OCDE

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

by Kristian Macías
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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.

La Política Nacional Anticorrupción y los derechos humanos

by Samuel Ramírez Mejía
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El 29 de enero del 2020 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA o la Política). Si bien la propuesta de PNA se presentó desde diciembre del 2018, los resultados de las elecciones de ese año muy probablemente postergaron su aprobación hasta un año después. La presente colaboración se centrará en explicar por qué considero que se vislumbra una señal esperanzadora para el enfoque de derechos humanos (EEDH) en la recién aprobada Política. 

En primer término, considero muy positivo que en la PNA se reconozca claramente en el árbol del problema de la corrupción en México que la consecuencia final de la corrupción es la restricción en “(…) el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.” (174-5). Sin duda, este es un avance significativo. Más aún cuando uno de los cuatro principios transversales de la Política lo constituyen los Derechos Humanos (177-8). En unos breves párrafos se expresa el cada vez mayor consenso que existe acerca de la vinculación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Además, identifica la posible vulneración de los derechos a la salud y a la educación en trámites y servicios en los cuales se presenten conductas de soborno y cohecho (178) y enfatiza, lo que es muy acertado desde el EEDH, que la afectación a los bienes y servicios protegidos por dichos derechos es mucho más grave en las poblaciones em situación de vulnerabilidad (178); este reconocimiento está, sin duda, alineado a colocar como un objetivo central de las políticas con EEDH “(…) a los grupos que se encuentran en situación de desventaja en términos del acceso a los derechos.” (CIDH 2019: 190).

En segundo lugar, es también positivo y esperanzador para el empoderamiento de las personas víctimas de la corrupción, la inclusión de los derechos humanos en las prioridades de política pública. Así por ejemplo, en la prioridad número 22: “programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción” (187); en la prioridad número 31 se hace mención de “una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género…” (189), lo cual, indudablemente, se articula con el principio de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad contemplado por la CIDH (2019: 193; 2018: 30-2); y en la prioridad número 40: “Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en mtaeria de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos” (190). Además de esto, resultan muy positivas para un EEDH las acciones sugeridas en el Anexo 3 de la Política. En primer término, las acciones relacionadas con las víctimas de la corrupción: “Fomentar el desarrollo de una estrategia para resarcir el daño de víctimas por hechos de corrupción, bajo un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos” (3); así como “[a]segurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e integridad para (…) víctimas, así como sus familiares, (…) al igual que de su situación laboral” (6). Y, con relación a la prioridad 31, son de destacarse las acciones sugeridas siguientes: “Definir brechas y estrategias de involucramiento social en el combate a la corrupción (…)” y [g]enerar mecanismos de participación para grupos en situación de vulnerabilidad; estas sugerencias de actividades refuerzan, a no dudarlo, el principio de una política anticorrupción con EEDH relativo a la participación e inclusión social (CIDH 2019: 191).

A pesar de estos avances, me he referido a que estas aportaciones solamente vislumbran el EEDH en la Política, porque, si bien se moviliza un marco teórico de libros y artículos de una de las referencias académicas de las políticas con enfoque de derechos humanos y de la corrupción y los derechos humanos, Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO México), no se aprecian en el marco teórico de la PNA referencias expresas a los documentos de la CIDH que he citado en estas colaboraciones (2019; 2018); además, tampoco hay consulta ni referencia a otro documento pionero en el tema: Corrupción y derechos humanos, autoría de Anne Peters (2015). Por otro lado, si la metodología para el diseño de políticas con EEDH implica, en primer término, la identificación y el desempaque de los derechos, no se explica por qué en la PNA únicamente se mencionan las Convenciones directamente relacionadas con la corrupción (Interamericana, OCDE y Naciones Unidas), pero no se hace uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador), de la Convención de Belem do Pará, etc. La respuesta a esto tal vez la encontremos en lo expresado el día de la aprobación de la Política por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Dra. María de la Luz Mijangos: “A mí me gustaría ver en las modificaciones o ajustes (…) que en la futura política anticorrupción hubiera un hilo conductor que la vincule con los derechos humanos.  Por ejemplo, cómo priorizar los casos en lo que la corrupción afecta a comunidades en situación de pobreza, en los que la corrupción genera violencia contra las mujeres, en los que la corrupción es detonante de la violación a los derechos humanos de los migrantes. (Versión estenográfica: 22-3).

