Suspenden a juez que dio suspensión a Alonso Ancira

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El Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, quien canceló la orden de aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, revelaron funcionarios judiciales.

La sanción derivó por haber decretado la prescripción la acción penal contra Alonso Ancira, cuando ya otro juzgado federal en la Ciudad de México había resuelto, previamente, que dicha acción no se encontraba prescrita.

Olivera Sánchez consideró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputó a Alonso Ancira en el caso de Agro Nitrogenados ya prescribió, a pesar de existir indicios de un presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de la misma causa penal, otro de los imputados es Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, contra quien se ejecutó la orden de aprehensión por el mismo delito y hoy se encuentra vinculado a proceso.

Tras la sentencia que concedió el amparo a Alonso Ancira, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de revisión que estudiará un tribunal colegiado, el cual se llevará entre tres o cuatro meses para determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia.

El CJF informó a través de un comunicado que la investigación contra el secretario en funciones de juez es por su probable responsabilidad de haber descuidado el desempeño de sus funciones, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

(Con información de Milenio)

Lozoya implica a 16 en sobornos de Odebrecht

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Al menos 16 políticos, entre ellos los ex Presidentes Enrique Peña y Felipe Calderón, fueron implicados por Emilio Lozoya Austin en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

Además de los nombres de los ex Mandatarios, en el documento aparecen directamente señalados el entonces diputado panista Ricardo Anaya y su secretario particular, Osiris Hernández, así como José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

También aparecen los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos son actualmente Gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

Al exponer su denuncia, el ex director de Pemex sostiene que Odebrecht sobornó al Gobierno de México, a su Presidente, su Secretario de Hacienda y al Poder Legislativo.

En la denuncia de hechos, el ex director de Pemex ofrece los testimonios de sus colaboradores Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fungía como su secretario particular, y Francisco Olascoaga, quien videograbó el momento en que se entregaron maletas con dinero en efectivo a Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, operadores de los ahora ex senadores.

Lozoya Austin reveló que en un encuentro con Marcelo Odebrecht, en el marco de una gira de Peña Nieto por Brasil, en calidad de Presidente electo en 2012, el empresario planteó la importancia de continuar con el proyecto Etileno XXI que ya había sido una inversión superior a los 3 mil millones de dólares y que fue aprobada en la gestión de Felipe Calderón.

Sobre ese asunto, detalla la actitud de los panistas involucrados en la entrega de sobornos.

La Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación tras la difusión de la declaración de Lozoya.

La copia de la denuncia presentada por Emilio “L” ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución; razón por la cual se ha iniciado la Carpeta de Investigación correspondiente, para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias. Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío“, indicó en un comunicado.

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(Con información de Reforma)

Rechazan abogados que hermano de Lozoya haya filtrado video de sobornos

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Los abogados del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, señalaron que la difusión del video de presuntos sobornos para contratos de Pemex se realizó desde una cuenta falsa y se suplantó la identidad de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del acusado.

“Juan Jesús Lozoya Austin presentará en las próximas horas la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República”, informó este lunes el abogado Miguel Ontiveros a través de un comunicado.

En un video publicado en YouTube, un supuesto funcionario de Pemex entrega bolsas con fajos de dinero a dos ex funcionarios del Senado de la República.

Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajaba para el entonces senador Francisco Domínguez Servién y ahora gobernador de Querétaro, es una de las personas que aparecen en el video.

El personaje es Rafael Jesús Carveo Opengo, quien se desempeño en el Senado como secretario Técnico de la Comisión de Administración que encabezó el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.

El supuesto empleado de Pemex habla de 1u entregas, pero no se dicen montos. La imagen, que tiene una duración de 4 minutos con 15 segundos, tampoco muestra cuándo habría sido grabada.

Ontiveros aseguró que Juan Jesús Lozoya no tiene ninguna cuenta en la plataforma YouTube, desde donde se publicó el video.

