#HojaDeRuta: “Ayotzinapa: el pasado que no pasa”

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El problema del pasado es que no pasa. Así se refirió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa a la revolución rusa al reflexionar sobre su centenario en 2017. Lo mismo podría decirse de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Es un pasado que, por más que algunos quieran desterrar, no se irá a ninguna parte.

El crimen ahí ocurrido dejó una marca indeleble no solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en la historia mexicana. A la conmoción nacional e internacional se sumó la burda actuación de la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial de los hechos.

Lo único que pasó a la historia fue la incapacidad del gobierno federal de llevar y facilitar un proceso convincente que permitiera esclarecer el caso y acceder a esa tierra que rara vez está a la vista de los tripulantes del navío mexicano: la justicia.

En días pasados, el caso Ayotzinapa tuvo una importante novedad: un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación de la PGR, considerando que la indagatoria hecha por la dependencia federal “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La reacción internacional no se dejó esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a cumplir la sentencia del tribunal. 

Esta novedad jurídica se da justo en el contexto de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, AMLO ha sido el único candidato que ha pisado Iguala, Guerrero. En un mitin celebrado hace un par de semanas, se comprometió frente a los padres de los normalistas a crear una comisión de la verdad. Tras la noticia de la sentencia por el tribunal tamaulipeco, Ricardo Anaya se pronunció a favor de reabrir el caso.

Aunque también hay un debate jurídico respecto a los alcances de la sentencia emitida por el tribunal federal, es un hecho que la narrativa se ha instalado: la versión existente no es confiable, por ende, para saber la verdad se requiere una nueva indagatoria. Pase lo que pase el primero de julio, las condiciones parecen estar dadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Además de abrirse un camino a una eventual justicia para las víctimas y sus deudos, una nueva investigación sobre los 43 también rompería con la nociva práctica de pretender enterrar verdades incómodas. Crímenes como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal y Aguas Blancas siguen sin ser resueltos de manera convincente.

Contrastan casos como el chileno. Tras la dictadura de Pinochet y el retorno del sistema democrático en 1990, han existido 4 comisiones de la verdad que han buscado conocer con claridad el número de víctimas, las circunstancias de sus decesos, señalar a los responsables y buscar hacer reparaciones. La más reciente dio su informe en 2011.

Además de las obvias razones humanitarias, éticas y legales, hay un argumento político para reabrir el caso: si se pretende retomar una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a uno democrático por la vía pacífica e institucional, esto no puede hacerse sin una reconciliación con el pasado, sin el reconocimiento de las víctimas y el señalamiento público a los victimarios. Sin memoria no hay democracia.

En este sentido, una eventual Comisión de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas y la limpieza de sus nombres, así como el procesamiento de quienes resulten responsables, sería oxígeno puro para recuperar un poco de credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado Mexicano.

El pasado no pasa. Está entre nosotros, y solo hay un camino para avanzar: verlo a los ojos, hacerle justicia y mantenerlo en la memoria. 

“The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember.”

“Intimidades Públicas”: La “verdad” histórica de los 43

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“Hay para quienes la única verdad resultó ser mentira.”– Esolam

Hace más de un año, sucedieron los hechos lamentables de la noche de Iguala con la que empezaría un capítulo en la historia política y social de nuestro país que para muchos aún no concluye.

Conocer el verdadero paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa —los cuales para muchos aún se encuentran con vida— se convirtió en el principal reclamo de un sector de la población que sin conocer a fondo la situación, buscaba cualquier línea de investigación distinta a la estipulada por el gobierno.

Este problema escalo rápidamente la esfera local, y dada la gravedad de la situación, impactó al Gobierno Federal de una forma en la que nunca se recuperaría: se convirtió en uno de los principales aspectos por los que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha sido fuertemente criticado.

Las críticas al gobierno se acentuaron cuando las investigaciones de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), difirieron de lo que meses antes el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominó como la verdad histórica.

Las críticas al gobierno se acentuaron cuando las investigaciones de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), difirieron de lo que meses antes el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominó como la verdad histórica: los normalistas no habían sido calcinados.

A decir verdad, el estudio por parte de GIEI arrojó distintas líneas de investigación, las cuales aún no han sido comprobadas. Pero independientemente de lo anterior, propiciaron un golpe devastador a la credibilidad de las instituciones del gobierno mexicano.

Aún no se sabe que fue lo que realmente sucedió durante esa trágica noche. Lo único que se sabe son los dos estudios —el de la PGR y el del GIEI— que contemplan conclusiones diferentes ante este mismo hecho.

Hoy es fecha que aún no se sabe que fue lo que realmente sucedió durante esa trágica noche. Lo único que se sabe son los dos estudios —el de la PGR y el del GIEI— que contemplan conclusiones diferentes ante este mismo hecho.

Lo lamentable es que cualquier grupo de personas o institución ajena al gobierno puede dejar en entredicho lo que este último expone. Esto no sólo refleja la débil percepción que existe hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país, sino también la falta de credibilidad que tenemos hacia cualquier asunto que este mínimamente involucrado con lo público.

¿Y qué si la verdad histórica de la PGR resulta ser cierta? ¿Cambiará la percepción que tenemos hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país?

Habrá que preguntarnos: ¿y qué si la verdad histórica de la PGR resulta ser cierta? ¿Cambiará la percepción que tenemos hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país? Sinceramente creo que no.

Desafortunadamente, en México se ocupa mucho más que una serie de verdades para que dejemos de creer que son mentiras.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”