La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

#HojaDeRuta: “Rius, en la memoria popular”

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Sin pelos en la lengua ni barreras en la tinta, Rius fue parte de mi educación cívico política. Me lo encontré como herencia accidental, aquél mayo de 1999 cuando mi abuelo se murió por segunda vez (la primera, en 1985, como que no le había gustado) y dejó tras de sí pocas cosas y muchos libros. Tras su partida, reclamé sin disputa su limitado pero sustancioso acervo, en el que se encontraban las veces de Sartre, Mao, Rulfo, Usigli y, por supuesto, el pícaro monero. Ahí estaban Filosofía para principiantes, Los panuchos, Lenin para principiantes y algún otro título.

Hace unas cuantas semanas volví a toparme con Rius en “Una historia muy monita”, exposición temporal sobre la historieta nacional de 1930 a 1970, que se exhibe hasta este 20 de agosto en el Museo de Historia Mexicana. Ahí comparte vitrinas y colores con la Familia Burrón de Gabriel Vargas, Los Supersabios de Germán Butze y Kalimán de Modesto Vázquez, pasando por los lances y aventuras del Santo. Las creaciones de Rius son, como todos esos personajes, parte de la cultura pop mexicana. Flotan en ese imaginario compartido (y por tanto, democrático) de las cosas que el pueblo reclama para sí, más allá de licencias o marcas registradas.

Rius era monero de oficio: ocupación habitual, profesión de algún arte mecánica, ministerio (todas definiciones de la palabra “oficio”, todas acciones del monero). Valiente e irrenunciable en su compromiso y claridad ideológica, sus trazos le llevaron a distancias insospechadas, como escribía Elena Poniatowska apenas este último diciembre: “Rius es, sin proponérselo, uno de los grandes educadores que ha dado México en el siglo XX, además de su crítico más lúcido”, al tiempo que recuerda que alguna vez el Subcomandante Marcos también reconocía en el monero a un maestro, pues “en la provincia, la política llegaba por Rius o no llegaba”.

Solía contar que sus monos rebeldes lo pusieron una noche al filo de una tumba cavada en las faldas del Nevado de Toluca y cómo una intervención del General Cárdenas le salvó el pellejo. “Una vez me dijo Renato Leduc: Joven Rius, en esta profesión o le pagan o le pegan, y yo de menso escogí que me pegaran”, rememoró -seguramente sonriendo- en una entrevista para Confabulario de El Universal. El humor era el hilo conductor de una pedagogía politizada aunada a una crítica mordaz.

Hombre sereno y de tersas maneras, hablaba con un dejo de desesperanza en sus últimas entrevistas registradas, sobre la ausencia de opciones políticas con arraigo en las bases populares, sobre la dificultad de influir mediante monitos en las masas al competir con grandes medios y sobre todo, como la mera posibilidad de la crítica al poder no tiene efectos si no es acompañada de una labor de politización y creación de conciencia popular: “El caricaturista, el buen periodista se ha convertido en una especie de Juan el Bautista, que está allá en el desierto pegando de gritos y el gobierno dice: “Mira, hay libertad, pueden gritarnos y mentarnos la madre”.

Pero no nos toman en cuenta, no hacen caso de la crítica”. Monero de oficio, educador político de vocación, el monero ha dejado de existir. Así lo creía, pero lo recibe desde ahora el único cielo que hubiese aceptado: el de vivir en las nubes de la memoria popular.