Asegura AMLO que su misión es ayudar a los pobres

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Son  más de 4 mil 500 migrantes indocumentados que por ahora permanecen en el Deportivo “Jesús Martínez Palillo” al oriente de la Ciudad de México, el presidente electo, Andrés Manuel respondió ante los cuestionamientos que se le hicieron sobre si ya tiene alguna estrategia para atender las necesidades de los migrantes cuando inicie su gobierno, a lo que respondió que si.

“vamos a apoyar mucho a la gente, al pueblo. Es nuestra misión apoyar a los pobres” aseguró.

Cabe destacar que López Obrador ha asegurado que una vez que tome posesión el próximo 1 de diciembre entregará visas de trabajo a los migrantes que deseen permanecer en el país.

El futuro primer mandatario prometió dar “todo en lo que podamos apoyarte”, a una abuela que esperó toda la tarde en las rejas de las oficinas de la transición sostenida en su andadera, para pedir apoyo al presidente electo ante el secuestro de su nieta de 16 años, cuando iba a la vocacional en la San Simón Tolnahuac. “Es una niña buena, no sabemos nada de ella. Ayúdeme”, imploró la mujer entre lágrimas.

Se esperan próximas actividades en su oficina de despacho en la colonia Roma, CDMX.

Información de MVSNoticias

 

 

 

Frenan debate sobre visita de Maduro

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Ayer en la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo para debatir la asistencia de Nicolás Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México.

Ante la solicitud de Acción Nacional de pedir que se discutiera de manera urgente la resolución, los diputados de Morena votaron en contra y fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Encabezados por el coordinador Juan Carlos Romero Hicks, subieron a tribuna con carteles con la leyenda #MaduroNoEresBienvenido.

Garfias, diputada de la cámara, aseguro que hay indignación por la visita del Mandatario Venezolano a México. Solo “ciegos mentales” no quieren ver que el “dictador” no es bienvenido, comentó.

En respuesta a Acción Nacional, los legisladores de Morena se levantaron de sus asientos para gritar “fuera, fuera”.

A lo que la legisladora con turno en la tribuna respondió: “si, fuera Maduro”.

Pablo Gómez, diputado de Morena, aseguró que la petición de Romero Hicks no era procedente porque no había duda del sentido del voto para rechazar la discusión del punto de acuerdo.

Ante la protesta insistente del PAN, y tomada la tribuna, la priista Dulce María Sauri, presidenta en funciones de la Mesa Directiva concluyó la sesión.

 

 

 

¡Por fin! Congreso aprueba Concejo Municipal de Monterrey

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Tras casi una semana de debates y acusaciones entre las bancadas que integran el Congreso Local, la noche de este lunes aprobaron por mayoría la integración del Concejo Municipal de Monterrey, mismo que presidirá el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Bernardo González.

Con 36 votos a favor y seis abstenciones, a las 21:08 horas quedo aprobada la conformación del Concejo.

Entre las seis abstenciones estuvieron las los cuatro diputados de Movimiento Ciudadano (MC), quienes acusaron imposiciones de último momento.

Luis Donaldo Colosio, coordinador de la bancada de MC, aseguró que estaban en contra del procedimiento seguido para definir al presidente del Concejo.

“El resultado final de este dictamen fue más producto de simulaciones o de imposiciones de último minuto, que después de muchos días de intenso debate, de propuestas, de diálogo, de consenso, al final de último munido y después de haber tenido un consenso de manera unánime en más de una ocasión, llegue a permear esta lista”, manifestó Colosio.

Por su parte, el diputado local del mismo partido, Horacio Tijerina, cuestionó que la propuesta de González como presidente, y consideró que hubo una “obra de teatro” para esperar a que el Secretario de Seguridad Pública compareciera reo la Glosa en la mañana.

Además, Tijerina, criticó la cantidad de puestos que ha ocupado el funcionario en los últimos meses.

“Se tarde más uno en hacer unas amiguitas con huevo que él en cambiar de cargo”.

Alberto Palomino Garza, quien aparece como concejal regidor propietario, dio a conocer que el no estaba de acuerdo en participar y reclamó que no se haya consultado a los incluidos en el Concejo para saber si querían ser parte.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a sus colegas legisladores a sumarse a la propuesta de Concejo.

“Nosotros buscamos que la ciudadanía esté atendida y que el Concejo no esté enfocado al proceso electoral, ojalá y nos sumemos todos a esta propuesta de la Comisión de Gobernación. Si bien es cierto que hay muchas lagunas legales en nuestras normas, es tiempo de trabajar en ello para que el día de mañana no entremos en más discusiones por una interpretación u otra”, dijo el panista.

Por su parte el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paco Cienfuegos, aseguró que no fue tarea fácil designar a quien hará las tareas de Alcalde, y que se buscó un perfil ciudadano, que no responda a otros intereses.

“Ha habido muchas reuniones y lo que solicitamos es que haya seriedad, que haya alguien que pudiera tomar las riendas del municipio y que sepa construir de manera imparcial lo que los regiomontanos están exigiendo”, dijo el legislador priista.

El dictamen que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Gobernación, fue leído por su Presidente, la Diputada local de Morena, Claudia Tapia.