En todo caso, las señales positivas de la PNA con EEDH que resumí, además de que una persona integrante del Comité Coordinador exprese la necesidad de incluir completamente el enfoque de derechos humanos en la Política Nacional Anticorrupción, es, a no dudarlo, una noticia esperanzadora para estructurar plenamente la metodología del enfoque de derechos humanos en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción ahora en curso de diseño. Además, para reconocer en todos sus efectos irradiadores en el ciclo de la política anticorrupción en México los efectos nocivos que la corrupción produce en el goce y disfrute efectivo de los derechos de las personas que transitan o residen en nuestro país. 

Esperemos que muy pronto, tanto el talento que existe en los órganos del SNA y de los sistemas locales anticorrupción, como las alianzas con las Comisiones de Derechos Humanos, con instituciones académicas, con organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, la alianza con las víctimas de la corrupción, permitan dar pasos acelerados hacia la completa aceptación del siguiente principio: “[L]los derechos humanos no son elementos complementarios de las políticas públicas sino el núcleo y razón de ser de la acción estatal.” (CIDH 2018: 48).

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

PETERS, Anne. 2015. Corrupción y derechos humanos. S.l.e.: Basel Institute on Governance.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Anexo 3. Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA. Aprobadas el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA llevada a cabo el 29 de enero del 2020. Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/Versi%C3%B3n_Esteno_1a_SO_CC_2020.pdf (consultada el 10 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

Gobierno oculta muertes en CDMX por COVID-19: New York Times

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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De acuerdo a fuentes de información “confidencial” consultados por el medio estadounidense, el gobierno de la capital mexicana no estaría informando “de cientos, posiblemente miles de muertes” causadas por Covid-19.

De acuerdo al diario, a través de un análisis y entrevistas difundidas hoy, “médicos de los abrumados hospitales de la Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia”.

Mientras tanto, los funcionarios de la Ciudad de México indican que “bastante más de 2 mil 500 muertes” son las posiblemente causadas por este virus y otras enfermedades respiratorias de las que sospechan. “El gobierno federal informa sobre unos 700 decesos” en Ciudad de México y su metrópolis.

Hasta el jueves pasado, el Director General de Epidemiología informó que se tenían 29 mil 616 casos confirmados, de los cuales 7 mil 802 eran activos y 2 mil 961 han fallecido. Además, cifró en 18 mil 812 los casos sospechosos y en 68 mil 783 los negativos.

Por su parte, el New York Times comenta que “el gobierno mexicano ha reportado menos de 3 mil muertes confirmadas por coronavirus, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país de 120 millones de personas. Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real“, esto debido a la poca realización de pruebas.

Solamente 0.4 de cada mil mexicanos se hace la prueba “de lejos, la proporción más baja entre las decenas de naciones de la OCDE, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas“.

Se afirma también que el gobierno mexicano ha denegado sus solicitudes durante tres semanas para identificar todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, “aduciendo que los datos estaban incompletos“.

En el diario, el reportero de investigación Azam Ahmed escribe que: “Con una cantidad tan limitada de pruebas y dudas sobre los modelos del gobierno, los expertos dicen que los cálculos federales de cuándo el país alcanzará su punto máximo, cuánto durará la epidemia y qué tan grave será el daño pueden no ser confiables“.

De acuerdo a sus fuentes, demás críticas han llegado, siendo que destacan que existe “un rezago de dos semanas en los resultados oficiales”, así mismo, las muertes sospechosas de padecer el virus no son incluidas en los datos, así mismo, existe comparativos con otras ciudades donde las medidas de confinamiento no son opcionales, y finalmente, se destaca la existencia un modelo que estima un fuerte aumento de las infecciones seguido de un fuerte declive, sin que en “casi ningún otro país del mundo ocurriese una disminución rápida tras un pico“.

