Presenta Luis Susarrey iniciativa para dar certificación de “empresa limpia”

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El diputado local del Distrito 18, Luis Susarrey, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental para crear la “Certificación de Empresa Limpia”, esto con el objetivo de que se conozca qué empresas o negocios son “verdes” al cumplir voluntariamente las normas ambientales vigentes.

Acompañado por Mauro Guerra, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Susarrey entregó la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local.

“Estamos presentando una iniciativa para que en el Estado de Nuevo León, particularmente la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pueda emitir una certificación ambiental a empresas limpias, que se sepa qué empresas sí cumplen con los estándares y no contaminan y no están en contra del desarrollo sustentable. Que se pueda saber qué empresas, negocios o edificios pueden tener una certificación de ser limpios en cuanto a las normas ambientales, que podamos decir y saber cuáles son las empresas verdes, los espacios verdes y así contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente”, expresó el diputado panista.

La iniciativa plantea adicionar a la Ley Ambiental el Capítulo 1 Bis “Certificación empresa limpia” que contendrá los artículos 202 Bis, y 202 Bis 1.

“La Certificación Empresa Limpia es un modelo diseñado para las industrias, empresas, prestadores de servicios, e instituciones privadas ambientalmente responsables que de manera individual y voluntaria sometan a revisión, vía una auditoría ambiental, sus procesos productivos y políticas ambientales, con el objetivo que alentar a las industrias al cumplimiento voluntario de la normatividad ambiental vigente”, se establece en el artículo 202 Bis propuesto.

Susarrey indicó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable será quien tenga la responsabilidad de realizar la auditoría correspondiente para la certificación que tendrá una vigencia de tres años con posibilidad de renovarse.

“En el tema del medio ambiente para que muchas empresas se hacen pasar por empresas verdes, limpias, sustentables o dicen que sus productos no contaminan, que son biodegradables, pero finalmente termina siendo puro marketing y no sabemos si es una verdad absoluta el que no están contaminando. Entonces la propuesta es que se reconozca cuáles son las empresas que estañan cumpliendo con las normas ambientales federales y estatales, es decir, que tengan un distintivo en la entrada de su negocio que las reconozca como empresas limpias o verdes”.

Por último, agregó que la certificación la pedirían los negocios o empresas de manera voluntaria y el beneficio que obtendrían sería el que, con base en el reconocimiento de que no contaminan, la gente les reconociera.

¿Candidatos?

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En la Avenida Juárez de la CDMX, Frena y Gilberto Lozano decidieron enfrentar el reto de resistencia callejera, a invitación expresa del presidente que pretenden derrocar. Las semanas venideras dirán si la estrategia de usar las mismas herramientas de protesta que usó AMLO en el año 2006 (sin lograr más que estorbar a los capitalinos durante más de cuatro semanas) es la adecuada o lo llevará a unas comparaciones peligrosas y desfavorables, por la disparidad entre los recursos del entonces candidato derrotado y de las tropas más exiguas de Frena. 

Mientras tanto, en Monterrey, se sigue jugando batallas sordas por las candidaturas a la gubernatura del Estado de Nuevo León. ¿Existe realmente una competencia entre Clara Luz y Tatiana por la candidatura de Morena? ¿Puede estar Clara Luz jugando en dos mesas de póker simultáneamente, apostando también en otra jugada del PAN? ¿Habría compatibilidad entre Abel Guerra y sus intereses múltiples y los múltiples intereses de las cúpulas panistas? 

¿Estará el PAN abriendo también varias jugadas dejando abierta la posibilidad de una alianza con Movimiento Ciudadana, a pesar de las decisiones de los dirigentes nacionales de este partido de ir solos a la batalla electoral? ¿La Alianza local, PAN y Movimiento Ciudadano estaría condicionada a que el candidato sea Luis Donaldo Colosio, a exclusión total del senador Samuel García, lo que explica tantas afirmaciones reiteradas del senador que Luis Donaldo va por la alcaldía de Monterrey, para apartarlo de su camino a la candidatura por MC? 

Tantas dudas e interrogantes solamente demuestran que en este momento, la política no es de ideas ni de partidos, sino de candidatos , de sus personalidades y de la imagen que proyectan en la opinión pública. No se pelea por una visión política ni por una visión del desarrollo del Estado de Nuevo León, se pelea por intereses de grupos, pero tristemente, principalmente intereses económicos. 

El Estado es considerado un botín. Lo que está en discusión es la mejor combinación de personas para defender intereses muy particulares. La víctima de este proceso deformado será el propio estado de Nuevo León. Ya sufrió mucho con un sexenio de un aprendiz de gobernador de tiempo parcial, y dos sexenios de saqueo priista. 

Urge un proyecto serio y candidatos preparados para administrar el Estado y dejar a un lado los juegos fatales de la partidocracia. 

