#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Colectivo tiñe de rojo sangre fuentes de la CdMx en protesta por la Ley de Seguridad

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Al menos seis fuentes de la Ciudad de México fueron teñidas de rojo sangre como parte de las acciones que emprendió el Colectivo Seguridad Sin Guerra en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Se trata de las fuentes San Sebastián, Sátiro y Amor, Doríforo, Mercurio y Argos, y El Pescador, ubicadas en la colonia Roma, así como la fuente de Los Coyotes en Coyoacán.

Ayer, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Tras ser avalada, el Senado de la República deberá aprobarla. De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”.

El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.

A su vez el colectivo lanzó un llamado e invitación a la ciudadanía para que el próximo martes 12 de diciembre acudan a la Cámara de Senadores para protestar y presionar a los Senadores para que no aprueben dicha legislación.

Otra forma de ejercer presión es por medio de redes sociales o bien, ingresar a la plataforma de Seguridad sin guerra, en donde los ciudadanos se pueden sumar y enviar desde ahí un mail a los Senadores pidiendo no aprobar la ley.

Con la aprobación de Ley de Seguridad Interior, las autoridades estatales y el Presidente de la República podrán solicitar la intervención del Gobierno federal para contener cualquier “grave peligro a la integridad colectiva”, a partir de la emisión de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior“. Esto significa que, en todo caso en que haya una circunstancia de crisis en las que las fuerzas de seguridad pública no se den abasto, las fuerzas armadas podrán interceder.

 

Entre protestas, diputados de la Comisión de Gobernación aprueban la Ley de Seguridad Interior

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Con el voto de la panista Claudia Sánchez Juárez del Estado de México, el PRI logró 18 votos para aprobar la Ley de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación.

La oposición logró juntar 13 votos en contra, los cuales fueron de Morena, MC, PAN y PRD.

Se espera que la discusión inicie en breve en el Pleno, donde MC y el resto de la oposición presentarán reservas por considerar que la ley no sólo violaría los derechos humanos y generaría más violencia en el país, sino que, además, sería anticonstitucional pues el Congreso, según la oposición, no está facultado para legislar en materia de seguridad interior.

Esta mañana, la reunión pretendió arrancar cerca de las 9:00 horas en la oficina de la Comisión de Gobernación, sin embargo, ante el reclamo de integrantes de la agrupación social Cencos de estar presentes, y el rechazo de la oposición a que la discusión no fuera transmitida por el canal del Congreso, se tuvo de cambiar de lugar.

El debate fue a puerta cerrada en el salón de protocolo del edificio A, donde, además de los legisladores, se encontraban también camarógrafos de diversos medios de información, mientras que los integrantes de la sociedad civil y reporteros siguieron la sesión a través de una pantalla que se ubicó en exterior.

Durante la discusión, la diputada Carolina Viggiano, actual esposa del aún gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pidió no politizar el asunto y le dijo al diputado Jorge Triana, del PAN, que esta ley es necesaria ya que no se ha podido discutir la reglamentación del artículo 29 de la Constitución, relativo a la suspensión de garantías.

El diputado del PRI Carlos Sarabia Camacho, militar retirado, mencionó que el Ejército ya está en las calles y no porque lo quiera; por ello, dijo, se le debe dar el sustento legal para su actuación.

Tras dar luz verde a la ley, los integrantes de la Comisión de Gobernación salieron por la puerta de atrás del salón de protocolo, para evitar dar la cara a los diversos colectivos de defensa de derechos humanos que se encontraban afuera.

Una vez que se avaló la ley, integrantes de agrupaciones civiles que aguardaban en los pasillos, no dejaron de gritar a los diputados golpistas y violadores de derechos humanos.

Ley de Seguridad Interior, una imperiosa necesidad: Peña Nieto

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 El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el país y las Fuerzas Armadas ya no aguantan que se siga posponiendo la expedición de la Ley de Seguridad Interior, que dé certeza jurídica a la participación de los militares en tareas de seguridad pública.

El diputado presidente se dijo seguro que esta semana habrá una definición respecto del dictamen de Ley de Seguridad Interior, porque es una determinación del PRI que la ley se vote y que quede claramente establecido si pasó o no pasó.

“Ya hemos tenido un largo tiempo de deliberación, de contemplación política, y hoy ya no cabe eso, hay que dar una respuesta: pasa la ley o no pasa, pero tiene que terminar el proceso legislativo“, abundó.