“Cualquier información relativa al caso de Emilio Lozoya debe realizarse mediante los canales oficiales salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan”, dijo la defensa.

Reiteró su absoluto respeto a las instituciones del Estado Mexicano, de conformidad con disposiciones contempladas en su ordenamiento jurídico.

El presidente López Obrador ha hecho referencia en diversas ocasiones a un video entregado por el ex director de Pemex a la Fiscalía General de la República.

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

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Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Revela Lozoya que entregó sobornos a panistas

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El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, reveló al Gobierno de México que en 2014 pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), para que aprobaran reformas del Pacto por México.

De acuerdo a lo que revela hoy el periódico Reforma, Lozoya ha dicho que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, encabezan directamente la estrategia. Videgaray le solicitó a Lozoya, enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya.

Anaya en esa entonces era presidente de la Cámara de Diputados, momento en el que se discutió la reforma energética del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.

El dinero, señaló Lozoya, habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona cuya identidad no ha sido precisada, aunque el ex director de Pemex afirmó que hay dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega.

Cabe mencionar que Anaya fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre de 2017, cuando fue designado candidato presidencial.

De acuerdo a la versión de Lozoya, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014 envío 52 millones 380 mil pesos a legisladores federales del PAN a través de terceros.

Aparte de Anaya, otros panistas mencionados como destinatarios son los senadores Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN; Salvador Vega; los hoy gobernadores de Tamaulipas, Francisco García de Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez, y José Luis Lavalle Maury, entonces presidente de la Comisión de Administración del Senado, además del secretario técnico de esa comisión, Rafael Caraveo Opengo.

(Con información de Grupo Reforma)

Artículo 19 pide que audiencias de Emilio Lozoya sean públicas

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La organización Artículo 19 hizo votos porque todas las audiencias que tenga el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sean públicas.

En su llamado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la organización pugnó porque “el derecho a al información debe ser garantizado, sobre todo en casos de alto interés público”.

En su cuenta de Twitter, advirtió que si las audiencias se dan a puerta cerrada se viola el principio de transparencia y máxima publicidad, además de que los juicios por actos de corrupción deben ser públicos.

“Recordamos al CJF que los juicios por actos de corrupción deben ser públicos de conformidad con el art. 20 de la CPEUM”, se lee en el tweet.

Por otro lado, aseguran que la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre realizar las audiencias penales de Emilio Lozoya a puerta cerrada “viola el principio de transparencia y máxima publicidad reconocidos en la Constitución”.

De acuerdo con Artículo 18, si bien es importante respetar las medidas sanitarias, hay medios para garantizar la transparencia y publicidad de las audiencias como hacer transmisiones en vivo a través de distintas plataformas.

La organización destacó que “el derecho a la información debe ser garantizado, sobre todo en casos de alto interés público. La falta de rendición de cuentas, transparencia y publicidad en los actos de autoridades puede afectar directamente derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Viene Lozoya a ‘cantar’ moches a políticos

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien probablemente estará llegando a México el día de mañana, negoció con el Gobierno federal su regreso y ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto.

Hoy el periódico Reforma revela que fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 horas de grabaciones en video de senadores, diputados y dirigentes de partidos políticos opositores que participaron en la reforma constitucional aprobada en “fast-track” en diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados y en las negociaciones del “Pacto por México”.

De acuerdo a los testimonios, los pagos a políticos dados a cambio de que avalaran las iniciativas de Peña Nieto ocurrían en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, y en una sede alterna en la colonia Anzures, donde despachaba el exfuncionario.

Cabe señalar que durante la aprobación energética los principales negociadores de la Oposición en el Senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y el regiomontano Raúl Gracia Guzmán, así como los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mientras tanto en la Cámara de Diputados quienes encabezaron las negociaciones fue el ex candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 2018, Ricardo Anaya, y el diputado albiazul, Luis Alberto Villarreal, este último ha sido señalado en distintas ocasiones por ser el promotor del cobro de “moches” a estados y municipios a cambio de recursos.

