En tiempos recientes, Yucatán se convertido desde un aspecto narrativo político y social, como un referente obligado a nivel nacional e internacionales en materia de seguridad, paz y bienestar. Esto lo podemos ver en los múltiples reconocimientos como el otorgado por los Readers Choice Awards por la editorial de revistas Condé Nast Traveler a la Ciudad de Mérida, Yucatán, como Mejor Ciudad del Mundo en la categoría de Ciudades Pequeñas, superando a lugares como Dresde, Alemania, Québec, Canadá entre otras, el pasado 7 de octubre de este año. Este fenómeno que incluso pareciera mercadológica, se puede ver en paginas inmobiliarias donde supuestamente “Mérida es una de las mejores ciudades para vivir en nuestro país… debido a su calidad de vida, cohesión social, desempeño de autoridades y satisfacción respecto a los servicios públicos”. Esto tiene varios efectos muy importantes dentro del imaginario colectivo yucateco, que si bien, por supuesto que la realidad en Yucatán es distinta a la nacional y existen ciertos privilegios de vivir en esta región, uno de las consecuencias más graves y en la que me quiero centrar es en la invisibilización de los distintos tipos de violencia, la cual no necesariamente deviene del aparato de gobierno, sino está conjugado con la reflexión o como la sociedad se asume sin violencia y tranquila. La percepción de paz y seguridad que vive Yucatán, se tiene debido a los bajos índices delictivos y los casi inexistentes hechos de violencia relacionados al crimen organizado, sin embargo, la violencia tiene diversas formas de manifestarse, y en ese sentido, vemos que en la entidad existe una alta incidencia en violencia de género; discriminación de diversos grupos en situación de vulnerabilidad como muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2018 del INEGI, que 1 de cada 5 personas en Yucatán se ha sentido discrminado siendo las mas recurrentes el color de piel, manera de hablar, sexo y orientación sexual; la depresión y suicidios; los cuales son silenciados e invisibilizados debido a esta idea de paz absoluta.
Sobre este fenómeno, podemos remitirnos a un texto escrito por Octavio Paz el 8 de mayo de 1937 para el periódico El Nacional durante su primera visita a Mérida, como parte de una campaña de alfabetización para las comunidades indígenas. Paz describe a una Mérida colorida y llena de vida, pero después de un tiempo se da cuenta de la división por “clases sociales, por la miseria y servidumbre; toda una orgullosa arquitectura de castas” (Paz, 1937, 28-31). Lo que más llamó la atención al autor de “El Laberinto de la Soledad” fue la forma en cómo el color de piel jugaba un papel fundamental en el reparto de ganancias; una sociedad que hablaba con entusiasmo del racismo alemán y su renuncia a “mezclar sangre” con lo indígena, considerado inferior y como todo lo grave sucedía a puerta cerrada para que nadie lo viera. Y podemos ver los temas que más preocupan a la sociedad de la entidad, son: el desempleo, la pobreza y la corrupción, de acuerdo con la organización Massive Caller en su encuesta con fecha de 15 de junio de este año. Como podemos apreciar, a diferencia de otras partes del país, dentro del imaginario colectivo yucateco, la inseguridad no es parte de los temas de mayor preocupación local, y ello también se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en junio de 2019, donde Mérida se coloca dentro de las ciudades con menor índice de percepción social sobre la inseguridad. Sin embargo, tenemos que recalcar que la corrupción sí se sitúa dentro de lo urgente (socialmente hablando), y el combate a la corrupción conjugado con la violencia, son síntomas de una degradación del estado de derecho., y por lo tanto, un tipo de violencia silenciosa.
Yucatán en ese sentido, no posee síntomas graves de un desgaste institucional o jurídico, pero sí tenemos señales de alerta dentro de algo sumamente fundamental y que está estrechamente relacionado a otros tipos de violencia y deficiencia institucional: la procuración e impartición de justicia. Respecto a esto, los yucatecos tenemos una alta confianza en el ministerio público, y somos el segundo estado con mayor índice en este rubro, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. Esto resulta prometedor, ya que al contar una alta legitimad social con los ministerios públicos, existen buenas oportunidades de generar nuevas prácticas que abonen a un mejor estado de derecho y seguimiento de los delitos cometidos.
