Considera AMLO que acusaciones de Alfaro fueron irrespetuosas a la investidura Presidencial

Comparte este artículo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como irrespetuosas las acusaciones del gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la presunta injerencia de su gobierno en las protestas por el asesinato de Giovanni López.

López Obrador apuntó que no busca pelearse con nadie y que la relación con el gobierno de Jalisco es buena “a secas”.

“No tenemos pleito con nadie, ni queremos tenerlo. Me llamó mucho la atención que él (Alfaro) haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona, se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera. Echarle la culpa a otros de lo que están enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene que enfrentar como gobernante”, dijo el mandatario en #LaMañanera.

“No estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores, porque esa es su doctrina. No creo que ese sea el mejor método de relacionarnos. He dado instrucciones para que no nos metamos en nada, no tenemos porqué inmiscuirnos. Jalisco es un estado libre y soberano”.

Por otro lado, el presidente señaló que no ha hablado con el gobernador jalisciense, sin embargo, le recomendó no usar la fuerza pública en dichas manifestaciones.

“No he hablado, pero no tengo porque hacerlo, cada quien tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde, nada más la recomendación es no usar la fuerza no actuar de manera autoritaria garantizar las libertades. No debe de ser maltratada la gente, los que protestan, deben tener garantizada la libertad de manifestación”, indicó.

Es hora de hablar de la policías en México

Comparte este artículo:

La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos hace revivir un tema que diversos gobiernos han preferido ignorar y no resolver, dejando que crezca y crezca y siga creciendo, generando víctimas: la situación de las policías locales. Independientemente de los tintes políticos del caso, no debemos perder de vista que gran parte del problema y el origen del mismo, es la situación generalizada de las policías locales en México. La agenda pendiente para mejorar la eficacia y situación de las corporaciones policiacas, se debe a una falta de visión integral sobre seguridad pública.

Debemos entender, que las policías locales son ese primer contacto de la ciudadanía con los aparatos del Estado, desde esa perspectiva, podemos afirmar que ellos son los que conocen las dinámicas comunitarias de la violencia, su posición en una comunidad puede tener un impacto positivo para el mejor desarrollo de una comunidad, ya que “este conocimiento es indispensable para atender conductas antisociales y promover una convivencia pacífica entre los vecinos, con un uso mínimo de la fuerza” (López, 2019). Esta perspectiva de primer contacto ciudadano, facilitador de soluciones comunes y su conocimiento de la situación local, nos hace ver lo imperativo de las reformas y políticas públicas en materia de seguridad pública tengan como base estos puntos partida.

Sin embargo, la población tiene un nivel de satisfacción muy bajo de las policías, la segunda peor calificada, conforme a la ENCIG 2019 del INEGI, esto se debe en gran medida a esos comportamientos y acciones sistemáticas y muy arraigadas en muchas instituciones policiacas a nivel local. Si vemos que, conforme a los artículos 41 fracción V, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se prevé el Certificado Único Policial (CUP), el cual es el aval de capacitación y conocimiento básico en sus tareas, sin embargo, de acuerdo con una investigación de Animal Político, sólo el 27.5% de las policías locales y municipales cuentan con un CUP, lo que se traduce en 1 de cada 4, en términos generales, ninguna entidad federativa cuenta con el 100% de sus cuerpos policiacos certificados. Esto nos muestra una parte del problema, el cual es la falta de capacitación y educación completa, y entender que el ejercicio de la seguridad pública debe ser considerada desde una profesionalización, ya que en la concepción tradicional sólo es considerada como una labor más que ignora su importancia y relevancia social.