Con información de La Jornada

Pide OCDE a realizar más pruebas de COVID-19

by Redacción
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió a los países miembros realizar más pruebas de COVID-19, esto tras actualizar los datos del número de pruebas por cada mil habitantes realizado en cada país, donde quedo demostrado que México hace 0.4 pruebas por cada mil habitantes.

El secretario General del organismo, Ángel Gurría, aseguró que se está registrando un “aumento significativo” de diagnósticos en los 36 países que confirman la OCDE.

“Aumentar la capacidad de diagnóstico es crucial para las estrategias de desconfinamiento y reducir el riesgo de nuevos picos”, señaló Gurría.

Islandia y Luxemburgo se encuentran a la cabeza de las cirfras, ambos hacen 134.9 y 64.6 pruebas, respectivamente, por cada mil habitantes.

Nuestro país se encuentra por detrás de otros países como Chile (8.1), Francia (9-1), Reino Unido (9.99) o Estados Unidos (15.6). Los datos de la gráfica ofrecida por la OCDE vienen de la página web Our World in Data, que recoge los datos ofrecidos por los distintos ministerios de Sanidad y otros organismos sanitarios oficiales.

COVID-19 y el Derecho de Acceso a la Salud

by Rene Ramírez
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La situación del Coronavirus en nuestro país ha posicionado en el debate público,  a uno de los problemas más graves del Estado mexicano: la desigualdad, ineficacia y situación del sistema de salud público en México. Como he escrito en mis anteriores textos, hablar de Coronavirus es también hablar de desigualdad, y un ámbito sumamente visible es la estructura del sistema de salud y cómo impacta en este derecho de humano. Nuestro Sistema de Salud, tal y como lo conocemos, es creado en 1943 y comprende de dos sectores generales: el público y privado. La configuración actual, no garantiza un acceso y servicios de salud de calidad para toda la población, ya sea desde el sistema universal como el de los derechohabientes del seguro social. Esto no es nuevo, es un problema profundo de las instituciones del sistema de salud pública, y se debe en gran medida la denominada fragmentación, que se configura tanto jurídica como institucionalmente, generando una serie de inequidades, ineficiencias y rezagos en el acceso a dichos servicios. Ello ocasiona una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017).

Si vemos las cifras históricas, tan sólo en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo con datos de la OCDE, la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. 

En términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, según los Estudios sobre los  Sistemas de Salud (OCDE, 2016), obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica , poniendo incluso en peligro la subsistencia   financiera de dicha  familia. 

La desigualdad es otro tema preocupante, ya que según datos de la Fundación W.K Kellog, a pesar de que en México existen 8 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño no indígena, y si bien, a nivel nacional hay una unidad médica por cada 2 mil 645 mexicanos, en estos municipios sólo hay una por cada 3 mil 445 habitantes, lo que deja ver la gran brecha de servicios de salud en comunidades habitadas por pueblos indígenas. En un nuevo texto publicado en Nexos por Mariana Campos y Xhail Balam de México Evalúa, uno de los problemas principales en este rubro ha sido la mala aplicación del gasto público, y ello es totalmente visible en las desigualdades del acceso y calidad, ya que el 33% del total a nivel nacional de las unidades de tercer nivel de atención se ubican en la CDMX, evidenciando una distribución poco equitativa del presupuesto de salud en relación con otras entidades federativas, las cuales cuentan con un menor número de unidades de segundo y tercer nivel. De igual manara, como señalan Campos y Balam, “México destaca, dentro de los países de la OCDE, por tener infraestructura hospitalaria y recursos humanos insuficientes en el sector salud”, ya que nuestro país está “28 % por debajo del promedio de médicos y 68 % del promedio de enfermeras, y el promedio de médicos en estos países por cada 1 000 habitantes es de 3.4, y 8.7 de enfermeras”, que en comparación en México “tenemos 2.4 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1 000 habitantes”. 

