#HojaDeRuta: “Ayotzinapa: el pasado que no pasa”

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El problema del pasado es que no pasa. Así se refirió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa a la revolución rusa al reflexionar sobre su centenario en 2017. Lo mismo podría decirse de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Es un pasado que, por más que algunos quieran desterrar, no se irá a ninguna parte.

El crimen ahí ocurrido dejó una marca indeleble no solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en la historia mexicana. A la conmoción nacional e internacional se sumó la burda actuación de la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial de los hechos.

Lo único que pasó a la historia fue la incapacidad del gobierno federal de llevar y facilitar un proceso convincente que permitiera esclarecer el caso y acceder a esa tierra que rara vez está a la vista de los tripulantes del navío mexicano: la justicia.

En días pasados, el caso Ayotzinapa tuvo una importante novedad: un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación de la PGR, considerando que la indagatoria hecha por la dependencia federal “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La reacción internacional no se dejó esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a cumplir la sentencia del tribunal. 

Esta novedad jurídica se da justo en el contexto de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, AMLO ha sido el único candidato que ha pisado Iguala, Guerrero. En un mitin celebrado hace un par de semanas, se comprometió frente a los padres de los normalistas a crear una comisión de la verdad. Tras la noticia de la sentencia por el tribunal tamaulipeco, Ricardo Anaya se pronunció a favor de reabrir el caso.

Aunque también hay un debate jurídico respecto a los alcances de la sentencia emitida por el tribunal federal, es un hecho que la narrativa se ha instalado: la versión existente no es confiable, por ende, para saber la verdad se requiere una nueva indagatoria. Pase lo que pase el primero de julio, las condiciones parecen estar dadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Además de abrirse un camino a una eventual justicia para las víctimas y sus deudos, una nueva investigación sobre los 43 también rompería con la nociva práctica de pretender enterrar verdades incómodas. Crímenes como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal y Aguas Blancas siguen sin ser resueltos de manera convincente.

Contrastan casos como el chileno. Tras la dictadura de Pinochet y el retorno del sistema democrático en 1990, han existido 4 comisiones de la verdad que han buscado conocer con claridad el número de víctimas, las circunstancias de sus decesos, señalar a los responsables y buscar hacer reparaciones. La más reciente dio su informe en 2011.

Además de las obvias razones humanitarias, éticas y legales, hay un argumento político para reabrir el caso: si se pretende retomar una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a uno democrático por la vía pacífica e institucional, esto no puede hacerse sin una reconciliación con el pasado, sin el reconocimiento de las víctimas y el señalamiento público a los victimarios. Sin memoria no hay democracia.

En este sentido, una eventual Comisión de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas y la limpieza de sus nombres, así como el procesamiento de quienes resulten responsables, sería oxígeno puro para recuperar un poco de credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado Mexicano.

El pasado no pasa. Está entre nosotros, y solo hay un camino para avanzar: verlo a los ojos, hacerle justicia y mantenerlo en la memoria. 

“The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember.”