López Obrador: el demiurgo político

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Existe una lógica detrás de la separación de los tres poderes, estrechamente relacionado con la separación de funciones. Cada uno de los poderes posee una función originaria y su composición atienda a dicha naturaleza.

La función legislativa comprende las actividades destinadas a formar el marco normativo. Bajo el principio de legalidad, las leyes le dan estructura y delimitan el funcionamiento a los otros dos poderes. Por ello, la función no puede recaer en una sola persona, sino que debe de diseminarse a lo largo de un colegiado que representa la heterogeneidad existente en la sociedad.

En el sistema presidencialista, mientras que la función del ejecutivo recae en una sola persona, lo cual responde a la eficiencia y rapidez para ejecutar lo estipulado en las leyes, la función legislativa debe ser el resultado de un ejercicio democrático entre los representantes del pueblo.

El marco normativa provee a la población certeza jurídica; claro, si el poder jurídico es capaz de velar por el cumplimiento de la ley. Por ello, la Constitución, pieza inicial y final del entramado normativo, genera la base para el discurrir político. En ella se integran los principios y máximas abstractas para la convivencia social y la edificación de un Estado.

Ante ello, el poder que le concede la ciudadanía a una mayoría calificada puede transformar constantemente el marco normativo y mermar la certeza jurídica. Ya Madison adelantaba el peligro del poder de la mayoría, guiada muchas veces por la pasión. Madison argumentaba que era necesario poseer mecanismos para hacer frente a los despliegues emocionales del vulgo.

La coyuntura mexicana presenta actualmente la capacidad de una mayoría calificada para modificar a placer la Constitución. Ello genera incertidumbre para la ciudadanía y para el entorno internacional. López Obrador posee la capacidad de alterar el marco normativo. Es decir, si en teoría la política debería estar sujeta al derecho, en el sexenio actual se invierten los términos: lo político define lo jurídico. 

El gran economista James Buchanan trasladó el enfoque económico a la esfera política. Para el economista de la Universidad de Chicago los funcionarios públicos no se diferencian de los agentes que actúan en el mercado. La teoría de la elección pública implica la búsqueda de maximización del prepuesto público para maximizar su bienestar. A través de un individualismo metodológico, en donde la política se reduce a la decisión atomizada, los funcionarios se orientan a partir de su interés personal y sus deseos egoístas.

Ante ello, existe la probabilidad de que surjan buscadores de rentas (“rent seekers”); es decir, hacer uso del poder para obtener beneficios, lo que implica que los recursos no se asignan de forma eficiente y el bienestar social cae.

Por ello, Buchanan postula la importancia de generar un entramado institucional que evite estos fenómenos. Es necesario un marco normativo rígido que prevenga la llegada de líderes populistas que tengan la capacidad de moldear dicho marco a su gusto.

Si bien el derecho mexicano es rígido -posee una dimensión axiológica- y su alteración implica procedimientos agravados, no existe un mecanismo que prevea este tipo de efervecencia política.

De esa manera, es necesario la presencia de una oposición partidista, legislativa y social que sirva como contrapesos. No podemos estar a merced del designio demiúrgico de una sola persona.