#Kleroterion: “Justicia para nuestros policías”

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En este cierre de periodo y apunto de terminar los trabajos para esta legislatura, la Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el Dictamen que permite la reincorporación de agentes del ministerio público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la federación, estados y municipios, separados de sus cargos y demuestren en un juicio su inocencia o despido injustificado, lo anterior se logró modificando la fracción XIII del apartado B, del artículo 132 Constitucional.

Entendamos que esto no significa la permanencia de policías que infrinjan la ley, sino únicamente velar por el fortalecimiento de las corporaciones, otorgando estabilidad en el empleo a elementos que cumplan con su cargo.

El principal motivo de esta iniciativa es la dignificación de todos los servidores públicos que pertenecen a instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, destacando que la mayoría de los integrantes de estas instituciones se manejan con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Recordemos que la reforma de 1999 impidió la reinstalación del policía cuando no cumplieran los requisitos que las leyes en ese entonces señalaran para permanecer en tales instituciones, después, en 2008, se estableció la prohibición a la reincorporación aún cuando la autoridad judicial determinara que la separación fuera injustificada.

Antes de esta reforma, la no reinstalación del policía luego de obtener resultado a favor en el juicio o medio de defensa promovido, lo único que reflejaba era el deterioro de la familia del servidor público, perjudicando su núcleo social pasando a un estado desprovisto de los medios para solventar las necesidades básicas, además de no ser bien visto ante la sociedad por tratarlo como una persona sin respeto y valores y por supuesto no hablemos cuando se presentan a solicitar empleo, ya que por la misma circunstancia se ven imposibilitados de obtener otro.

Sin embargo, es importante señalar que durante varios meses e incluso años, en todos los sectores de la población se habló acerca del asunto de la militarización en el país, aunado a los debates arduos de la Ley de Seguridad Interior, es por esto que dentro de mi agenda legislativa me propuse adoptar este tema tan sensible e importante y por el que nadie se preocupaba, los agentes del ministerio público, los cuerpos policiacos de cualquier índole o rango, así como cualquier individuo que tenga labores relativas a la seguridad en el país. Considerando la premisa de que el sustento de sus familias lo obtienen como producto de su actividad de servicio público, con esfuerzo, dedicación y en ocasiones cubriendo horarios extremos.

Todos hablaron de temas de seguridad, pero nadie entendía que para poder lograrlos era necesario apoyar a los trabajadores con estas labores, ya que son los principales actores para que cualquier ley relativa pueda ejecutarse, nadie los tomó en cuenta, nadie habló de mejorar o formar policías, pero sobre todo nadie habló de brindarles certeza y protección laboral, porque hasta la propia Constitución los tenía en el olvido, así como los Partidos Políticos sin excepción, Gobernadores y Fiscal General o Procurador, por lo que existía un notorio y preocupante abandono hacia ellos.

Es así que, con esta iniciativa, se les da dignidad, logrando que en caso de que sean despedidos injustificadamente pueden ser reinstalados en su empleo. Estoy convencido que con esto se logra pagar una deuda histórica que tenemos con nuestros policías y cuerpos de seguridad, se dio un gran paso para recuperar la seguridad a nuestras familias y un avance fundamental para que en México por primera vez, se fortalezcan las instituciones públicas, entendamos que estas personas se juegan la vida diariamente, con una sola finalidad, cuidarnos a todos nosotros, por lo que es nuestra obligación protegerlos en todos los aspectos.

En conclusión, en una sociedad como la nuestra es imperativo fortalecer a nuestras instituciones, no podemos hablar de seguridad y justicia, si tenemos desprotegidos a nuestros cuerpos policiacos, una ciudad segura debe tener una policía segura, pero esto sólo se logra, no con buena voluntad, sino con reformas como éstas que protegen al servidor público, al policía honesto, valiente e incorruptible, al ministerio público justo y equitativo, al perito virtuoso y capaz de su labor, así como aquel trabajador en el ámbito de seguridad pública comprometido con su país y con respeto hacia su sociedad.

