Canacintra critica adjudicación directa en medicinas

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En relación al comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que señala las medidas que tomará para garantizar el abasto de medicinas y material de curación, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) manifiesta su total rechazo e inconformidad a las medidas anunciadas que consisten en llevar a cabo la compra de medicamentos mediante Adjudicación Directa y Licitación Internacional.

Para los industriales resulta un contrasentido esperar combatir las irregularidades y fugas, como lo menciona el documento, mediante la implementación de la adjudicación directa, procedimiento que es el mecanismo de contratación menos transparente, el que más atenta contra la libre competencia, el que estadísticamente obtiene los precios más elevados y fomenta la corrupción.

En cuanto a convocar a licitaciones internacionales, Enoch Castellanos Férez, presidente nacional de Canacintra, exhortó al gobierno a “aplicar lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sentido de llevar a cabo una investigación de mercado para comprobar la existencia de fabricación nacional”.

“Exigimos se consulte a las cámaras empresariales como lo estipula la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y se convoque en primer lugar a una licitación de carácter nacional, exigiendo el cumplimento del grado de contenido nacional”, agregó Castellanos Férez.

 

Así mismo, consideramos que los detalles de las próximas compras deben darse a conocer mediante la publicación del proyecto de convocatoria en Compranet para que pueda ser consultada por todos los interesados y recibir los comentarios respectivos, como lo ordena la ley de la materia, y no mediante el envío de un correo electrónico manifestando el interés en participar.

En cuanto a la consolidación de las compras de material de curación y medicamentos, el Gobierno de México está obligado a llevar a cabo una investigación de mercado profunda que le permita conocer mejor este sector y evitar dañar a las micro, pequeñas y medianas empresas fabricantes que pudieran quedar relegadas debido a una concentración muy grande del mercado, y en la que nuevamente sean solo unas cuantas empresas distribuidoras las que obtengan los contratos de suministro de este tipo de bienes en detrimento de la economía de
las MIPYMES industriales de este país.

A esta situación se suma la falta de pago oportuno por parte de las adquirentes, como ha sucedido en el pasado reciente en buena parte del territorio nacional, situación que ha alejado también a los fabricantes a ser proveedores directos del gobierno.

“Las compras de gobierno son estratégicas y no deben ejecutarse con base en ocurrencias, existe un marco jurídico que debe respetarse” finalizó el líder de los industriales.

 

Asegura Robles que no hay pruebas en su contra

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Después de que se diera a conocer el desvío de 700 millones de pesos durante las gestiones de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la funcionaria federal aseguró que no hay pruebas en su contra.

“Soy la más interesada, y lo he dicho y otra vez, en los órganos competentes investiguen y así lo han hecho. Seguimos hablando de auditorías que han pasado que ya han sido superadas”, dijo durante un evento sobre beneficiarios del Fondo Minero.

También la funcionaria aseguró que los servicios que se contrataron, tanto por Sedesol como por Sedatu, se hicieron al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, y que fueron totalmente legales.

“Estos servicios les corresponden a las instancias competentes verificar que son recibidos, que son verdaderamente otorgados, y hasta ahora no se ha probado nada en contrario a esta circunstancia”.

La titular de la Sedatu, también tomo la red social Twitter para manifestar su inocencia y exhortar a que se continúen las investigaciones.

Incongruencias en el Gobierno del Estado

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La semana pasada hubo algo que me llamo mucho la atención y esto fue las declaraciones y posicionamientos por parte de la Fiscalía Anticorrupción dirigida por Ernesto Canales. La incongruencia a la que hace referencia el título del artículo es que mientras en el caso de la cobijas, se solicitó que los proveedores fueran los únicos que rindieran declaración ante el juez, en el caso de la armadora KIA, el fiscal ya dijo que los empresarios involucrados no van a tener que comparecer, ni habrá cargos en su contra.

Todo parece indicar que cuando el tema son las cobijas, todos tienen la culpa menos el funcionario en ese momento, Rogelio Benavides Pintos. Me parece increíble que la Fiscalía no quiera investigar al comprador de las cobijas, ya que al final del día fue él, el que licito y compro las cobijas a un precio mucho más elevado de lo que estaban en el mercado.

Creo que el menos culpable es el proveedor, aunque sea una empresa todóloga que hasta piñatas te vende, ellos pusieron el precio y fue el funcionario el que accedió a comprarlas a ese costo y no busco otras opciones, como lo marca la Ley de Adquisiciones.

El miedo que le tiene la Fiscalía y el Gobierno del Estado a Benavides Pintos es muy notorio y preocupa. Hasta el momento es uno de los escándalos del actual gobierno que no le han querido meter lupa en serio. El caso de las cobijas en mi humilde opinión puede ser la gota que derramo el vaso si no se investiga bien.

El tiempo se está acabando para el Gobierno del Estado, pues todo parece indicar que ocupará un puesto en alguna secretaria en el gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

Me pregunto, ¿qué miedo le tienen a Rogelio Benavides? ¿Qué sabe este ex funcionario del estado que tienen miedo que salga al aire?

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