La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

Comparte este artículo:

No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

Comparte este artículo:

Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

Dimes y Diretes: “Palmarito: Si, fue el Estado”

Comparte este artículo:

Desde ya hace varios meses el tema de los huachicoleros en el estado de Puebla y a nivel nacional ha ido tomando relevancia. Los huachicoleros son grupos que se dedican a extraer combustibles de Pemex de forma clandestina, ciertamente representan una pérdida de dinero grave para el país, se habla de casi 2 mil millones de dólares anualmente, pero lo que sucedió el Palmarito, llego a otro nivel.




Según videos proporcionados por el Diario Cambio, el ejército mexicano realizó una ejecución extrajudicial mientras se encontraba realizando un operativo contra los famosos huachicoleros. La ejecución, según se puede apreciar en uno de los videos que más ha estado circulando en las redes sociales, fue mientras la persona ya estaba sometida por el ejército y se encontraba en el piso.

No hay forma de justificar la ejecución, no hay forma de que el ejército se deslinde de la misma, hay video, hay pruebas, no hay mucho que investigar. Algo que justamente está haciendo en estos momentos la PGR, pero ¿quién puede confiar en sus investigaciones? No han podido resolver el caso de Ayotzinapa, su titular en ese entonces, Murillo Karam, habló de una “verdad histórica” que ha faltado de veracidad y de pruebas. Sin olvidar los dos casos de asesinatos extrajudiciales que ha protagonizado el ejército en Tlatlaya y Tanhuato.




¿Qué no se da cuenta el Ejército Mexicano que el país está en una crisis? ¿No se da cuenta que tenemos a candidatos que lo acusan de asesino? Claramente nuestras fuerzas armadas ignoran lo que sucede en el país y los cuestionamientos que hay en su contra. Por esto, y muchas otras razones, me veo obligado a decir, si fue el Estado.

¡Ahí Se Leen!

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”