Algo importante es no olvidar el escenario nacional, ya que México se encuentra en el lugar 115 de 126 países evaluados en el índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index 2019), que investiga “la efectividad de en la investigación, prevención del delito y reinserción social, no discriminación, imparcialidad, ausencia de corrupción, injerencia política y debido proceso, todas del sistema de justicia penal”. Dentro de este panorama, vemos que nuestro país tiene una agenda pendiente y crítica con la justicia penal y el combate de la impunidad, a pesar de contar un nuevo sistema de justicia penal, que privilegia un mayor respeto a los derechos humanos de los detenidos, indiciados, imputados o sentenciados, así como de las víctimas. Es preocupante que en todas las entidades federativas de la república mexicana, se rebasa el 90% de impunidad de la totalidad de delitos cometidos entre 2010 y 2016. Esta reforma estructural del 2008 del sistema penal mexicano, modificó completamente los principios y procesos, generando un nuevo modelo de justicia, o al menos esa era la intención. Debemos señalar que Yucatán fue de los primeros estados en implementar las reformas necesarias para instaurar este nuevo de procuración e impartición de justicia. Nuestro estado tiene un avance a nivel nacional destacable, ya que es la cuarta entidad federativa con el mayor número de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, generado un mayor acercamiento y atención de los aparatos estatales para y con los ciudadanos. Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que a nivel nacional, el gobierno Yucateco es el sexto con menor presupuesto en procuración de justicia (IMPUNIDAD CERO 2019, 34). Afortunadamente, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, nos encontramos por debajo de la media nacional en el lugar 9 de 32 de cargas de trabajo promedio por ministerio público, lo que se traduce que dentro de los ministerios públicos yucatecos no existe una sobrecarga preocupante como en otros estados, pero tenemos que señalar que esto no puede leerse como que no exista una alta demanda de justicia penal o pocos avances de las institucionales con las investigaciones. Si conjugamos otros factores como la capacitación de los operadores, infraestructura y avance legislativo en la materia, tiene como resultado que Yucatán tenga la mejor puntuación a nivel nacional en el índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 (IEDPF 2019), elaborado por la organización IMPUNIDAD CERO y los investigadores Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. En este sentido, el Indice de Procuración de Justicia 2019 muestra que tenemos la segunda mejor procuración de justicia del país. A pesar de los datos alentadores, existen cifras preocupantes sobre que tan efectivos han sido los operadores en el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio adversaria), ya que conforme al IEDPF 2019, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional, en el puesto 13 del país, y si una persona es víctima de un delito, solo tiene el 1.5% de probabilidad de que se esclarezcan los hechos, teniendo un porcentaje de impunidad del 90.4%; esto nos reprueba en términos de la efectividad del modelo acusatorio en la procuración de justicia, estando nuevamente por debajo de la media nacional. Por otro lado, un tema pendiente es el desarrollo policial y los encargados de encarar y combatir la delincuencia menor en la entidad. En este tema, la organización Causa en Común desarrolló el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), que evalúa la carrera policial, como es el perfil de los cargos; la profesionalización, entendiéndose como una academia que prepare a los elementos policiacos; el régimen disciplinario, como sus exámenes de control de confianza; la seguridad social, que es una parte de las prestaciones a las que deberían tener acceso; y la certificación, lo cual es la promoción dentro de la institución según el desempeño mostrado. De acuerdo con este INDEPOL 2018, Yucatán tenemos una calificación reprobatoria (-54 puntos conforme a la evaluación del índice) en los puntos antes mencionados, pero existen mejoras y avances en temas de transparencia y acceso a la información pública a cargo de la Secretaria de Seguridad. Según esta evaluación, dentro de la corporación policial yucateca, es necesario y fundamental consolidar el régimen de seguridad social y ademas prestaciones laborales; generar un mecanismo de profesionalización de los elementos para que se conviertan y consoliden como profesionales de la seguridad ciudadana, así como operativos de control de confianza, ya que en 2016 se detectaron 282 elementos que no aprobaron dicha evaluación, y en 2017 no se reportaron bajas por el tema. En último término, es primordial instrumentar mecanismos disciplinarios como un código de ética, catalogo de faltas y sanciones y acompañamiento a policías por asuntos psicológicos o de otra Indole.
Mientras persista esta idea de un estado donde “no pasa nada “, no podemos visibilizar los distintos fenómenos institucionales que están sucediendo. La crítica y presión ciudadana es fundamental para construir nuevos y mejores escenarios. En Yucatán tenemos una violencia desde el aspecto institucional relacionado a la impunidad. Esto no va a mejorar mientras pensemos que solo la violencia relacionada al crimen organizado cuenta, existen condiciones de desigualdad y fenómenos como la violencia de genero que tienen una presencia importante en la realidad social, el cual Yucatán se encuentra en el puesto número 16 de 32 entidades con mayor violencia contra las mujeres, y un 66.8% de mujeres reportó haber sufrido algún tipo de agresión y la entidad de situar dentro de las primeras a nivel nacional en violencia economía y patrimonial, según el Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI. Nos urge cambiar la narrativa y el discurso porque el seguir perpetuando como “la entidad más segura”, invisibilidad de manera permanente las muchas manifestaciones de violencia e impunidad.