La Movilidad y el Respeto Cívico

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Lamentablemente la semana pasada fuimos testigos de hechos de tránsito en el cual lamentablemente perdieron la vida cuatro ciclistas.

Recientemente se aprobó en diciembre del año pasado la nueva Ley de Movilidad para el Estado de Nuevo León que contiene una visión más amplia respecto a la manera de trasladarnos de un lugar a otro dentro de la zona metropolitana y dentro del Estado.

Esta Ley contiene una jerarquización de movilidad empezando y como prioridad el peatón y las personas con movilidad limitada (personas de la tercera edad, niños, etc), posteriormente los usuarios o conductores de medios no motorizados y posteriormente los demás medios motorizados.

En el área metropolitana de Monterrey cada vez vemos menos agentes de tránsito, y cuando los vemos es para atender un accidente que ya sucedió o para operativos anti alcohol, pero no vemos a estos agentes como hace unos 20 años implementando el operativo radar, cuidando las zonas escolares, patrullando para detectar alguna irregularidad vial y temas preventivos.

Esto ha llevado a que la cultura tan mexicanizada de no respetar reglas y no respetar a los demás se salga de orden. Cada vez vemos más en los medios de comunicación y en las redes sociales incidentes de peleas entre conductores porque simple y sencillamente todos se sienten dueños exclusivos de la calle, más alla de las leyes y los reglamentos.

Los ordenamientos jurídicos fueron creados para regular la manera en que convivimos en sociedad, sin embargo, cuando no existe el valor del respeto, poco se puede hacer para respetar el ordenamiento jurídico que nos hace convivir bajo ciertos lineamientos.

México sigue siendo el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Impunidad elaborado por la UDLAP, y esto deriva en que, al no existir castigos o al no implementarse los mismos, cada quien hace lo que le viene en gana e impera la ley del más fuerte, en este caso y en esta semana, lamentablemente la fuerza de un vehículo automotor contra el poco peso y volumen de una bicicleta y el cuerpo humano.

Es el mes de Julio de 2020, siete meses han pasado desde que se publicó la nueva Ley de Movilidad, y no solamente los ciudadanos no la respetan, sino que las autoridades municipales tampoco han armonizado sus reglamentos y tampoco han adaptado las vialidades con carriles confinados para los medios no motorizados como lo establece la nueva legislación.

La pandemia no es pretexto para no cumplir la ley y para que las autoridades no cumplan lo que deben cumplir, ejemplo de ello, es que siguen los trabajos en Calzada del Valle en los que se contempla todo, menos un modelo de calle completa.

Hay quienes, sin el menor síntoma de sensibilidad, acusan a los ciclistas de ocupar un carril, y es fácil emitir un juicio cuando no se trata de un familiar, sin embargo tampoco consideran que en las vialidades en que se suscitaron estas lamentables tragedias no existe un carril confinado a medios no motorizados, ni en esos municipios en donde ocurrieron los hechos existen reglamentos armonizados con la nueva legislación.

Más allá de deslindar culpas, que a nosotros no nos toca, sino a un juez de lo penal, lo que si nos corresponde es tomar responsabilidad sobre respetar a los demás y respetar las normas jurídicas para convivir como sociedad y prevenir lamentables pérdidas humanas.

TEPJF pide sancionar al Bronco

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La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local que sancione al Gobernador Jaime Rodríguez y al Secretario General de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos para la obtención de las “broncofirmas”.

Señala que el Congreso incumplió durante dos periodos ordinarios la instrucción de sanciones a ambos funcionarios por el uso indebido de recursos públicos para la recolección de firmas que permitieron a Rodríguez contender por la Presidencia de México.

Ahora, demanda a los Diputados analizar la falta y aplicar sanciones dentro del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre y concluye el 20 de diciembre.

La resolución se emitió el 25 de julio dentro de un incidente de incumplimiento de sentencia que promovió el ahora Senador Samuel García.

El Congreso del Estado de Nuevo León no ha cumplido la sentencia dictada en el SRE-PSC-153/2018“, establece el primer punto de la resolución.

Se vincula a la Comisión Anticorrupción y a quien la presida, al Pleno, así como a la o el presidente del Congreso del Estado para que cumplan con la sentencia del 21 de junio de 2018 en los términos en que se precisa en esta resolución”.

 

 

(Con información de El Norte)

#HojaDeRuta: “Por un transporte (realmente) público”

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No soy un experto en transporte ni mucho menos, pero como dice aquella frase hecha: tantas ciudades desarrolladas no pueden estar equivocadas. Prácticamente cualquier urbe que cuenta con un modelo de transporte público exitoso, es precisamente por eso: es realmente público. 

En Nuevo León tenemos un híbrido que ha resultado poco conveniente: jurídicamente, el transporte sigue siendo público, pero operativamente está privatizado (así sea temporalmente) por la figura de la concesión.