Si analizamos el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) desarrollado por la organización Causa en Común, que genera indicadores como la carrera policial, certificación, profesionalización, seguridad social y régimen disciplinario, la organización concluye que “ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimo de ley y las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan“. Esto es de preocuparnos, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para que las policías tengan una  formación adecuada. Del INDEPOL 2018 se puede señalar que  en 14 entidades, durante 2015, 2016, y 2017 no sesionó en ninguna ocasión la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, el cual es el órgano encargado de las directrices para formar verdaderos profesionales en las instituciones de seguridad pública.  Así como es importante tomar la carrera policial como una verdadera profesión pública, se debe tener en cuenta que existe una mala educación sobre prácticas apegadas a  los  más altos estándares de derechos humanos, y esto se ve reflejado en el alto índice de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ante Comisiones locales en la materia. Esto resulta muy importante para obtener buenos resultados, ya que al estar en contacto directo con situaciones no de alto impacto, responder de manera proporcional apegado a prácticas adecuadas en atención ciudad y tener protocolos bien establecidos para la atención de crímenes de alto impacto, abonan a reducir violaciones graves a los derechos humanos y romper con el actual ciclo de abuso de la fuerza. A esto debemos señalar las condiciones adversas con las cuales deben desempeñar sus labores, con salarios ínfimos y con pocas o nulas prestaciones, las cuales tampoco generan un incentivo para profesionalizar o incentivar a los cuerpos policiacos a mejores estándares o prácticas.

Otra dimensión del problema son los recursos públicos para las corporaciones policiacas, ya que  el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se transfiere a las entidades federativas el cual pare el 2020 son 7, 436, 542, 144.00 millones de pesos, y vemos que existe una mala aplicación e inversión de dichos recursos, un fenómeno preocupante en los estados es el subejercicio de dicho fondo, ya que la gran mayoría tiene un subejercicio debido a dos grandes factores, primero al “incumplimiento de metas y objetivos del fondo y el segundo, como resultado de la incapacidad o la imposibilidad de ejercer el total del recurso “. La suma de estos factores, nos deja que ver gran parte del problema es que la situación dentro de dichas instituciones no permite grandes avances. Lo que sucedió en el caso de Giovanni no debe volver a ocurrir, y para ello debemos tomarnos el papel de las policías locales enserio. Desafortunadamente, “el diseño institucional que regula la función policial en México las coloca prácticamente como meras espectadoras de los problemas de seguridad”. Es por ello que es urgente una reforma integral al sistema nacional de seguridad pública que impacte a nivel local. Las dinámicas locales tienen una tendencia a ser más efectivas y exitosas, y ese ha sido la reforma pendiente. En ningún momento considero que se pueda (y deba) justificar el actuar de los policías que mataron a Giovanni, sin embargo, la situación deja al descubierto que debemos cambiar la estructura y políticas públicas para evitar a más víctimas en manos de policías. Mejores controles internos, rendición de cuentas y transparencia sobre los programas internos y políticas institucionales son puntos que también se debe exigir a los gobiernos locales. Como lamentablemente señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”.  

reneramirezbenitez@gmail.com 

Twitter: Renesito_ 

Hace Fiscalía de Jalisco primeras detenciones por asesinato de Giovanni

Comparte este artículo:

La Fiscalía de Jalisco informó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato del joven Giovanni López.

La dependencia detalló que se trata del comisario de la Policía de Ixtlahuacán, un mando medio y un oficial.

Momentos antes de que se diera esta información, el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, señaló que la Policía Estatal tomó la seguridad pública en Ixtlahuacán.

“Tenemos ya a los primeros detenidos y hemos decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como les di mi palabra, la muerte de Giovanni no quedará impune. A las 9 a.m daremos más información”, publicó en su cuenta de Twitter, Alfaro.

Acusan a alcalde de Ixtlahuacán de amenazar y sobornar a familia de Giovanni

Comparte este artículo:

Luego de que el video de la detención de Giovanni López inundara las redes sociales y despertara una profunda indignación entre los mexicanos. Un tumulto de jaliscienses se dio cita a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco para protestar por el asesinato y tuvieron fuertes enfrentamientos con la policía local.

