Señalan error en detención sobre Iguala

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La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, sujeto apodado “La Rana”, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde el 17 de marzo, REFORMA publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.

La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de “La Rana” o “El Güereque” y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.

“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación“, advierte la CNDH.

“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como ‘La Rana’ o ‘El Güereque’.

Según el expediente, Patrio Reyes Landa, “El Pato”, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, alias”El Gil”, “La Rana” intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.

Mientras que Jonathan Orozco Cortés, “El Jona”, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, “Lucas”, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.

“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a ‘El Güereque’ no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, sentenció la CNDH.

“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”.

La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los hechos de Iguala, Guerrero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es “Édgar”.

El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades era Édgar Albarán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.

Para llegar a esa conclusión, la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a “Édgar”, a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.

También contactó a quien le hizo el tatuaje a Édgar e incluso esta persona reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a “El Güereque”.

Desde el 23 de mayo, la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.

“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el Juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, reprochó.

Ordenan liberación de 4 involucrados en desaparición de los 43

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Un juez federal ordenó la liberación de cuatros presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto por falta de elementos probatorios para un juicio en su contra. Sólo uno saldrá de la cárcel, ya quo tiene mas acusaciones en su contra.

El juez federal David Calderón Blanc ordenó la libertad bajo reservas de Marco Antonio Ríos Berber, Martín Alejandro Macedo Barrera, Luis Alberto José Gaspar y Honorio Antúnez Osorio.

De acuerdo a declaraciones hechas por Ríos Berber, alías “El Cuasi” a la Procuraduría General de la República (PGR), fue el encargado  de comprar el diésel que presuntamente se usó para incinerar los cuerpos de los 43 jóvenes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el basurero del municipio de Cocula. Aún se ordenó su liberación, el presunto delincuente no podrá salir ya que aún enfrenta una causa penal más.

El único presunto involucrado en la desaparición de los normalistas que saldrá libre es, José Gaspar, alias “el Tongo”.

Se indicó que la PGR aún puede imputar otros cargos si durante la investigación surgen más elementos en contra de estas personas.

(Con información de Quadratin Guerrero)

 

Gobierno responde a informe de ONU sobre Ayotzinapa

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En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura “la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul“, con “tan solo dos dictámenes positivos” confirmando la existencia de este delito.

No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en el país, empleado “como instrumento único”.

Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de “otras pruebas y fuentes”, por lo que “un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura”.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.