Todo este escenario de nuestro sistema de salud público, sumado a una contingencia sanitaria como la actual, nos obliga a poner especial énfasis en la formulación de políticas públicas para resolver la dura y dolorosa realidad  de la salud en México. Porque si bien, existen profesionales de la salud comprometidos, dedicados y altamente capacitados, en la mayoría de los casos laboran en condiciones adversas que no deben ser permitidas ni toleradas ni normalizadas. Por ello, las autoridades mexicanas deben recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en el caso Yanomami Vs. Brasil, donde declaró la obligación de los Estados a formular medidas oportunas y eficaces para preservar la salud y el bienestar, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 permite la justiciabilidad de los derechos sociales, y el art. 10 del Protocolo de San Salvador el derecho a la salud. En ese sentido, el máximo órgano de justicia en materia de derechos humanos del continente,  ya ha establecido que la salud  va mas allá de una simple garantía, ya que debe ser ejercida y no quedarse en una simple voluntad política sino en responsabilidad esencial constante. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el art. 4to de la Constitución, no sólo establece un derecho de acceso a la salud en nuestro país, sino que el sistema de salud debe procurar un bienestar físico y mental, y “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud” (Amparo en Revisión 251/2016) porque en ningún momento se trata de cumplir a medias, sino de subsanar totalmente la necesidad, como bien resolvió nuestro máximo tribunal, el cual ha precisado que el derecho a la salud en México tiene una “doble dimensión: una privada y una púbica”, ya que una persona en un determinado caso puede exigir el cumplimiento a dicho derecho, y la segunda es la generación de las condiciones por parte del Estado, “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud” (Amparo  en Revisión 237/2014), siendo en este último donde podemos  enfocar la obligación a mejorar  el sistema de salud, ya que si revisamos los precedentes de la Corte, nos daremos cuenta del énfasis para “tutelar el máximo umbral posible de protección del derecho a la salud” (Ortiz Mena, 2017), y en una verdadera responsabilidad de establecer al derecho a la salud, no  como un derecho humano de papel cuyo cumplimento puede estar sujeto a una visión política, sino todo lo contrario. 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH emitió la Resolución 1/2020 para el enfoque de derechos humanos ante dicha contingencia sanitaria, en su Inciso B)  apartado I,   se le menciona a los Estado la efectividad  de este derecho, para que transite del papel a la realidad. Una crisis de salud como la actual, nos hace ver la dimensión del problema y su enorme deuda histórica. Los fenómenos de desigualdad y limitaciones en nuestro sistema público de salud ha nsido normalizado por todos, y son cientos y miles de casos y nombres y personas que se han perdido en los claroscuros del sistema público,  pero es hora de cortar esta situación cíclica que va de sexenio en sexenio. En palabras de Arthur Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”. 

Piden empresarios medidas fiscales especiales ante emergencia por COVID-19

by Redacción
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó al Gobierno federal medidas fiscales especiales durante el tiempo que dure la epidemia por COVID-19 en México.

A través de un comunicado, el organismo empresarial reconoció a los Gobiernos federal y estatales por las medidas que han implementado para enfrentar la contingencia, con las cuales se pretende preservar la salud de los mexicanos.

No obstante, piden considerar a los contribuyentes ante las afectaciones que las medidas dejarán en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas.

Aunado a ello, hacen un señalamiento a las dificultades a las que se han estado enfrentando con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.

Por lo anterior, enlistan opciones como diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante  seis meses y permitir pagar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.

Otra de las peticiones es establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.

Asimismo, permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal los saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.

“Con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo”, afirmó el CCE.

El organismo recordó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica.

Entre ellas se encuentran el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos; la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis; simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA; diferimiento de pagos de impuestos y derecho a la importación de mercancías; diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores.

“Para el paquete fiscal 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria han seguido puntualmente diversas recomendaciones de la OCDE para fortalecer las finanzas públicas y disuadir la evasión fiscal.

