EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Inversión en Capital Humano

Una de las principales características de los países desarrollados es su elevado nivel de capital humano. Los gobiernos de estas naciones destinan una gran parte de su presupuesto al sistema educativo. Esta inversión pública está acompañada de la inversión que realiza el sector privado para mantener capacitados y en continuo proceso de aprendizaje a los colaboradores de sus organizaciones. La evolución y transmisión del conocimiento es parte fundamental para elevar la productividad en los países.

En los últimos años nuestra nación ha incrementado su nivel de capital humano, sin embargo aún queda mucho por hacer. Para alcanzar el nivel de productividad que actualmente tienen los países más desarrollados es indispensable contar con personas capacitadas, que no solo adquieran el conocimiento sino que sean capaces de producirlo. Esta es una tarea que compete tanto al gobierno como a las empresas. Hoy en día el sector privado necesita que la población tenga conocimiento de áreas muy particulares, lo cual será posible alcanzar si las empresas contribuyen con los recursos necesarios para que sus trabajadores adquieran este tipo de educación.

Para alcanzar el nivel de productividad que actualmente tienen los países más desarrollados es indispensable contar con personas capacitadas, que no solo adquieran el conocimiento sino que sean capaces de producirlo.

El gobierno, a través de su sistema educativo, siembra las bases necesarias para desarrollar habilidades y fomentar la transmisión del conocimiento, pero es a través de la capacitación continua que las personas incrementan su productividad. El conocimiento no es estático, evoluciona día con día, y como país queremos formar parte de esta evolución. La educación y capacitación de nuestra población es la mejor forma de fomentar el crecimiento y desarrollo económico de México.

En los últimos años el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por impulsar la economía de nuestro país, por lo cual ha gestionado una serie de reformas estructurales que pretenden reactivar sectores claves. La reforma educativa, energética, de telecomunicaciones, de competencia económica y laboral son algunas de las 11 reformas impulsadas por este Gobierno. La implementación de cada una de ellas requiere que la población no solo sepa en qué consisten, sino que tengan el conocimiento y desarrollen las habilidades para poder aprovechar las nuevas oportunidades que estas reformas traen consigo. Esta es una tarea que deben llevar a cabo conjuntamente el sector público, el sector privado y la población.

En los últimos años el gobierno ha … gestionado una serie de reformas estructurales que pretenden reactivar sectores claves… La implementación de cada una de ellas requiere que la población no solo sepa en qué consisten, sino que tengan el conocimiento y desarrollen las habilidades para poder aprovechar las nuevas oportunidades que estas reformas traen consigo.

La capacitación continua es una responsabilidad de todos. No podemos conformarnos con un nivel mínimo de educación si queremos incrementar el ritmo al que crece nuestra economía. Los recursos económicos aplicados a desarrollar y transmitir el conocimiento son una inversión que se verá reflejada en el incremento en la productividad de nuestro país.

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“EL TALÓN DE AQUILES”: EL ROL DEL PROFESOR TERCERMUNDISTA

Siempre recordaré mi primera clase de maestría, cuando el profesor de metodología, al abordar tópicos relacionados al desarrollo de las ciencias, indicó que la diferencia entre los estudios de grado (bachillerato y licenciatura) y de post-grado (maestría y doctorado) es la siguiente: en el primer caso seguimos siendo consumidores de conocimiento, mientras que en el segundo nos convertimos en productores. El contraste, que no solo se aplica a la Ciencia Política sino al conocimiento en general, no es mínimo; tiene implicaciones en complejos procesos sociopolíticos de África, América Latina, y en otras latitudes del mundo. Desearía hoy salirme del comentario de actualidad tradicional para atraer la atención sobre un tema tal vez no muy de moda, pero sobre el cual debemos reflexionar si lo que deseamos es heredar a las generaciones futuras un mejor mundo que en que nos tocó vivir: se trata del rol del profesor, en concreto del de Ciencia Política, particularmente en los países en vías de desarrollo. Procedo en dos tiempos: primero delineo lo que necesitamos y luego explico por qué no somos capaces de producirlo.