En lo aprobado se incluyó un acuerdo que establece que el Concejo no podrá durar más de 60 días posteriores a la elección extraordinaria, y de ser necesario que siga, tendrá que ser ratificado por el Congreso.

Bernardo González acudió al Congreso Estatal a tomar protesta como Concejal Presidente a las 21:30 horas. Hoy a las 10 horas se le tomará protesta al resto de los integrantes del Concejo con la presencia de una comisión de diputados locales.

Morena perfila el monto para el presupuesto 2019 y revisión a 275 fideicomisos

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Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este domingo cuál es el presupuesto previsto para el próximo año, así como una revisión a más de 275 fideicomisos, instrumentos que los especialistas consideran opacos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de DiputadosAlfonso Ramírez Cuéllar, detalló que se prevé que el gasto neto total ascienda a 5 billones 677,200 millones de pesos, que estimó serán suficientes para financiar los objetivos del próximo gobierno. Según el legislador morenista, para esto se requerirán 982,300 millones de pesos.

Ramírez Cuéllar también aseguró que dicho presupuesto contempla los compromisos financieros de México.

“Contaremos con suficiencia de recursos para cumplir con los compromisos de ley y los nuevos programas de desarrollo. Nuestra responsabilidad fiscal está a toda prueba”, dijo.

Ramírez Cuéllar explicó que existen 341 fideicomisos con recursos por 875,207 millones de pesos sin estructura orgánica, al cierre de 30 de septiembre de 2018.

“De ellos, es necesario revisar el uso y destino de los recursos de 275 fideicomisos específicos, que suman disponibilidades por 287,891 millones de pesos”, dijo, y señaló que las inversiones prioritarias serán aquellas para dar mantenimiento a obras concluidas, para terminar obras que están a mitad de camino o para obras de impacto o trascendencia.

En cuanto a la negociación, se comprometió a que el paquete económico no se negociará con particulares y a evitar los llamados “moches”.

“Se borrará de nuestro lenguaje ‘el diputado etiquetará…’ o ‘el diputado o la diputada bajarán recursos…’, eso es sinónimo de extorsión, de ineficiencia y dispersión de recursos presupuestarios”, dijo.

Rechazan propuesta del Concejo Municipal de Monterrey

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A no reunir los votos necesarios para que se aprobara la propuesta de integración del Concejo Municipal de Monterrey, esta, fue rechazada en el Pleno del Congreso local.

Ante la ausencia de la bancada del PAN, la propuesta recibió 25 votos a favor y uno en contra.

Karina Barrón, Diputada local de MC, condenó que los panistas no salieran a dar la cara por lo menos para votar en contra y pidió que se les considerara descontarles el día.

Por su parte Marco González, hizo un llamado a los legisladores para que buscaran un punto de acuerdo para que el Municipio de Monterrey ya cuente con un Concejo Municipal.

“Lo que está en juego es la estabilidad política, administrativa y social de más de un millón de habitantes, no se debe secuestrar esta estabilidad, se debe alcanzar un acuerdo y debemos hacerlo ya”, demandó González.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determino el 30 de octubre de 2018 la celebración de elecciones extraordinarias.

El PAN dio su postura ante esta conformación del Consejo y se pronunció total mente en contra, rechazando la integración del Concejo Municipal de Monterrey propuesto por la Comisión de Gobernación.

Carlos de la Fuente, Diputado local, rechazó la designación de Alberto Palomino, propuesto por la Comisión, sería presionado para trabajar en funciones de la elección del 16 de diciembre y no de las necesidades de la ciudadanía.

“No queremos aprobar un Consejo Municipal que esté pensando directamente en el proceso electoral”…”Necesitamos que el Consejero Presidente garantice que ese consejo va a estar atendiendo las necesidades y no que se enfoque en sus baterías en el proceso electoral presentado”, comentó de la Fuente.

 

 

 

 

La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

Aseguran que PAN obstruye definición de Concejo Municipal

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En rueda de prensa, diputados locales de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PT y Partido Verde, acusan al Partido Acción Nacional (PAN) de retrasar la conformación del Concejo Municipal de Monterrey, esto debido a que han vetado toas las propuestas hechas por otros grupos legislativos.

“Las distintas bancadas hemos propuesto nombres y perfiles que cumplen con los requisitos que marca la Ley, además de procurar que tengan la experiencia necesaria. Lamentablemente en este tipo de ejercicios, los intereses personales o de partido encuentran la manera de filtrarse a donde no deben de caber. El Congreso debe de aprobar este Concejo con un mínimo de 28 votos, por lo que la negativa de las numerosas propuestas que han logrado un consenso general de todas  las bancadas, por parte del Partido Acción Nacional, ha detenido el avance”, dijo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, Asael Sepúlveda del Partido del Trabajo, afirmó que el PAN no acepta ninguna propuesta y que a todas le encuentra “peros”, con el fin, dijo, de alargar, cansar e ir ganando concesiones.

Karina Barrón, indicó que no van a permitir que haya un concejo a modo y exigió que se de a conocer la lista de nombres analizados.

