El afán centralizador de López Obrador

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Los 32 “superdelegados” que serán asignados a cada una de las entidades federativas representan un atentado en contra del federalismo. 

Nadie niega la corrupción e impunidad que gravita alrededor de los gobernadores. Simplemente recordemos los casos de los Duarte, Borge y compañía, algunos integrantes del llamado “nuevo PRI”, quienes son acusados de, entre otras cosas, de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. (¡La PGR sustituyó el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictiva, delito que no considera prisión preventiva para Javier Duarte!).

También es cierto que los gobernadores han sido responsables, por acción u omisión, del apuntalamiento del crimen organizado en múltiples estados. El proceso de descentralización de las últimas décadas -otorgando facultades a estados y municipios- generó un vació de poder por la fragilidad de las instituciones regionales; fenómeno que aprovecharon los cárteles. 

Empero, la descentralización no fue el problema, sino la inexistencia de sólidas y eficientes instituciones que llenaran los vacíos de poder. 

Según el proyecto del gobierno entrante, los “superdelegados” tendrán la función de supervisar los fondos federales en las entidades para evitar su desvío por parte de los gobernadores. Ello tiene implicaciones perniciosas para un sistema federal. Los delegados, quienes responderán directa y únicamente al Presidente, tendrán el capital económico y político para eclipsar la figura de los gobernadores. Existirán dos poderes rivales en cada entidad, ya que uno, por la simple naturaleza de su función, obstaculizará las acciones del otro, aun cuando formalmente se respeten las facultades del segundo. 

La figura de los delegados hace recordar a la figura de los intendentes, quienes fueron establecidos a partir de las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII. 

Después de la guerra de sucesión española (1701-1713), una nueva familia accede a la corona: los Borbones. Décadas después y con el propósito de impulsar el crecimiento económico peninsular a partir de la aceleración del saqueo en tierras americanas, los borbones ejecutaron una serie de mecanismos para agravar la relación de subordinación con la Nueva España. Además de poner en circulación los bienes de la Iglesia, expulsar a los jesuitas, restringir las inversiones de otras potencias, crear un ejército permanente y reducir la producción manufacturera de la colonia y expandir la de materias primas, las reformas buscaron limitar el poder político del virrey, la audiencia, los alcaldes mayores y los cabildos. 

Aunque algunos de los efectos de las reformas fueron positivos  -la supresión de los repartimientos de mercancías, la eliminación del poder monopólico de los comerciantes del consulado de México y la modernización de las finanzas públicas-, otros fueron nocivos para la libertad política de la nueva clase en búsqueda del poder: los criollos. 

El sistema de intendencias tuvo como consecuencia la eliminación de la autonomía del poder local. Los criollos, refugiados en los ayuntamientos después de ser desplazados de los altos cargos por los peninsulares, vieron sus intereses amenazados ante el ataque centralizador de la metrópoli. Ante ello, lideraron un movimiento violento que desembocaría en la Independencia de 1821 y configuraría la distribución del poder regional en el México post independiente con el que batalló tanto el poder central. 

Resulta poco probable que los efectos de la imposición de los 32 “superdelegados” desemboque en un movimiento similar al de hace doscientos años. Sin embargo, sería conveniente revisar la disputa histórica -colonia, época independiente, Porfiriato, periodo posrevolucionario y finales del siglo XX- entre el poder central y los poderes locales con el propósito de no cometer los mismos errores de antaño.

Esta propuesta del gobierno entrante es una de muchas otras que tienden a centralizar el poder en la figura del Ejecutivo. El próximo presidente encontró una solución para mantener también a raya a todos aquellos estados gobernados por partidos opositores.  

Los aires del presidencialismo resoplan nuevamente y el “viejo PRI” parece estar reencarnando en la persona de López Obrador. 

Diputados del PRI piden salida de Ochoa

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Monterrey N.L. (14 de febrero 2018).- Este martes, diputados federales del PRI pidieron la renuncia de Enrique Ochoa, dirigente nacional de su partido.

Los legisladores federales solicitaron a Carlos Iriarte, nuevo coordinador de bancada, que mediante un conducto se le pidiera a Enrique Peña Nieto se relevara al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), esto previo a que den inicio las campañas electorales.

A puerta cerrada, en una reunión privada en San Lázaro,en la que estuvieron al menos 30 diputados, entre ellos; coordinadores estatales y vicecoordinadores del grupo.

“Se pidió al coordinador Irarte que fuera e conducto con Los Pinos para solicitar la destitución de Ochoa. Mientras que esté ahí, no hay ánimo para trabajar y nadie está dispuesto a hacerlo”, argumentó uno de los legisladores.

“Todos hablaron de un solo tema: pedir la cabeza de Enrique Ochoa”, comentó otro.

“Los reclamos fueron tres: los priistas están renunciando y Ochoa no hace nada; no hay operación en los estados ni para la designación de candidaturas ni para cicatrizar las heridas y, o más preocupante, se dejó en claro que si esto sigue así puede darse una campaña de brazos caídos”, puntualizo uno más.