El costo de la democracia en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para el año 2018, según Ciro Murayama, consejero presidente de su Comisión Temporal de Presupuesto “México vivirá la elección más grande de su historia, porque van a concurrir tres elecciones federales y 30 procesos locales”; la suma tendría que ponderarse porque no es menor si se considera que el presupuesto íntegro en 2017 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue de 69 mil 408 millones; de SEMARNAT 35 mil 978 millones; de CONACYT 26 mil 963 millones y de la SEMAR 26 mil 336 millones. Es decir, el presupuesto del INE para el proceso electoral de 2018 es equiparable a los recursos que se destinan a los gastos de inversión y operación de la Marina Armada de México así como a los salarios de todos los marinos del país en un año.

Indican las autoridades electorales que 18 mil millones serán para gasto operativo del instituto y 6 mil millones para el financiamiento de los partidos políticos. Estas cifras, dicen también,  que es en proporción el mismo que se aplicó en los años 2000, 2006 y 2012 en tanto que instituciones encargadas de regular los comicios electorales empleaban el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); si se sigue esa declaración en futuras elecciones habrá más y más gastos, y sobra decir que no se traducen en mayor confianza para la democracia o en una mejoría en su calidad; habría de señalarse que tal proporción es equívoca: es hasta mediocre argumentar una relación lineal entre gasto público y gasto electoral.

En los últimos años el INE registra una disminución en la confianza pública. Los resultados de una encuesta del periódico Reforma revelaron que el 60% de los ciudadanos consideran que el INE no está preparado para organizar las elecciones federales y el 55% estima que el Instituto es poco independiente respecto al gobierno.  Ha de decirse que en todo caso el INE actúa de ese modo porque la ley así lo establece, aunque poco ha hecho para reducir costos de operación, salarios y otros gastos. Varios de  sus Consejeros pasaron del cubículo y de escribir libros a una responsabilidad nacional, algunos sin ninguna experiencia de mediano nivel en la administración pública, se les nota a la defensiva y sin saber qué hacer.

Tomando otros indicadores como referencia puede analizarse la situación que atraviesa la democracia mexicana; de acuerdo con Latinobarómetro el 49% de los encuestados respondió de manera positiva respecto al apoyo a la democracia: 49% de los encuestados considera que es preferible la democracia a otros sistemas políticos, y para 51 por ciento no es así, este dato es preocupante  para una democracia que se gasta 25 mil millones.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova señaló en un foro en la UNAM que el INE tuvo responsabilidad al no diseñar una estrategia adecuada para informar a la ciudadanía sobre temas electorales y las propias atribuciones del INE, pero sí presupuestó en 2017 para su Coordinación de Comunicación Social 68 millones de pesos. Eso se llama incompetencia en cualquier parte. Sería sano que los partidos políticos y los Consejeros acordaran reducir el gasto de los partidos por lo menos en años no electorales, pactar una renuncia en bloque del Consejo del INE, reducir el costo operativo del instituto, y designar Consejeros con capacidad administrativa y operativa, gente sobra,  aunque no salgan en la tele.

Si bien el INE precisa recursos para sufragar los costos por organizar elecciones estatales, federales y fiscalización. Lo cierto es, que en un país con 50 millones de personas en la pobreza, donde se hicieron ajustes a todas las Secretarías de Estado Federales, donde la Secretaría de Hacienda generó un presupuesto base cero para revisar los éxitos que tienen los programas y con esa base asignar recursos, habría que preguntarse sobre la ética pública de solicitar los recursos que pide el INE, así como  la propia ley y los resultados que se tienen. Porque si bien hoy no sabemos quién ganará la próxima elección, podemos estar seguros que 25 mil millones después alguien alzará la voz alegando desconfianza en el actuar del Instituto Nacional Electoral.

INE califica de “atípico” conteo rápido en Coahuila

Para el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Cordova, el conteo rápido en el estado de Coahuila fue “atípico”, según así lo califico el funcionario la tarde de ayer. El conteo rápido en esa entidad arrojo como ganador al candidato panista, Guillermo Anaya, pero en el cómputo distrito el el ganador por mayoría de votos fue el priista, Miguel Ángel Riquelme.

Cordova menciono que desde hace mucho tiempo no se veía que un conteo rápido tuviera resultados con intervalos que no se vieran reflejados en los cómputos, tal y como sucedió en Coahuila.

Por otro lado, el consejero presidente no se aventuro a sacar conclusiones y dijo que se debía de analizar que había sucedido durante el proceso.

Cordova aclaro que no especularía sobre la posibilidad de que se anulen las elecciones, y era un derecho de los partidos solicitarlo a las propias instancias jurisdiccionales y que serán los tribunales los que decidan.

Finalmente, dijo que el INE estaba abierto a la autocrítica, teniendo en cuenta la elección que se tiene por delante en el 2018, la cual calificó como “la mas complicada en la historia de nuestro país”.

Con información de Reforma.

INAI ordena a Pemex abrir contratos con Odebrecht

El Institución Nacional de Acceso a la Información Publica ordena a Petróleos Mexicanos entregar copias de los contratos y modificaciones, que realizo con la constructora Odebrecht de 2006 a 2016.

Joel Salas Suárez comisionado del INAI lanzo un proyecto que fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra el cual contempla que la información de los contratos entre Pemex y la constructora Odebrecht es parte del escándalo Java Lato que es considerado uno de los mayores escándalos de América Latina y el mundo, escándalo por el que funcionarios y empresarios brasileños cumplen condenas.

Esta es la segunda ocasión en que la INAI revierte la respuesta de Pemex, ya que este último argumento que en caso de apertura de alguno de estos contratos obstruiría procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos  investigados; afectaría los derechos del debido proceso; a las investigaciones de hechos; y vulneraría tratados internacionales. El INAI considera estos argumentos como fundados.

El INAI solicito a Pemex la semana pasado la entrega del contrato firmado con  Odebrecht en febrero de 2014. Tras el análisis realizado el comisionado Joel Salas comento que  el contrato original involucró mil 436 millones de pesos. En su primera modificación se agregaron  358 millones de pesos, un 26 por ciento del valor inicial. Y en la segunda se incrementaron  521 millones, es decir, un  38.64 por ciento del original. El contrato terminó con un monto de 2 mil 315 millones de pesos.

Joel Salas también advirtió que desde el pasado 5 de abril la cámara de Diputados pidió la cancelación de todas los contrataciones con Odebrecht.

 

Con información de Revista Proceso.