“Por ello, consideramos que ahora deberían seguir las recomendaciones de dicho organismo para aliviar la situación financiera de los contribuyentes”, subrayó el CCE.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El virus de la desigualdad

by Rene Ramírez
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A principios de los 70s, Eduardo Galeano escribió en su obra Las Venas abiertas de America Latina que el desarrollo desarrolla la desigualdad y que es un viaje con más náufragos que navegantes. El intelectual uruguayo argumentaba que desde los orígenes latinoamericanos, ha existido una fuerte y arraigada desigualdad económica y fáctica. El conocido comúnmente como Coronavirus o COVID-19 por su nombre científico, viene a quitar nuevamente y de manera abrupta la venda en los ojos de todos sobre esa mortal desigualdad. Este virus que se esparce de manera rápida por nuestro territorio, viene a recordarnos que la desigualdad puede matar de muchas maneras, y una emergencia de salud pública es una de ellas. 

El escenario de posible propagación, forzó a empresas y gobierno a instar a todos a quedarnos en nuestros respectivos hogares, el paro de actividades económicas y la disminución de cualquier asunto no esencial. Sin embargo, esta medida puede sonar razonable en un país con ingresos justos, con una economía incluyente sin pobres y sin informalidad o para aquellos privilegiados que pueden hacer uso de las nuevas tecnologías para continuar sus labores. Sin embargo, esto es una realidad para sólo un pequeño grupo de la sociedad mexicana; porque vivimos en un plugar donde el 10%  más rico concentra el 64.4% de todo la riqueza del país (Esquivel 2015, pág. 16), porque vivimos en un país donde el 60% de la población laboral se encuentra en el empleo informal. Porque como país nos desarrollamos, pero como escribió Galeano, también  desarrollamos una desigualdad que sigue viva, que continúa creciendo, que late y late fuerte en  un  momento de suma vulnerabilidad.

Aquellos que no pueden encerrarse, no lo hacen por gusto sino por necesidad, porque el país no creció para ellos; el país no procura un sistema de salud para ellos; el país no procura un ingreso justo y las mismas oportunidades y una educación de calidad y servicios básicos. Porque aquellos que no sufrirán por el contagio del Coronavirus, sí sufrirán por el contagio del virus de la desigualdad. Esto no es nuevo, pero debido a su estructural origen, como sociedad lo hemos normalizado, porque México del periodo de 2008 a 2015, los ingresos de la clase media se redujeron en un 2% (OCDE, 2016). Esta desigualdad también tiene un componente de género, ya que las mujeres en México perciben 60% menos que los hombres  y esta brecha tardará 257 años en cerrarse (FEM, 2019).  Este problema es grave, no sólo por las implicaciones económicas y de crecimiento que esto conlleva, sino porque vemos que es una doble vulnerabilidad, ya que en esa situación de una disminución de consumo y contingencia,  las personas del sector informal y que vivan en situación de pobreza, serán las más afectadas, a pesar de que por cada 100 pesos generados en el país, 23 pesos provienen el sector informal (INEGI, 2019), lo cual nos deja ver la magnitud de esta afectación. Con esto no incentivo medidas contrarias a las señaladas por las autoridades, sin embargo, debemos dejar de normalizar la desigualdad y ver  las múltiples formas en cómo esta puede matar a millones de mexicanos. 

El quedarse en casa para combatir al Coronavirus está demostrando ser también un tema de clases, un tema de pocos contra uno de muchos, porque hablar de porcentajes es hablar de millones de mexicanos que no pueden darse ese lujo de parar porque viven día a día, porque la sociedad los ha olvidado, los ha normalizado. Vimos en un México donde 3 de cada 4 personas que hablan una lengua indígena o pertenecer a un pueblo originario, son pobres; ¿ellos como combatirán el COVID-19? ¿si el 38%  de la población indígena vive en pobreza extrema, como podrán quedarse en sus casas sin poder tener su día a día para sobrevivir y no para vivir? Como dicen vecinos del asentamiento La Guadalupana en Mérida, Yucatán: “aquí no hay compras de pánico, ni siquiera tenemos dinero”. Estos días deben de servir para que como sociedad, y en especial, para que los involucrados en la toma de decisiones públicas, reflexionen sobre cómo la desigualdad mata; cómo la desigualdad es un factor de riesgo importante en diversos escenarios como el actual. La ausencia de justicia (hasta la justicia económica) es la gran deuda de este país.

