El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO y después el fraude, dice Muñoz Ledo

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Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.