“¿Por qué no transparentar el tema y que también los ciudadanos vean a los ciudadanos que están proponiendo sobre la mesa?, y no sea decisión solamente de la Comisión de Gobernación”, dijo la diputada de MC.

Barrón acusó al PAN se tratar de imponer como parte del Concejo a los albiazules Alfredo Rodríguez y Arturo Salinas.

Hasta el momento no se ha logrado un consenso entre todas las bancadas para definir quienes conformaran el Concejo Municipal de Monterrey, que estará a cargo de la capital regia por 2 meses, en lo que se define quién será el próximo alcalde.

Al diablo con las instituciones

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Llama mucho la atención la participación de conocidos políticos de todos partidos en la consulta, carente de fundamento legal, que organizó AMLO a través de Morena. 

Tenemos ahí una respuesta a la indefinición relativa a la situación del país frente al estado de derecho. En lugar de justificar su no participación por la falta de legalidad de la consulta, políticos tan destacados como José Antonio Meade y muchos otros (muchos a nivel local), se prestaron a expresar su voto, explicando porque la propuesta Texcoco les parecía la mejor solución, o para justificar la opción Santa Lucía. 

En México, el estado de derecho es todavía una noción bastante floja y cualquier aventado al estilo de AMLO, por más presidente electo que sea,  lo puede violar sin la menor dificultad. Urge que los que saben de derecho y de leyes pongan por delante la defensa de una situación que respalda la Ley. Cuando un presidente electo se permite violar la Ley, con toda conciencia de la violación, invitando a una Consulta que no obedece a las normas constitucionales, el país entero debería levantarse y cuestionar los actos ilegales sometidos a su consideración. 

¿A nombre de qué principio se justificó ir a contestar una pregunta que estaba fuera de lo que dicta la Constitución del País? El millón de ciudadanos desprevenidos que acudieron a las (falsas) urnas puestas por Morena y sus afiliados fuera de contexto, cayeron en una trampa que les tendió un (todavía no) nuevo régimen que pretende gobernar en base a seudo consultas, sin fundamentos legales. México, que ya estaba batallando con el estado de derecho distorsionado por la partidocracia, está cayendo en una ausencia de estado de derecho al estilo AMLO. 

Nos esperan seis años de gobierno dictados por el tlatoani tabasqueño. No esperemos respeto a la Constitución. Su juramento del primero de diciembre será probablemente la mentira más grande de su vida. Y ni hablar del gobierno saliente que por cobardía, se quedó callado, cuando no cómplice, de esta farsa institucional. ¿Así será el próximo sexenio? ¿Una farsa basada en la famosa expresión “al diablo con las instituciones”? Más vale que nos preparemos. 

Ruiz Esparza recibe ‘Reconocimiento a la Ineptitud y Corrupción’ por socavón

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Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue reconocido con un premio a la “Ineptitud y corrupción”.

De mano del diputado de Morena, Alejandro Mojica Toleda, representante de Morelos, Ruiz Esparza recibió el reconocimiento luego del incidente del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca.

Luego de que el año pasado la administración de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, se viera manchada por la abertura del socavón en Cuernavaca.

“Ineficencia, corrupción y soberbia es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés“, dijo el diputado mientras sacaba el premio.

Mojica resaltó la culpabilidad del secretario en cuanto a las muertes que el socavón provocó, y en el que las familias afectadas rechazaron la indemnización de parte del Gobierno.

“Pero el peor agravio es el del que usted es cómplice y mantiene sus manos sucias de sangre por el colapso del tramo 93.857”, afirmó el diputado morenista mientras mostraba el reconocimiento.

Ante rechiflas y reclamos, el diputado de Morena condenó la administración de Ruiz Esparza, y afirmó que debería sentir culpa por la muerte de las personas por el socavón.

“Debe ser enorme la culpa que usted carga a sus espaldas, señor secretario“, concluyó.

La Función Pública revisa el patrimonio de Rosario Robles y Emilio Lozoya

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En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, informó que la dependencia a su cargo está revisando el patrimonio de Rosario Robles, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Gómez dio a conocer lo anterior luego de que legisladores acusaron pasividad por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en casos emblemáticos de posibles actos de corrupción: la llamada “estafa maestra” con la que se vincula a la Sedatu y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un lado, y la trama de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por otro.

“Sí, sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya; sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la leyestán en la etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa, no puedo informarles más al momento”, dijo la funcionaria.

Durante la comparecencia con motivo del análisis del sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, diputados de Morena señalaron deficiencias en el desempeño de la SFP y aseguraron que este sexenio no cumplió su propósito de combatir la corrupción.

La diputada Aleida Alavez acusó que esta administración está marcada tanto por actos corruptos como por la impunidad.

“En este gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no enterarse de nada, y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen, en medio de la más absoluta impunidad”, dijo la morenista.

A su vez, diputados de MC aseguraron que la impunidad en los casos de “La estafa maestra” y la llamada ‘casa blanca’ de la familia presidencial fueron el sello de este sexenio.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez, dijo que hay vacíos en materia de sanciones, pese a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Consideró que la desconfianza en las instituciones demanda que desde el Congreso se combata la corrupción y se garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.