Más allá de la polémica que ha desatado el aumento de tarifas, los vaivenes entre las posturas de los distintos actores -que van desde la insensibilidad de los transportistas hasta la improvisación de la autoridad estatal- y el alud mediático alrededor del tema, es preciso reflexionar sobre la esencia del modelo.

¿Qué implica que el transporte sea operado bajo un modelo público y por qué sería conveniente para el bienestar general? Para responderlo, hay que acudir al concepto de bien público.

Desde el aspecto económico, un bien público es aquél que está disponible para todas las personas (por tanto, no es excluyente) y no puede ser divisible (que lo use una persona no impide que lo use otra). Desde el aspecto político, son aquellos vienen que son provistos y/o protegidos por el Estado.

Demos un ejemplo con un tema en boga en Monterrey: el aire. Está disponible para todas las personas de la ciudad sin excepción y el hecho de que unos lo respiren no impide que otros puedan hacerlo. Además, desde el componente político el Estado no provee el aire, pero sí está obligado a protegerlo, es decir, a garantizar su calidad. Ahí tenemos un ejemplo claro de un bien público.

En el caso del transporte, se requiere entenderlo desde el concepto de movilidad: todas las personas deberían poderse mover en la ciudad, sin excepción, y la capacidad de movimiento de unos no debería impedir o afectar la capacidad de moverse de otros. En este caso, el Estado no solo está obligado a proteger esa capacidad de movernos, sino que, en el mejor escenario, debe proveerla.

¿La razón de lo anterior? Un tema de incentivos, y ahí es donde hay que elegir un paradigma: ¿La prioridad el transporte es mover a las personas o hacer negocio? La respuesta a esa pregunta encierra la esencia de por qué un modelo público es buena idea. 

Un modelo estatal debe poner su esfuerzo en la manera más eficiente y justa de mover a las personas; un modelo privado, pone su esfuerzo en maximizar la renta, aunque esto signifique afectar a los usuarios.

Y esa afectación a los usuarios hay que sacarla del mundo de lo abstracto y tocar tierra: significa impactar en los bolsillos de las personas que menos ganan, sobre todo considerando que México es el país de la OCDE donde proporcionalmente se gasta más del ingreso en transporte. 

Significa también una afectación a la salud física y emocional, pues se obliga a las personas a dormir menos, y pasar cantidades inhumanas de tiempo (de 3 a 4 horas diarias en los peores casos) arriba de un camión. Esto implica no solo cansancio, sino un menor tiempo de convivencia familiar o de recreación antes de volver a iniciar la rutina.

En pocas palabras, un transporte público ineficiente como el que tenemos afecta directamente la calidad de vida de las personas. Un mal transporte público que es consecuencia, a su vez, de una mala planeación urbana y los incentivos perversos que la han permitido.

De tal suerte que el debate de las tarifas será una polémica temporal, pero habría que ir al terreno de lo radical: repensar y replantear de manera seria y responsable nuestro modelo de transporte hacia una empresa pública o entidad estatal que tenga por objeto mover a las personas, no explotarlas.

gilberto@altiusconsultores.com

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

#Kleroterion: “Una agenda personal y política”

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Cuando acepté ser candidato a Diputado Federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo hice bajo la convicción de que los ciudadanos además de la critica a nuestros gobernantes podemos aportar ideas, acuerdos e acciones en beneficio de las personas, las familias y las comunidades. Estos años en el H. Congreso de la Unión fueron de aprendizaje acelerado, de aportaciones que se expresan en más de 50 iniciativas de reforma de ley que presenté con el PRD integrantes de otros Partidos Políticos, porque las ideas, si realmente pueden servir, importa poco de quién sean, lo sustancial es que se concreten. Tuve el privilegio de Presidir la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, espacio de honda responsabilidad política, jurídica y legislativa cuyo fin es que la ciudadanía pueda vivir en una condición de paz y estabilidad en un Estado independiente, soberano, indivisible y prestigiado en el orden internacional.  

El diálogo con los diferentes partidos y el esfuerzo de mi equipo de trabajo se tradujo en ser reconocido el mejor legislador del Congreso de la Unión, y en otrosreconocimientos nacionales e internacionales, además logramos gestionar recursos necesarios para el Estado de Nuevo León que se materializarán en obras de beneficio colectivo; y doné mi sueldo como Legislador a diferentes organizaciones sociales, para apoyarlas en las tareas que desde lo privado realizan con vocación y fines públicos, en especial para los grupos más débiles y vulnerables de nuestra sociedad. He vivido para la política no de la política, eso resume mis acciones; no más, tampoco menos. De todo esto no espero premios, aplausos o diplomas, serví con pasión y entrega porque así lo decidí, porque creo que es lo correcto, y porque el mejor juez que tengo es el nombre que me da mi familia, en especial mi esposa hijos. Uno no habría de hacer las cosas bien por alguna recompensa sino porque es lo correcto. 

