Narcisismo público

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Bien dice el mito que hace tiempo hubo un joven llamado Narciso, que, cegado por su arrogancia y egolatría, terminó con su vida. Algo así podría decirse que ocurre cuando el gobierno gasta en intereses particulares para engrandecerse, pero en lugar de provocarse una propia muerte, las personas que resultan afectadas son los mexicanos. 

Con la noticia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 2,700% más de lo aprobado en su presupuesto para la Dirección de Comunicación Social el año pasado, me di la tarea de investigar un poco más sobre los gastos de esta Secretaría. El monto aproximado del gasto en Comunicación Social fue de 1,963 millones de pesos (mdp), mientras que al Programa de Cultura Física y Deporte se le dieron 1,382 mdp, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente se le invirtieron 961 mdp, el Programa Nacional de Inglés obtuvo 646 mdp y al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se le dedicaron sólo 211 mdp. También cabe mencionar que estos programas tuvieron subejercicios del 10%, 42%, 20% y 45% respectivamente. En otras palabras, se gastó un 2,700% más en comunicación mientras que en deporte y cultura física se invirtió 10% menos, en capacitación de docentes 42% menos, en cursos de inglés 20% y en minimizar la desigualdad social y de género en el ámbito educacional 45% menos. 

Por otro lado, el presupuesto para otras Direcciones también fue menor a lo que recibió la Dirección de Comunicación Social. Algunas por mencionar son la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Evaluación de Políticas y la Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Además, con la promulgación de la Ley General de Comunicación Social o #LeyChayote se reafirma esta necesidad que tiene el gobierno de promoverse a sí mismo. Esta ley pone en peligro la libertad de expresión y abre camino a que las entidades gubernamentales puedan publicitarse sin un tope de gastos o vigilancia clara. 

No veo el sentido en gastar en tanta comunicación y publicidad si no tienen algo bueno que promover. Me haría sentido si hubiera campañas educacionales efectivas y se demostrara que la calidad de las escuelas ha incrementado. Pero aún tomando esto en cuenta, es una exageración y burla que los programas que pueden hacer que la calidad educativa suba, reciban mucho menos que lo que se le destinó a la Dirección de Comunicación Social. 

Sin duda debe de haber una sanción a la SEP por haber sobrepasado el tope de gasto aprobado y se debe de revisar igual de cuidadosamente los presupuestos de las demás secretarías; también la Ley Chayote debería de ser más específica para evitar que los medios sean tapizados con contenido gubernamental. Este narcisismo público es el que nos afecta diariamente; es un narcisismo que no favorece a nadie más que al gobierno y es el narcisismo que se termina convirtiendo en una ola de corrupción. 

*Todas las cifras fueron sacadas del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa de la Secretaría de Educación Pública y del Gasto por Categoría Programática en la Cuenta Pública de 2017.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.