Presentan iniciativa para transparentar gasto de políticos en redes sociales

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La asociación “El Futuro Florece” presentó este lunes una iniciativa para crear la Ley de Comunicación Social del Estado, misma que busca transparentar y fiscalizare el gasto que funcionarios públicos y de elección popular realizan en redes sociales.

Las y los integrantes de la asociación también entregaron en el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley General de Comunicación Social en materia de transparencia digital.

“El gasto que realizan nuestros políticos desde sus perfiles en redes sociales es opaco y no esta sujeto a fiscalización, por lo que necesitamos modernizar nuestra legislación para que responda a la nueva realidad digital de comunicación política”, señaló Roberto Alviso, integrante de El Futuro Florece.

“Desde El Futuro Florece impulsamos la campaña #TransparencioaDigital, una serie de acciones de incidencia pública y pedagogía política que acabará con la opacidad y malas prácticas en el uso de las redes sociales. En la política no queremos influenciar sino funcionarios públicos responsables y congruentes, por eso es que en la nueva Ley se pretende evitar la realización de los sorteos conocidos como ‘giveaways’ desde las cuentas públicas locales”, agregó.

Por otro lado, indicó que también se establece que los funcionarios no puedan bloquear a los ciudadanos en sus redes y la formación de un Consejo Consultivo para la Era y Seguimiento de la Comunicación Social.

Durante la presentación la iniciativa en el Congreso local estuvieron presentes las diputadas Ivonne Bustos, del PVEM; Claudia Tapia, del Independiente Progresista, y Luis Armando Torres, de Morena.

Cabe recordar que la misma asociación dio a conocer la semana pasada que tras un seguimiento de 32 días detectaron un gasto por 1 millón 663 mil 325 pesos y que quien erogó la mayor cantidad de ese recurso fue el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Gobierno de AMLO no justificó ni recorto gasto en comunicación social, afirma Medios Libres

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El colectivo Medios Libres acusó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 no reduce el monto asignado a comunicación social y que el gobierno no justificó bajo qué plan o estrategia basó el presupuesto.

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos; el año pasado el presupuesto aprobado a ese rubro fue de 3 mil 278 millones de pesos.

Durante la campaña presidencial, López Obrador anunció que como parte de las medidas de austeridad se impulsaría una reducción del 50% en la publicidad gubernamental.

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado los excesos cometidos en las pasadas administraciones, ya que el gobierno ha rebasado los montos aprobados por la Cámara en materia de publicidad oficial.

En 2017, por ejemplo, el gasto autorizado fue de mil 447 millones de pesos; sin embargo, al final del año se ejercieron más de 8 mil millones de pesos.

Medios Libres recordó que en mayo de este año se publicó la Ley General de Comunicación Social, que “permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo al uso de la publicidad oficial para controlar las líneas editoriales de los medios, generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos, acusó.

“La austeridad anunciada por el presidente no será efectiva si el Proyecto de Egresos no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social”, aseguró en un comunicado.

Para el Colectivo, el proyecto determina de manera general cómo se realizará el gasto en comunicación social y advierte sobre la centralización del gasto en la Oficina de la Presidencia de la República, no fija criterios o reglas claras, objetivas y transparentes de asignación del gasto ni tampoco mecanismos de planeación, evaluación y control.

Esto, sostiene, puede ser una limitante en la divulgación de información plural y de interés público.

“La #LeyChayote debe ser abrogada y emitirse una nueva que contemple criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, así como emitir los candados necesarios para evitar sobreejercicios”, exigió.

Narcisismo público

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Bien dice el mito que hace tiempo hubo un joven llamado Narciso, que, cegado por su arrogancia y egolatría, terminó con su vida. Algo así podría decirse que ocurre cuando el gobierno gasta en intereses particulares para engrandecerse, pero en lugar de provocarse una propia muerte, las personas que resultan afectadas son los mexicanos. 

Con la noticia que la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 2,700% más de lo aprobado en su presupuesto para la Dirección de Comunicación Social el año pasado, me di la tarea de investigar un poco más sobre los gastos de esta Secretaría. El monto aproximado del gasto en Comunicación Social fue de 1,963 millones de pesos (mdp), mientras que al Programa de Cultura Física y Deporte se le dieron 1,382 mdp, al Programa para el Desarrollo Profesional Docente se le invirtieron 961 mdp, el Programa Nacional de Inglés obtuvo 646 mdp y al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa se le dedicaron sólo 211 mdp. También cabe mencionar que estos programas tuvieron subejercicios del 10%, 42%, 20% y 45% respectivamente. En otras palabras, se gastó un 2,700% más en comunicación mientras que en deporte y cultura física se invirtió 10% menos, en capacitación de docentes 42% menos, en cursos de inglés 20% y en minimizar la desigualdad social y de género en el ámbito educacional 45% menos. 

Por otro lado, el presupuesto para otras Direcciones también fue menor a lo que recibió la Dirección de Comunicación Social. Algunas por mencionar son la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Evaluación de Políticas y la Dirección General de Desarrollo Curricular. 

Además, con la promulgación de la Ley General de Comunicación Social o #LeyChayote se reafirma esta necesidad que tiene el gobierno de promoverse a sí mismo. Esta ley pone en peligro la libertad de expresión y abre camino a que las entidades gubernamentales puedan publicitarse sin un tope de gastos o vigilancia clara. 

No veo el sentido en gastar en tanta comunicación y publicidad si no tienen algo bueno que promover. Me haría sentido si hubiera campañas educacionales efectivas y se demostrara que la calidad de las escuelas ha incrementado. Pero aún tomando esto en cuenta, es una exageración y burla que los programas que pueden hacer que la calidad educativa suba, reciban mucho menos que lo que se le destinó a la Dirección de Comunicación Social. 

Sin duda debe de haber una sanción a la SEP por haber sobrepasado el tope de gasto aprobado y se debe de revisar igual de cuidadosamente los presupuestos de las demás secretarías; también la Ley Chayote debería de ser más específica para evitar que los medios sean tapizados con contenido gubernamental. Este narcisismo público es el que nos afecta diariamente; es un narcisismo que no favorece a nadie más que al gobierno y es el narcisismo que se termina convirtiendo en una ola de corrupción. 

*Todas las cifras fueron sacadas del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa de la Secretaría de Educación Pública y del Gasto por Categoría Programática en la Cuenta Pública de 2017.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.