Bolsas se recuperan de pérdidas de la semana pasada

by Redacción
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Las acciones estadounidenses registraron su mayor alza en 14 meses a medida que los inversionistas ganaron confianza en que los bancos centrales de las economías más grandes del mundo actuarían en conjunto para compensar cualquier impacto de la propagación del coronavirus.

El S&P 500 se recuperó 4.6 por ciento después de la noticia de que los Ministros de finanzas y los banqueros centrales del Grupo de los Siete celebrarán una teleconferencia el martes para discutir cómo responder al brote.

Las acciones tecnológicas lideraron el repunte después de siete días consecutivos de caídas para el índice de referencia, con los responsables de la política monetaria desde Japón hasta Inglaterra uniéndose a la Reserva Federal en la promesa de tomar medidas para apoyar sus economías si es necesario.

El coronavirus ya ha causado graves daños económicos, con la advertencia de la OCDE de que el crecimiento se hundirá a niveles no vistos en más de una década, pero los inversores apuestan a que los responsables políticos tomarán medidas decisivas para limitar el dolor.

“Los mercados ya están mirando más allá de la primera mitad, mirando hacia la segunda mitad para ver si tenemos o no una recuperación de la demanda”, dijo Anik Sen, jefe global de renta variable de PineBridge Investments.

Al cierre de la jornada, el índice S&P 500 Index subió 4.6 por ciento, mientras que el Dow Jones Industrial Average ganó 5.1 por ciento. En tanto, el Nasdaq avanzó 4.5 por ciento.

En Europa, el Stoxx Europe 600 Index aumentó 0.1 por ciento, mientras que el MSCI Asia Pacific Index subió 0.8 por ciento.

(Fuente: Bloomberg)

OCDE reduce pronóstico de crecimiento de México para el 2020

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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Este lunes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) disminuyó su estimado de crecimiento para la economía mexicana para este 2020 de 1.2% a 0.7%. Esta es una reducción de 0.5 puntos respecto al pronóstico previo hecho en noviembre del año anterior. Por otro lado, para el 2021, el estimado se recortó de 1.6 a 1.4 por ciento.

En el mismo sentido, refriéndose a la economía mundial, la organización modificó su pronóstico a la baja, de 2.9%, a 2.4%, “con un crecimiento posiblemente incluso negativo en el primer trimestre de 2020“, mencionó; el motivo del ajuste es, especialmente, el brote de coronavirus, que perjudica a más de 60 países del mundo.

Resulta interesante también que la perspectiva para China, lugar de origen del virus, se encontraron en terreno negativo a 4.9%en 2020, 0.8 puntos porcentuales menos de lo estimado en noviembre. Y para Estados Unidos, el estimado para 2020 es un avance de 1.9%, 0.1 puntos menos de su pasado pronóstico.

Siendo que hacia 2021 anticipa una recuperación a una tasa de 2.1%, 0.1 puntos mejor de lo previsto en el estudio pasado correspondiente a noviembre.

Con información de La Verdad Noticias

El SAT revisará cuentas y operaciones de mexicanos señalados en Paradise Papers

by Josafat Veléz
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes que investigará los casos de los contribuyentes en México a los que se refiere en Paradise Papers.

El domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió información sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.

En los documentos se menciona a los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González son algunos de los nombres que aparecen en los documentos, de acuerdo con Proceso.

Otros mexicanos mencionados son José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, ex director de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.

Además del difunto Marcial Maciel Degollado, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil, quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.

El organismo remarcó que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario.

El 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la Séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

La documentación ha revelado cuán profundamente se enreda el sistema financiero con multimillonarios, políticos y gigantes corporativos como Apple, Nike, Uber y otras compañías globales con el fin de evitar impuestos.

Entre los involucrados en los Paradise Papers destaca la reina Isabel del Reino Unido, a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Donald Trump y sus nexos con Rusia, así como uno de los principales asesores de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y otros 120 políticos a nivel mundial, así como los cantantes Madonna y Bono, líder de la banda U2.