Plan de Austeridad de AMLO es criticado por legisladores

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Para legisladores de diversas fuerzas políticas, el Plan de Austeridad anunciado por el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene vacíos legales, atenta contra los derechos humanos y laborales, y tiene incongruencias.

Jorge López Martín, vicecoordinador de Difusión y Mensaje de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, refirió que en esta etapa de transición las acciones de integrantes del gabinete han demostrado falta de preparación y planeación.

“Estamos ante una estrategia, anuncios que son desmentidos incluso por el Papa, entonces, pues no hay confianza, estamos incluso viendo que esta transición de López Obrador y su partido con una serie de mentiras que tienen desilusionada a la sociedad mexicana“, expuso Martín.

Opinó que el proyecto de austeridad será sólo una pantalla y no tendrá buenos resultados, y que la idea de un plan de austeridad es plausible, pero no como lo está planteando el tabasqueño.

Los senadores priistas, Diva Gastélum y José María Tapia Franco, coincidieron en que un aspecto preocupante es el de los despidos masivos a trabajadores de confianza.

Gastélum reclamó que no ha habido una definición clara de quiénes serán los empleados que saldrán de la nómina gubernamental, y en dicha iniciativa, se podrían vulnerar los derechos laborales.

“Tendríamos que ver qué es un empleado de confianza, últimamente a mucha gente se le ha dado empleo de confianza porque no hay plazas, las plazas de los entes públicos están cerradas, entonces le llaman de confianza a una gente que tiene salario bajo, y que no tiene acceso a una plaza”, apuntó.

Al respecto, Tapia refirió que se debe reflexionar en las repercusiones de estas modificaciones.

“No ha habido una propuesta clara de qué pasaría con las familias que trabajarían en dos instituciones diferentes, un matrimonio, uno en la SEP y uno en Salud y separaría familias. Qué pasaría por las guarderías para las madres que van a tener que irse a otros estados a trabajar, si existen las infraestructuras necesarias para atender a los menores en este tipo de instalaciones, guarderías”, apuntó Tapia.

En tanto, el diputado perredista Agustín Basave indicó que, aunque apoya la idea de austeridad, existen diversos aspectos que deben aclararse o corregirse.

“En lo general me parece positivo. Hay mucha tela de dónde cortar. Habría que ver cómo le pega eso a la burocracia, porque si tú bajas al 50 o 60 por ciento el sueldo del Presidente, como lo anunció López Obrador, vas a bajar todo de ahí en adelante, y yo no sé hasta a dónde vas a llegar en el escalafón a los que no quieres perjudicar”, expuso Basave.

El proyecto de austeridad también fue criticado por el senador independiente Javier Lozano.

“Es muy importante que se mantenga la calidad de servicios públicos () van muchos años que este País les ha invertido mucho dinero para que sean servidores públicos, unos de carrera, unos de nivel muy competitivo, y bueno pues cuidar que por ser muy competitivos, se los pirateen en el sector privado () al ver su salario reducido“, apuntó.

Por su parte, la senadora panista Laura Rojas reprochó a Andrés Manuel López Obrador que los planes de austeridad anunciados por el tabasqueño estigmaticen a los servidores públicos.

“A mí me preocupa seriamente que se esté generando una estigmatización de funcionarios públicos altamente calificados que no son de un partido político, que tienen mucho tiempo en la Administración pública y muchas dependencias, muchos de ellos que han ganado sus plazas por concurso, de lo que quedó del servicio profesional de carrera“, observó Rojas.

La legisladora mexiquense anunció en entrevista que enviará una carta al ganador de la elección presidencial para sugerirle que la disminución de los salarios de los servidores públicos se haga de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

Rojas consideró que esa revisión debe hacerse “de la mano de los organismos internacionales, de eso depende el buen funcionamiento del gobierno. No lo puede hacer nada más porque se le ocurrió que todos tienen que ganar cuarenta mil pesos”.

El PRI denuncia al PT por presunto desvío de recursos en Nuevo León

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso hoy ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos en contra del Partido del Trabajo (PT) por el presunto desvío de recursos públicos en el Estado de Nuevo León.

El secretario de Acción Electoral del PRI, José María Tapia Franco, informó que pidieron a la institución iniciar una Carpeta de Investigación relacionada con el presunto desvío de 100 millones de pesos “o más, que se destinaron a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Nuevo León, a través de la titular María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya.

En las instalaciones de la Fepade, acompañado de la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor Padilla, Tapia Franco subrayó que la denuncia es en concreto contra el PT, su dirigente, así como la esposa de éste.

El secretario de Acción Electoral del PRI insistió en que está claramente señalado el desvío de recursos, que supuestamente estaban dirigidos a la operación, construcción y funcionamiento de los Cendis en Nuevo León, para ocuparlo con fines electorales por parte de ese partido.

Dejó en claro que el PRI sólo busca en este procedimiento que haya legalidad, transparencia y rendición de cuentas, sobre todo por los recursos públicos que están dirigidos a las campañas.

Aclaro que a él en lo personal no le corresponde determinar si hubo complicidad del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues eso deberá ser una determinación de la autoridad investigadora.

Recordó que sobre este tema, la PGR ejerció acción penal contra un dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, quien esta ahora libre bajo las reservas de Ley.

Luego de presentar el documento ante la Oficialía de Partes del Instituto, Tapia explicó que la intención es que se proceda jurídica y administrativamente contra el PT.

Insistió en que se trata de que se investiguen las transferencias realizadas con dinero público y que forman parte de las carpetas de investigación de la PGR que ya implicó la consignación del líder del PT en Aguascalientes.