Mi mayor aprendizaje en estos años fue reconocer que el poder público sí puede servir a las personas, a no actuar con deshonestidad intelectual sólo porque así conviene a tal o cual grupo político o por aspiraciones personales, y a no denigrar la política al repetir mitos, atavismos o mentiras que perjudican la acción de las instituciones contra los grandes retos nacionales. Hasta la mejor acción de gobierno puede cuestionarse si la intención es servir a intereses distantes de lo público, pero eso lejos está de servirle a la nación. Para ser honesto en política no se necesita ser independiente, ni ciudadano, ni nada, sólo hay que serlo, es todo.

Este quince de diciembre inicia la licencia que solicité al Congreso de la Unión y que será efectiva hasta el 31 de enero de 2018, dos objetivos habré de cumplir en ese lapso: 1. Atender asuntos personales, en especial estar con toda mi familia; 2. Reflexionar si buscaré un espacio de representación popular. Las dos tareas se entrelazan porque el trabajo político es demandante en todo sentido, y porque buscar una posición política implica una tarea intensa. Hay cientos de personas que aspiran a esos cargos. Lo que sí puedo señalar es que sólo participaré si tengo la certeza de que podré servir con honestidad a las personas y sus familias, sino ¿para qué hacerlo? Las definiciones habré de tomarlas en lo personal y con mi familia, después hablaré con los actores políticos, habré de ponderar los retos y de ser el caso buscaré el voto de la ciudadanía. En lo personal esa es la agenda que viene, y espero sea también en lo colectivo, ahí están los resultados. Hoy lo importante es hacer más, trabajar más y lograr más para servir a Nuevo León. 

El PRI denuncia al PT por presunto desvío de recursos en Nuevo León

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso hoy ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos en contra del Partido del Trabajo (PT) por el presunto desvío de recursos públicos en el Estado de Nuevo León.

El secretario de Acción Electoral del PRI, José María Tapia Franco, informó que pidieron a la institución iniciar una Carpeta de Investigación relacionada con el presunto desvío de 100 millones de pesos “o más, que se destinaron a Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Nuevo León, a través de la titular María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya.

En las instalaciones de la Fepade, acompañado de la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor Padilla, Tapia Franco subrayó que la denuncia es en concreto contra el PT, su dirigente, así como la esposa de éste.

El secretario de Acción Electoral del PRI insistió en que está claramente señalado el desvío de recursos, que supuestamente estaban dirigidos a la operación, construcción y funcionamiento de los Cendis en Nuevo León, para ocuparlo con fines electorales por parte de ese partido.

Dejó en claro que el PRI sólo busca en este procedimiento que haya legalidad, transparencia y rendición de cuentas, sobre todo por los recursos públicos que están dirigidos a las campañas.

Aclaro que a él en lo personal no le corresponde determinar si hubo complicidad del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues eso deberá ser una determinación de la autoridad investigadora.

Recordó que sobre este tema, la PGR ejerció acción penal contra un dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, quien esta ahora libre bajo las reservas de Ley.

Luego de presentar el documento ante la Oficialía de Partes del Instituto, Tapia explicó que la intención es que se proceda jurídica y administrativamente contra el PT.

Insistió en que se trata de que se investiguen las transferencias realizadas con dinero público y que forman parte de las carpetas de investigación de la PGR que ya implicó la consignación del líder del PT en Aguascalientes.

 

Planea el estado vetar propuesta de padrón de automóviles foráneos

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El Secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, informó que la reforma de ley para imponer restricciones de horario a automóviles foráneos, va a ser vetada por el gobierno estatal, a pesar de que fue el mismo ejecutivo el que propuso inicialmente la ley.

“Vamos a revisar y analizar con detenimiento que es lo que nos an a enviar, con la posibilidad de vetarlo”, aseguro González durante una rueda de prensa.

El secretario de Gobierno también dijo que el cambio de opinión se da después de que la ciudadanía criticara la propuesta, al igual que el ejecutivo esta en contra de que se restrinja el libre tránsito a los ciudadanos mexicanos en el Estado de Nuevo León.

Al ser cuestionado de por qué el cambio de opinión, el funcionario se limito a decir que la propuesta no tuvo éxito con la ciudadanía por lo que cambiaron de opinión.

El pasado 21 de junio, el gobierno estatal propuso que se creara un padrón de autos foráneos, con el fin de tener un mejor control, ya que muchos pueden ser utilizados en delitos. La propuesta iba acompañada con un cobro de 310 pesos por permiso, para poder circular en horas pico con placas foráneas.

Este miércoles el congreso local aprobó la reforma de ley, la que no contemplaba el cobro de 310 pesos, ya que los diputados consideraron que el permiso/tarjeta debería de ser gratuito.