cuatro documentos subidos a la red no es posible acceder.

Incluso, Anaya Cortés exhortó a que las autoridades escudriñen la información y adelantó que rectificará cualquier información si es necesario.

Anaya ha estado en el centro del huracán y un empresario, Manuel Barreiro Castañeda, parece provocar la mayoría de los remolinos. Es involucrado en el escándalo de supuesto lavado de dinero de la una empresa Juniserra S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya.

El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer a mediados de febrero que entre 2016 y 2017, el empresario queretano contrató a sus clientes, de quienes se reservó su identidad, para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.

La empresa de Ricardo Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos.

 El litigante acusó que para ocultar el origen del dinero y al beneficiario final (Ricardo Anaya), el empresario queretano encargó a sus clientes construir un esquema en donde se utilizaran empresas fachada en diferentes países.

La PGR dijo que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”.