De acuerdo con la versión de los familiares, unos vecinos les habrían facilitado el número telefónico del actual alcalde del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, quien les habría dicho que Giovanni estaba en el hospital y, tras su muerte, aseguraron que les ofreció por medio de un tercero 200 mil pesos a cambio de su silencio.

Durante una entrevista con XTITV acerca de las protestas del 4 junio en la entidad, Cervantes aseguró que tiene su conciencia tranquila porque las acusaciones son “rumores”. Tachó de falsas e infundadas las acusaciones para después reiterar que dio parte al Ministerio Público pertinente en cuanto se enteró del asunto para sancionar a los responsables y aseguró que “no tendría por qué ofrecer” dinero, si inmediatamente notificó a las instancias necesarias. Por lo que comentó que se presentaría a declarar y que daría pruebas que certifiquen la veracidad de su versión.

En cuanto a la situación actual del comisario y policías involucrados en el caso, informó que, aunque en un primer momento no consideró prudente separar a los sospechosos de su cargo “para no ponerlos en alerta y que se me fueran a escapar”, posteriormente se les removió del mismo por recomendación de Derechos Humanos de Jalisco.

Por otro lado, señaló que se abrieron dos carpetas de investigación: una por el homicidio de Giovanni López y la otra por el supuesto soborno. Siendo que confía en que los datos de la carpeta de investigación estén a su favor, pues figuran fecha y hora en que se dio parte al Ministerio Público.

Con información de Infobae

“Si tiene pruebas que las presente”, le dice AMLO a Alfaro

Comparte este artículo:

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no tiene nada que ver en las protestas de ayer en Jalisco tras la muerte de Giovanni López.

“Si el gobernador tiene pruebas, que las presente, porque quien acusa debe tener pruebas”, indicó.

El tabasqueño invitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien denunció “intereses construidos desde la Ciudad de México” tras los disturbios de ayer en la entidad, que si tiene pruebas las presente lo más pronto posible.

Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, pero no me inmiscuyo en cuestiones partidistas, no soy jefe de partido, represento al Estado Mexicano, no tengo propósito de afectar autoridades locales. No me meto en cuestiones partidistas, por respeto a la investidura presidencial“, añadió López Obrador.

Al menos 26 detenidos y dos patrullas incendiadas dejaron este jueves las protestas y fuertes disturbios en Guadalajara en repudio por la muerte de Giovanni López, quien había sido detenido por la Policía supuestamente por no usar tapabocas en medio la pandemia.

Con información de Vanguardia

Segob liga abuso policiaco en Jalisco a restricciones

Comparte este artículo:

Se condenó los casos de presunto abuso policial cometidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y Tijuana, Baja California por La Secretaría de Gobernación (Segob).

En Jalisco se acusó que las medidas restrictivas instrumentadas por el Gobernador Enrique Alfaro “llevaron a la comisión de abusos” por parte de la Policía.

A través un comunicado, afirmó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser excusa para la intolerancia, la discriminación, ni el uso excesivo de la fuerza.

Advirtió que, en ambos casos, las personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales y claras violaciones a los derechos humanos.

Aunque no tiene facultades para investigar, la Segob reveló que solicitó información de las respectivas carpetas de investigación.

En Jalisco, un joven identificado como Giovanni López fue detenido por policías y golpeado, supuestamente por no portar cubrebocas.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos se llevaron detenido y al día siguiente fue reportado como fallecido.

También en redes sociales circuló un video en el que se observa que una persona en situación de calle es detenida en Tijuana, Baja California, por agentes municipales.

La víctima, quien aparente lanzaba piedras antes de ser detenida, falleció como consecuencia de que un policía le puso el pie sobre la cabeza cuando se encontraba tendido en el piso.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que, ante el establecimiento de medidas sanitarias a causa del coronavirus, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública.

Las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, abundó, tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.

Además, conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia.

 

 

 

(Con información de El Norte)