¿Somos capaces de producir el conocimiento científico que nuestros países necesitan? … ¿Somos los profesores de Ciencia Política en los países en vías de desarrollo capaces de producir o adaptar instrumentos conceptuales para entender mejor las realidades que nos rodean?

Importar conceptos pensados para otras realidades. Los conceptos elaborados por europeos y estadounidenses se aplican más o menos bien a otras realidades. Algo muy corrupto en Alemania puede no serlo en México; lo que es inestable en Latinoamérica, puede ser estable en África; y nuestros regímenes políticos, menos autoritarios que los de antaño, no son tan democráticos como los de otros países. El problema de la comparabilidad de contextos diferentes es mayor, pues si aceptamos que todo es único, que nada se compara, no podríamos identificar regularidades que nos permitan comprender nuestro mundo. No podríamos entonces hacer “Ciencia” y, por lo tanto, como decía un buen amigo, más que “Ciencias Políticas”, estaríamos ejerciendo “Fiestas Políticas”. Este es de hecho uno de las grandes cuestiones de los estudios comparados: ¿Pueden los conceptos viajar? ¿Podemos crear nociones válidas en diversas realidades? El debate sigue su curso, y no es mi objetivo zanjarlo aquí. Mi punto es que si queremos comprender mejor nuestro mundo, debemos generar nuestros instrumentos de medición, o al menos adaptar los existentes con la rigurosidad necesaria para garantizar la exactitud de nuestras mediciones.

Consecuentemente, como sociedades, debemos invertir en investigación y desarrollo (I+D), y esto aplica no solo a las “ciencias duras”, sino a todas las ramas del quehacer humano: la cultura, las artes, y por supuesto, a las Ciencias Sociales. Estoy convencido que vista con seriedad, la Ciencia Política puede ser más difícil que otros saberes más “exactos”, pues el arte de interpretar con precisión al zoon politikón, depende del control que podamos ejercer sobre factores aleatorios y subjetivos. Por ello, una de mis preocupaciones siempre ha sido enseñar a trabajar con meticulosidad, con el mayor de los respetos por nuestra profesión. Y esto lleva a preguntarnos: ¿Somos capaces de producir el conocimiento científico que nuestros países necesitan? O, para expresarlo en los mismos términos de la pregunta inicial: ¿Somos los profesores de Ciencia Política en los países en vías de desarrollo capaces de producir o adaptar instrumentos conceptuales para entender mejor las realidades que nos rodean? Mi respuesta, más allá de las excepciones que por suerte siempre encontramos, es negativa. Y ello se debe principalmente a tres factores que explico a continuación, y que nos relegan a una posición de consumidores de Ciencia Política.

… no solo nuestros países no invierten para crear lo que necesitamos, sino que la élite intelectual es cooptada por los países desarrollados, que ofrecen medios más favorables para el desarrollo profesional.

Producir vs. consumir. El primer factor que condena al profesor tercermundista a un rol de consumidor, es la presión en la carga de enseñanza a la cual es objeto, sobre todo si el mismo se desenvuelve en universidades privadas cuyas finanzas dependen exclusivamente de los ingresos provenientes de las colegiaturas. Con una asignación equivalente a ocho, a veces a diez cursos anuales, los cuales se adicionan a responsabilidades administrativas, de representación institucional, y de investigación aplicada (consultorías pagadas por clientes según un esquema que privilegia la privatización del conocimiento), es difícil, como intelectual, hallar el tiempo para leer, reflexionar, diseñar, financiar, implementar, redactar, y publicar, investigación innovadora. Con un poco de suerte, podremos tal vez testar teorías, pero no con la rigurosidad requerida dadas las múltiples distracciones a las que somos objeto. En los países primermundistas, enseñar lo que investiga no solo es posible sino que no es excepcional, como sí lo es en el ambiente universitario privado latinoamericano.

Estoy convencido que vista con seriedad, la Ciencia Política puede ser más difícil que otros saberes más “exactos”, pues el arte de interpretar con precisión al zoon politikón, depende del control que podamos ejercer sobre factores aleatorios y subjetivos.