Otros legisladores que participaron son los del Partido Verte Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Pablo Escudero.

Según el diario de circulación nacional, sus fuentes no confirmaron si todos estos legisladores recibieron pagos y si también había políticos priistas incluidos.

Cabe recordar, que en julio del 2017, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprensión contra Emilio Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por los depósitos que recibió del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), por facilitar la venta millonaria de una planta chatarra.

Lozoya fue capturado en España en febrero de este año, y luego de un acuerdo con la FGR, el pasado 30 de junio, el priista aceptó ser extraditado.

De acuerdo a testimonios de personas allegadas, Lozoya regresa en el marco de la aplicación de un “criterio de oportunidad”, contemplado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los testimonios sobre las revelaciones indican que en la trata del pago de sobornos resultan “clave” el chofer y el exsecretario particular de Lozoya, quienes habrían realizado algunas entregas de dinero.

(Con información de Grupo Reforma)

Lozoya acepta ser extraditado a México

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El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aceptó ser extraditado de España a México, según informó esta mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Lozoya será trasladado en un avión de las fuerzas aéreas mexicanas y una vez que pise suelo mexicano se iniciarán las diligencias respecto a los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, en los que es vinculado. 

Gertz Manero comentó que el exdirector de Pemex presentó ayer ante la sala penal de la audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por la Fiscalía General de la República.

Manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados“, declaró Gertz Manero.

La Fiscalía acusa al funcionario perteneciente al gobierno de Peña Nieto haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

El fiscal recordó que el 25 de enero del 2017, durante la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa brasileña, misma que no concluyó en más de dos años. Por lo que la nueva FGR retomó el caso para establecer los delitos cometidos y los posibles responsables. 

Así mismo, durante el 2019, Petróleos Mexicanos denunció ante la FGR delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.

El exdirector de Pemex permaneció prófugo de la justicia durante 12 meses hasta que fue detenido en la ciudad de Málaga, España el pasado 12 de febrero. 

Con información de Expansión

Trasladarán a Lozoya a una cárcel en Madrid

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España decidió trasladar al ex director general de Pemex Emilio Lozoya de una cárcel de Málaga a otra de Madrid, informaron a Europa Press fuentes del caso.

La fecha del traslado aún no se ha cerrado, pero la decisión se adoptó por cuestiones de cercanía a la Audiencia Nacional, el órgano judicial competente para decidir sobre la orden de extradición emitida por las autoridades mexicanas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó el pasado 13 de febrero el ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada para el ex director general de la petrolera al señalar que existe riesgo de fuga.

Lozoya fue arrestado un día antes en Málaga por una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades mexicanas, que le buscaban por “un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita“, equivalente a blanqueo de capitales en España y que comprende una pena máxima prevista de 15 años de prisión.

La dirección del centro penitenciario malagueño no ha visto necesario aplicar en este caso ningún protocolo de seguridad complementario, por lo que Lozoya, que se encuentra solo en una celda en la que dispone de aseo, hace vida normal como el resto de presos.

Emilio Lozoya Austin está siendo investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecth, implicada en múltiples casos de corrupción en el continente americano.

Se le imputan delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, las autoridades mexicanas habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.

El auto del juez advirtió que esta medida de prisión provisional quedará sin efecto en caso de que en el plazo de 45 días no se presente la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Justicia. Una vez que se reciba esa documentación por parte de las autoridades mexicanas, la Audiencia Nacional convocará una vista de extradición donde decidirá si se le entrega o no.

Durante este periodo, la defensa del ex director de Pemex también puede recurrir ante la Sala de lo Penal la medida de prisión provisional, para que pase en libertad el tiempo hasta que se resuelva la extradición.

 

 

(Con información de El Norte)

Ya lo juzgó la sociedad

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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.