Está previsto que este jueves, en la reunión de la Comisión de Gobernación, que encabeza la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), se ponga a discusión y votación el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

Ramírez Marín comentó que en caso de que se apruebe el dictamen en la Comisión de Gobernación, este jueves, pasaría al Pleno y se votaría “si nos da tiempo”.

Señaló que los ciudadanos y las Fuerzas Armadas necesitan saber cuándo pueden los militares intervenir en tareas de seguridad, pero sobre por cuánto tiempo, que son aspectos que hoy no se conocen, “y no es sano que haya tantos militares actuando como policías“.

Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

La seguridad nacional y la ley de Seguridad Interior

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El Foro Internacional “La Seguridad Nacional de México: La perspectiva multidimensional y los retos del siglo xxi” que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017 contó con la participación de actores del ámbito político y académico, unos expertos y conocedores de esta área del quehacer nacional, y otras con alguna responsabilidad en distintos ámbitos de la seguridad.
El que suscribe estas líneas, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, señaló que al presidir esta comisión lo ha hecho sin una línea o compromiso político, y sólo bajo la convicción de avanzar en lo que más sirva a la nación mexicana, puesto que en esa Comisión debe construirse Patria. Uno de los factores que inciden de forma negativa en la capacidad para fortalecer nuestras instituciones de seguridad nacional e interior proviene, en parte, de sobreestimar factores políticos sobre la propia seguridad del país.
Esta expresión, no es gratuita porque la evidencia muestra que la mezquindad y la poca voluntad política tiene a los ciudadanos y las Fuerzas Armadas de México en la incertidumbre: no se querido aprobar un marco jurídico que regule el actuar de marinos y soldados. Tener una Ley brindarían garantías y certeza a ciudadanos y Fuerzas Armadas. Es complejo comprender cómo puede ser mejor que las Fuerzas Armadas actúen sin un marco jurídico claro, cómo puede ser mejor no tener metodologías que justifiquen su trabajo, tiempos y lugares definidos para que desarrollen las tareas que se les ordenan,  y generar tramos de decisión específicos.  La realidad es que nada hay que comprender, nuestras Fuerzas Armadas continúan en la indefinición porque hay intereses políticos que buscan comprometer su desempeño y la confianza pública que la ciudadanía les tiene. 
Durante once 11 años los gobernadores, diputados y senadores cuando hay algún foro o reunión con las fuerzas castrenses expresan su apoyo, pero al momento de aprobar las leyes los mismo Legisladores no han querido cambiar la situación en materia de seguridad nacional e interior. Algunas voces dicen que ahora, después de años de estar con lo mismo, el calendario no es el más adecuado, algunos ya piensan en dejar pasar esta temática porque “ya empezó el proceso electoral”, sin embargo, este tema debiera ser prioritario más allá de la coyuntura electoral.
 
Se trata de fortalecer nuestras instituciones, de generar patriotismo, de dar un mensaje contundente sobre que los políticos están con los buenos. La situación no es menor ante el grado de desconfianza que existe hacia los políticos, de acuerdo con la Encuesta nacional 2017 elaborada por del Gabinete de Comunicación Estratégica nueve de cada diez personas contestan que no “confiarían las llaves de su casa”, es decir se registra un déficit de confianza ciudadana.
El actuar político deja que desear, por ello es urgente establecer una agenda que trascienda la coyuntura política y que se proponga resolver los problemas reales de una sociedad real. Este nivel de reprobación contrasta con el de las Fuerzas Armadas ya que al preguntarle a los ciudadanos “¿con la presencia del Ejército en las calles usted se sentiría más o menos seguro?” el 62% de ellos contestó “Más seguro”, es decir la sociedad sí confía en nuestras instituciones castrenses mientras que los políticos con bajos niveles de aprobación no son siquiera para darles las leyes necesarias para trabajar mejor y generar certezas.
Un tema que interesa y preocupa a la ciudadanía es la seguridad, por ello deben aprobarse leyes que permitan articular las sinergias necesarias para construir una mejor seguridad, y en materia legislativa, se necesita mejorar las leyes de Seguridad Interior y de Seguridad Nacional. Dar seguridad a los ciudadanos y a la actuación de las fuerzas castrenses, correspondería a los actores políticos. Lo único que piden las Fuerzas Armadas del Legislador es regular con base en el Estado de derecho lo que hacen desde hace once años, eso no es mucho pedir.