El segundo factor, el cual afecta de sobremanera a algunas universidades públicas, tiene que ver con la politiquería. Ninguna entidad de educación superior, privada o no, del norte o del sur, está exenta de la política mal entendida; es decir, del trueque de favores y de las adulaciones interesadas, pero sus consecuencias son más significativas en las escuelas de Ciencia Política tercermundistas. Para nadie es un secreto que partidos políticos tradicionales pueden insertar en las aulas universitarias sus esquemas clientelistas para reclutar profesionales, profesores y estudiantes, bajo la promesa de trabajos estables bien remunerados. Lo que deberían entonces ser núcleos generadores de cambio se convierten en máquinas de propaganda para explicar lo inexcusable y para defender estructuras anacrónicas que ahogan la innovación que necesitamos. Mientras las universidades públicas de nuestros países sigan siendo presa de los tentáculos de la politiquería–y aquí no estoy obviando el hecho que las estadounidenses (y de otras latitudes) no puedan ser presa de intereses corporativos–difícil será que produzcan conocimiento científico válido que nos permita cambiar hechos sociales tan reprochables como las inexcusables brechas de desigualdad, los insoportables niveles de pobreza, y los insultantes grados de corrupción.

Tercero, el especialista que busque alcanzar la excelencia, deberá inmigrar a donde están las oportunidades. Es decir, no solo nuestros países no invierten para crear lo que necesitamos, sino que la élite intelectual es cooptada por los países desarrollados, que ofrecen medios más favorables para el desarrollo profesional. Lo confieso, me considero cómplice de esta fuga de cerebros desde 1997, cuando salí de Costa Rica para radicarme en Canadá. Y aunque en estos últimos años alguna contribución habré hecho en México, sigo pensando que mucho más útil serían mis contribuciones en Centroamérica. Estas condiciones, lejos de ayudar a producir conocimiento en nuestros países, lo obstruyen y nos condenan a nosotros, los profesores de ciencia política, a ser espectadores, consumidores pasivos, cuya principal función es repetir lo que otros propusieron. ¿Sabe usted que la mejor biblioteca sobre la intervención de Naciones Unidas en El Salvador se encuentra en… Nueva York?

Para nadie es un secreto que partidos políticos tradicionales pueden insertar en las aulas universitarias sus esquemas clientelistas para reclutar profesionales, profesores y estudiantes, bajo la promesa de trabajos estables bien remunerados.

Cosas en las que debemos pensar para mejorar. El profesor que solo enseña y no investiga, pierde competitividad, y con él su país, pues se priva del ejercicio y desarrollo de destrezas que habría podido poner al servicio del tan necesitado desarrollo. Eso es cierto en las ciencias duras, y también en las sociales. Hoy, la riqueza es producto de la innovación patentada. Nuestros gobiernos lo saben, y por ello destinan sumas crecientes a I+D. Pero la brecha entre los países tercermundistas y las economías desarrolladas es inmensa. Además, habría que ver cuánto de esos recursos se destinan a la I+D en Ciencia Política; sospecho que el porcentaje varía entre lo raquítico y lo inexistente. Claro, el tema del lugar de las Ciencias Sociales en nuestras sociedades–el neoliberalismo ha tenido profundos efectos sociales, entre ellos la impresión de que las artes y las humanidades no sirven para nada porque no son rentables en el sentido mercantilista del término–es complejo y amerita no uno, sino varios artículos. Valga por ahora mencionar que mientras nuestros países no inviertan en I+D, seguirán generando menos riqueza; y mientras sigamos siendo consumidores, mientras estemos obligados a emigrar para ser productores, mientras estemos expuestos a sobrecargas académicas excesivas o a lógicas politiqueras, será muy difícil que podamos contribuir a generar lo que necesitamos para lograr el cambio. Decía un buen amigo que la función del “académico” no es seguir las tendencias, sino orientarlas. Que así sea entonces, empezando por esta tribuna.

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