Cabe mencionar que con esta iniciativa cumplo al 100% mi agenda legislativa que me propuse al comienzo de la legislatura, por lo que me quedo sin ningún pendiente en la cámara de diputados, esperando que esto abra la brecha para un sin fin de reformas que beneficien a los buenos servidores públicos, ya que estoy convencido, que son más los honestos, por eso puedo decir que como legislador de la LXIII Legislatura, “los miembros de las instituciones policiales no son, ni fueron olvidados”.

Sin fiscales y el fuero pendiente, Congreso cierra periodo

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El Congreso de la Unión cerró el último periodo ordinario de la LXIII Legislatura con pendientes como la eliminación del fuero constitucional y el nombramientosde los fiscales General de la RepúblicaAnticorrupción.

El Senado de la República dejó abierta la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para discutir los temas pendientes, según información de Reforma.

Cabe recordar que la minuta remitida por la Cámara de Diputados para quitar el fuero quedó atorada en comisiones.

“Quiero advertirle a mis compañeras y compañeros, si hay un dictamen de aquí al 31 de agosto, que es el último día en que debemos trabajar, habrá periodo extraordinario… Y aquí estaremos como siempre discutiendo, debatiendo, analizando y aprobando lo que se nos someta”, dijo Emilio Gamboa, Desde la tribuna, coordinador de la bancada del PRI.

Por su parte, Fernando Herrera, líder de los senadores del PAN reclamó que el PRI y sus aliados se hayan negado a discutir la reforma al artículo 102 constitucional para crear la Fiscalía General de la República y designar al Fiscal Anticorrupción.

El coordinador del PTManuel Bartlett, arremetió contra la administración de Enrique Peña Nieto y la falta de correctivos desde el Senado.

“Ese es el legado del régimen que se extingue, ese es el legado del régimen de Peña Nieto que se extingue apoyado en la legislación sin correctivos, sin ningún correctivo desde este Senado“, afirmó.

En tanto, la Cámara de Diputados también clausuró el periodo ordinario de sesiones en medio de reproches al Senado por no aprobar la eliminación del fuero, que incluía al presidente de la República.

Académicos y experredistas son las propuestas de AMLO en las ternas para las fiscalías

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El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional para la Procuración de Justicia y combate a la corrupción, que incluye las ternas para fiscal General, Electoral y Anticorrupción.

Eva de Gyves: Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; ha sido defensora de oficio adscrita a juzgados de paz y penales

Juan Luis González Alcántara: Es Licenciado en Derechoespecialista en Finanzas Públicas y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es profesor.

Bernardo Bátiz: Es licenciado en Derecho, ha sido consultor jurídico del Banco Nacional de México Banamex; profesor en la Unam y en la Uia; colaborador editorial en varios periódicos y revistas. Fue procurador general de justicia del Distrito Federal durante el gobierno de López Obrador.

Para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, López Obrador propuso a:

María de la Luz Mijangos: Buscó ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), es doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Diana Álvarez Maury: Es licenciada en Derecho por el ITAM y cuenta con una maestría en la Universidad de las Américas, institución en la que fue coordinadora y directora de la licenciatura de Derecho.

Ricardo Peralta Saucedo. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Fue propuesto por la facultad ante el Senado para competir en el proceso de selección de Fiscal Anticorrupción.

En la terna para el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade):

María Estela Ríos González: Es licenciada en Derecho por la UNAM; especialista en derecho laboral y sindical. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. También fue directora del Registro Civil de la Ciudad de México y procuradora de la Defensa del Trabajo. Además de consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de López Obrador.

Ernestina Godoy Ramos: Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM; fue observadora electoral del IFE y la ONU. Fue diputada local por el PRD. Actualmente diputada federal en la LXIII Legislatura y secretaria de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados por Morena.

José Agustín Ortiz Pinchetti: Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, profesión que ejerció más de 40 años. Fue profesor universitario, articulista y escritor. Fue consejero ciudadano del IFE y trabajó en la reforma política del DF.